
El 11 de setiembre la Defensoría del Pueblo cumple 26 años de labores como organismo autónomo encargado de defender los derechos fundamentales, supervisar la administración pública y la prestación de servicios públicos.
En estos años ganó legitimidad, respeto de la ciudadanía y respaldo de la comunidad internacional, pero también sufrió duros golpes cuando la designación de sus titulares empezó a ser objeto de disputas políticas.
El ex defensor del pueblo Walter Albán recuerda los días en que este organismo ingresó a realizar observación electoral en la contienda del año 2000 y reportó fraude y actividades ilícitas por parte del gobierno de Alberto Fujimori para obtener una nueva reelección.
Luego, cómo en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua se promovió la apertura de la información del Estado, que hasta entonces era manejada como secreto. Además, se fortaleció la relación ciudadanía-Estado y se planteó grandes metas como la institucionalidad democrática, participación ciudadana, rendición de cuentas y la defensa de derechos humanos. Todo esto fue consolidado en la gestión de Beatriz Merino y después en la etapa de Eduardo Vega.
Fue cuando el Congreso empezó a señalar nombres para ver a quién votaban.
Albán indica que el Parlamento no ha entendido por qué la Constitución está pensada en los términos en que lo ha planteado para la Defensoría del Pueblo. Explica que las dos terceras parte del número legal de congresistas es una valla alta como para que los partidos reconozcan que no hay que poner ahí a una persona amiga sino a alguien que garantice imparcialidad, sea idónea, con trayectoria e independencia.
“El intento del Congreso de nombrar personas cercanas a determinados partidos empezó antes de Eduardo Verga, pero no lo conseguían porque no reunían la mayoría suficiente para imponer a una persona. Pero, después, aprovechándose de la mayoría descomunal que tenía Fuerza Popular con 73 representantes no le fue difícil llegar a los 87 con la ayuda de sus socios, empezando por el Apra. Así se concretó el golpe a la Defensoría, que fue nombrar prácticamente a dedo”, anota.
Refiere que esa vez el Congreso hizo “una pantomima de concurso”, invitaron a pocas personas, entre ellas a Walter Gutiérrez, pero estaba claro que habían decidido que Gutiérrez sea el defensor del pueblo.
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Walter Albán estima que con esta designación, la Defensoría perdió peso. Primero, porque Gutiérrez no era alguien que pudiera conducir una institución con las características de la Defensoría. Segundo, porque no tenía independencia, estaba muy marcado por Fuerza Popular y el Apra.
“Decepcionó, sobre todo en los últimos meses de su gestión, cuando se convirtió en un actor político más. Defensoría perdió la posibilidad de jugar un rol mucho más proactivo en favor de los derechos ciudadanos”, anotó el ex defensor del pueblo.
Walter Albán considera que la actual gestión de Eliana Revollar ha recuperado en poco tiempo el nivel de la Defensoría. “Lo peor que podría ocurrir es que el Congreso, tal como está, pretenda imponer otra vez a algún personaje. Revollar viene desde la época de Jorge Santisteban. Ha hecho carrera, tiene una enorme calificación y compromiso”, sostiene Albán.





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