Lupe Muñoz En medio de las revelaciones sobre los supuestos casos de corrupción de Martín Belaunde Lossio, quien fuera parte de la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2006, Christian Salas dimitió de su cargo de procurador anticorrupción este fin de semana y su decisión generó una serie de especulaciones sobre sus encontronazos con el gobierno. El ex procurador ofrece su versión de lo que realmente gatilló su retiro. ¿Cuál fue el detonante de su renuncia? En realidad, fueron varios detonantes. El principal es muy personal y los otros están vinculados con muchos factores. Desde que asumí el cargo de procurador anticorrupción tuve claro que mi permanencia sería muy corta. Me tracé un máximo de un año. De hecho, los objetivos que diseñamos como equipo desde inicios de la gestión (fines de 2011) se alcanzaron. Así que mi renuncia en octubre de este año simplemente significó un adelanto de planes. Uno no puede trabajar incómodo y menos sabiendo que el cargo es de confianza. ¿A qué se refiere? Hay versiones sobre diferencias con Palacio de Gobierno. ¿Cuáles son? La respuesta tiene que ver con esos “otros” factores que motivaron mi renuncia. Más que diferencias con el Poder Ejecutivo, lo que hubo –desde mi perspectiva– fue una incomodidad desde el Ministerio de Justicia en relación a algunas declaraciones públicas que formulé respecto a algunos casos bajo mi competencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le molestaba? ¿En qué consistía la desavenencia? No era por un tema de fondo, por tema legal, sino más bien por las repercusiones políticas de mis declaraciones. Finalmente, ese no era mi ámbito. No obstante, por mi propia forma de ser, yo consideraba que mis declaraciones legales eran pertinentes y necesarias, más aún en un contexto como el actual, donde algunos temas vinculados con presuntos actos de corrupción requieren ser señalados y conocidos por la ciudadanía. Pienso que el procurador anticorrupción debe cumplir con ese perfil. Así que, si tuviéramos que hablar de desavenencias, esa sería una de ellas. ¿Es cierto que usted fue presionado desde el Ejecutivo para que dejara de escarbar en el caso de Martín Belaunde? ¿Le han pedido de Palacio de Gobierno que no aborde los casos relacionados con Belaunde y otros por haber tenido vínculos con el gobierno? No. Si eso hubiera ocurrido, si me habrían llamado o presionado desde Palacio de Gobierno por el caso Martín Belaunde, mi renuncia hubiera tenido otras características, con conferencia de prensa incluida y, sin duda, con todo mi equipo renunciando junto a mí. Jamás hubo una llamada telefónica de Palacio de Gobierno, o una reunión o un emisario que me sugiriese que dejemos de hacer nuestro trabajo en relación, no solo con el señor Martín Belaunde Lossio, sino en vinculación con cualquier otro caso. ¡Usted abordó casos relacionados a figuras del gobierno! Peor, claro. Bajo mi gestión denunciamos hechos vinculados con ministros de Estado, como René Cornejo y Eleododoro Mayorga, así como a congresistas nacionalistas como Cenaida Uribe, John Reynaga y Agustín Molina. También debo mencionar a Dacia Escalante (ex directora de Gobierno Interior), el resguardo ilegal al domicilio de Óscar López Meneses y las denuncias contra Martín Belaunde en relación al caso “La Centralita” y la empresa española Antalsis. No solo nos limitamos a denunciar sino también a impulsar esos casos. Estas acciones legales son muestra clara del trabajo independiente que hicimos, sin intromisión alguna. ¿Qué información tiene de Martín Belaunde? En abril de 2014 de este año, mientras las cabezas de las instituciones participaban en una audiencia pública en Chimbote, a raíz de la muerte de Ezequiel Nolasco, y daban explicaciones acerca de sus acciones u omisiones ante los actos de corrupción que se denunciaron desde hacía varios años, un equipo de la Procuraduría Anticorrupción ingresó en la misma sede de la fiscalía del Santa (Chimbote, Áncash) para recabar copias de los expedientes de varios casos, entre ellos “La Centralita”. Nos instalamos en un hotel de la zona y desde ahí empezamos a analizar los actuados, recibimos a denunciantes, periodistas locales y demás personas que nos permitieron evidenciar que los hechos involucraban una organización criminal de corrupción que no había sido debidamente investigada. Como consecuencia, lo primero que hicimos estando allí, y pese a haber sido objeto de seguimientos, pedimos la prisión preventiva de César Álvarez Aguilar y, posteriormente, ampliamos nuestro requerimiento al Ministerio Público para incluir en el proceso a los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. Además, contra dos notorios colaboradores de esta organización: Rodolfo Orellana Rengifo y Martín Belaúnde Lossio. Todos estaban conectados. línea directa ¿Qué papel cumplía Martín Balaunde? Denunciamos a Belaunde como miembro de la cúpula de la presunta organización criminal que actuaba en Áncash. No era un elemento cualquiera. ¿Por esa razón no estaba en condiciones de acogerse a la colaboración eficaz? No, los presuntos cabecillas no pueden acogerse a la colaboración eficaz, es algo que aclaré públicamente. ¿Los presuntos negociados en las regiones atribuidos a Martín Belaunde involucran al gobierno de Ollanta Humala? No. Si bien podría ser una hipótesis, hasta donde sé no existen datos objetivos que involucren en grado delictivo alguno al presidente de la República con los presuntos delitos imputados al señor Belaunde Lossio. En su momento, y basados en la información que la prensa ha propalado, la oficina que estuvo a mi cargo denunció ante el Ministerio Público que Martín Belaunde habría servido de intermediario para negociar indebidamente el direccionamiento de obras a favor de determinadas empresas y que este habría sido un modus operandi en varias entidades públicas a nivel nacional. Repito, habría sido. ¿Es posible que el denunciado haya aprovechado su evidente cercanía al presidente Humala para cumplir con sus objetivos personales? Por supuesto. No obstante, ese solo dato no involucra como autor o cómplice al mandatario. Las investigaciones son las que permitirán determinar el panorama completo de los hechos. Se han divulgado pedidos a Palacio de Gobierno y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que intervenga en Madre de Dios ante la intromisión de Martín Belaunde en sus actos corruptos y no hicieron nada. ¿Esto no es evidencia de complicidad? Si la sospechosa intervención de Martín Belaunde en Madre de Dios fue conocida por Palacio de Gobierno y no se hizo nada, ello podría evidenciar negligencia y, sin duda, responsabilidad política. Pero no necesariamente involucra como autor o cómplice de un delito de corrupción al presidente Humala. Cosa distinta fuera si aparecieran testimonios que dieran cuenta de un acuerdo con personas de Palacio de Gobierno con el objeto de enriquecerse con la adjudicación de obras públicas en las regiones. Esos testimonios no han aparecido hasta que me fui. Recién en ese escenario tendrían que valorarse los vínculos, amistades y contactos cercanos. Hasta el momento que se retiró, ¿qué tenía la Procuraduría Anticorrupción? Hasta el momento esos datos no han aparecido. Esperemos los resultados de las investigaciones. el dicho y el hecho ¿Qué obstáculos ha tenido para el cumplimiento de su labor? Desde el cargo que ejercí pude apreciar que el país no tiene un sistema eficaz de lucha contra la corrupción. Las instituciones siguen dependiendo de la personalidad de quien las jefatura, se personalizan las instituciones y eso es muy pernicioso. He visto el esfuerzo de policías, fiscales y jueces que se compran el pleito y con valentía deciden, simplemente, cumplir su función. Pero también he visto corrupción en el propio sistema de justicia. Por ejemplo, fiscales que ven a la Procuraduría como un obstáculo, jueces que se desentienden de la lucha anticorrupción, decisiones fiscales y judiciales que parecen elaboradas por abogados de los procesados y no por magistrados anticorrupción. Si bien se ha avanzado mucho en este presunto caso de corrupción, ¿no es contraproducente dejar ahora la Procuraduría si Belaunde sigue prófugo?, ¿no cree que se afectará el impulso de la investigación contra este y otros casos fuertes como “La Centralita”, López Meneses y otros? No lo creo. Y se lo voy a explicar. Se comete un error cuando se identifica a la institución con el nombre de una persona. Es cierto, tenemos una tremenda crisis institucional, ejemplo de ello es lo que está atravesando el Ministerio Público. El Perú realmente tendrá un sistema eficaz de lucha anticorrupción cuando las instituciones dejen de funcionar de acuerdo con la personalidad, o ánimo o intereses de sus titulares o de otros particulares. ¿Qué es lo que usted ha visto? Hoy no hay sistema, por más esfuerzos que se hacen. Nuestro trabajo desde fines del 2011 estuvo orientado precisamente a dejar una Procuraduría Anticorrupción que, independientemente del nombre del titular, mantenga un nivel activo y resultados positivos en la lucha contra la corrupción. Eso es institucionalizar. Eso quedó demostrado con la salida de Julio Arbizu: el equipo siguió trabajando. Ahora, ante mi salida, le tocará al mismo equipo continuar con esa línea. ¿Por qué no han nombrado ya al nuevo procurador, así como hicieron en su caso cuando renunció Arbizu? Eso me preocupa. Yo me retiré confiado en que la gestión continuaba y que, tal como ocurrió antes, el cargo de procurador anticorrupción sería confiado al doctor Joel Segura Alania, un abogado bastante capacitado, conocedor de las metas, de la gestión y de los resultados que se vienen y, sobre todo, comprometido con las convicciones de lucha anticorrupción y de un trabajo independiente. Tiene todo el perfil para ocupar este cargo. No sé qué otro perfil se puede esperar. Usted ha sido un funcionario muy mediático por haberse enfrentado a sus críticos. ¿Cuál es su balance? Me voy con la satisfacción de haber sido atacado mediáticamente por Julio Gagó y la revista Juez Justo, de la organización de Rodolfo Orellana, y de haber sido denunciado por la cúpula aprista (Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez) por el caso “Narcoindultos”. Y también por los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, quienes, en compañía de Rodolfo Orellana, me insultaron y denunciaron. Ahora que no soy procurador anticorrupción deberé afrontar estas acusaciones ante el Ministerio Público. El ministro de Justicia, Daniel Figallo, ha señalado que no hubo ningún tipo de discrepancia con usted. Ni siquiera en los puntos de vista respecto a la Procuraduría Anticorrupción. Y añadió que su renuncia se debe estrictamente a un tema personal. ¿Es cierto? Tal como lo he precisado, mi renuncia estaba calculada para el mes de enero, exactamente al año de mi gestión. No obstante, otros factores propiciaron que adelante dicha decisión. Básicamente, son temas referidos a incomodidades de índole administrativa, no funcional.
