El fiscal superior Tony García afirmó ayer que durante el juicio público se demostró que los directivos y empleados de la empresa BTR formaron una asociación ilícita dedicada al chuponeo telefónico y el hackeo de correo electrónico. En este sentido, García Cano solicitó a la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima que los principales directivos de BTR, Elías Ponce Feijóo, Carlos Tomasio y Giselle Giannotti, reciban una condena de 10 años de prisión: 4 por interceptación y violación de las comunicaciones y 6 por asociación ilícita. En tanto, para los ex suboficiales de la Marina de Guerra Martín Fernández Vírhuez y Jesús Ojeda Angles pidió 9 años y 6 meses de prisión, y para Jesús Tirado Seguín, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza, una pena de 9 años y 5 meses de cárcel. Fl fiscal solicitó que se deriven a su despacho copias de actas y documentos examinados en el juicio para que se inicie nuevas investigaciones al ex contador de BTR Marco Sandoval y el ex ministro y alcalde de Magdalena, Francis Allison. "Si bien es cierto en algunos casos el espionaje telefónico permitió descubrir algunos casos de corrupción, esto no justifica el accionar de los acusados", enfatizó el fiscal.
