Poder Judicial aún no visualiza archivos informáticos de León Alegría y “chuponeadores”. Las autoridades judiciales recién han adquirido un software de informática forense para analizar archivos de cómputo. César Romero Calle. Siete meses después de difundirse los primeros “petroaudios” es poco lo que ha avanzado el Poder Judicial para sancionar a los responsables de este caso de corrupción revelado el domingo 5 de octubre del 2008. La computadora del principal implicado, el ex ministro aprista Rómulo León Alegría, aún no puede ser abierta por el juez especial Jorge Barreto Herrera para analizar su contenido. La Fiscalía detectó que allí habrían unos dos mil e-mails que informarían de otros actos de corrupción, y desde el 21 de octubre del 2008 reclama por su revisión. Hasta hoy no se fija una fecha para esa audiencia. El Poder Judicial ha informado que no dispone de presupuesto para pagar peritos informáticos que realicen esa labor. Sin embargo, recién ayer el juez Barreto parece haber entendido esa situación y ahora anuncia que trabajará con “especialistas en informática”. Una situación similar afronta el proceso a los presuntos responsables del ilegal espionaje telefónico a funcionarios del Estado y empresarios que grabaron los “petroaudios”, lo que permitió conocer los negociados en los contratos petroleros. El 8 de enero del 2009, la Fiscalía intervino la empresa Business Track que, de acuerdo con un colaborador eficaz, realizó el espionaje telefónico a León Alegría y “chuponeo” a los teléfonos de otros políticos y empresarios. La Fiscalía logró incautar una importante cantidad de información contenida en archivos electrónicos (discos duros, USB, CD), pero cuando el fiscal Walter Milla se disponía a revisarlos, la jueza María Martínez le ordenó detener esa labor. Martínez se chocó, entonces, con la falta de presupuesto en el PJ para pagar peritos que realicen esa tarea. Además, para ese momento, los mejores peritos del país en este rubro ya trabajaban para la defensa de los investigados. Recién en abril, ante la presión pública, el Poder Judicial adquirió un software de “informática forense” para revisar los archivos de cómputo comprometidos en actos ilícitos de estos y otros casos. La jueza Martínez empezó a usarlo el 24 de abril y según el procedimiento de informática forense primero sacará copias de seguridad de todo el material incautado y, más adelante, probablemente dentro de un mes, empezará a visualizar y evaluar los archivos. El Congreso exculpó a ex ministros Pese a que los “petroaudios” obligaron al presidente Alan García a remover todo su gabinete de ministros, al quedar al descubierto las citas que varios de ellos tuvieron con los presuntos corruptos, el Congreso no encontró nada ilícito. El 15 de enero del 2009, una mayoría del Congreso resolvió que el ex premier Jorge del Castillo y los ex ministros Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos no tenían ninguna responsabilidad penal en los negociados de León Alegría y sus socios, el ex directivo de Petro Perú, Alberto Químper y el abogado Ernesto Arias Schreiber. Lo mismo se dijo respecto al secretario general de la presidencia, Luis Nava Guibert. En el caso de los “chuponeadores”, la comisión investigadora, que bajo la presidencia del parlamentario Oswaldo Luizar nombró el Congreso para investigar este tema, no ha podido determinar quién pagó por el “chuponeo”. La comisión está pidiendo que se amplíe el plazo de investigación 180 días más.
