Aunque la necesidad de contar con un Plan Anticorrupción es algo que muy pocos cuestionan en el país –sobre todo después del ‘faenón’ de León Alegría y Químper, el fracaso de la ONA, el robo de donativos para damnificados por el terremoto y un gran etc.–, se tiene la impresión de que las medidas anunciadas por el Ejecutivo a través del premier Simon son una suerte de gran “lista de lavandería” con pocos puntos para el aquí y ahora. No es que la detección del problema ande descaminada, pues no se equivoca el Premier al señalar como factores que favorecen a la corrupción la falta de transparencia y trabas al acceso de información de carácter público, la ineficiencia de los mecanismos de control y sanción y la limitada educación existente sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos frente al Estado. Es que –como indica el ex contralor Genaro Matute– el Plan nada indica sobre detección de la corrupción, ni establece un equipo de trabajo interinstitucional que investigue y haga inteligencia anticorrupción. Tampoco fija algún tipo de medidas para proteger a quien investiga o denuncia la corrupción, y se han dado demasiados casos de funcionarios que ven su vida y la de su familia amenazadas por maniobras de intimidación de las mafias. También se obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS a exponer los resultados de sus investigaciones ante el Congreso, cuando todos los organismos de este tipo trabajan de modo encubierto por razones obvias. Y acaso no sea la PCM la dependencia del Estado más indicada para centralizar el esfuerzo anticorrupción, pues requerimos de un ente especializado que puede trabajar en coordinación con –o al interior de– la Contraloría. Dicho lo anterior, hay que reconocer lo acertado de algunas medidas que, si son aplicadas con regularidad, pueden dar lugar a resultados. Por ejemplo, los informes mensuales de los ministros, recogidos dos veces al año en informes de la PCM al país; la creación (pero solo a partir de 2010) de la Central de Riesgo de Funcionarios; la posibilidad inmediata de aplicar lo que todos reclaman: que los delitos cometidos en agravio del Estado sean imprescriptibles, con protección a quienes los denuncien. Sin embargo, también se tiene la impresión de que las medidas solo abarcan al Ejecutivo, que vastas áreas de acción estatal que requieren de prevención y control quedan desguarnecidas, y que mientras no se establezca un sistema de sanciones y multas que castigue las violaciones a la Ley de Transparencia poco habremos avanzado. Ha sido la ministra de Justicia la primera en admitir que se trata de una aproximación aún parcial al problema de la corrupción. Esperamos, por tanto, otras medidas pronto.
