
Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, advierte que Rafael López Aliaga demuestra un patrón de comportamiento de ‘saltarse’ la ley. Esa tendencia, indica, la ha presentado durante su gestión como alcalde de Lima y, ahora, como senador electo que postula como primer regidor.
“Las obras públicas las ha hecho sin expediente, ha infringido el principio de la autoridad como él ha querido y el Jurado Nacional de Elecciones, luego infringió las reglas básicas de la del proceso electoral al al decir que hubo fraude sin ninguna prueba. Entonces hay ahí un patrón de infringir la norma tal como es el matriz de la ultraderecha”, dijo a este medio.
Esa conducta ya la demostraba en su gestión edil, anota Jáuregui, al comprar el lote de trenes Caltrain que Estados Unidos había descartado, pese a que esa no era su competencia directa.
También, resaltó que su decisión de postular como primer regidor siendo senador electo demuestra una “absoluta actitud de disruptiva respecto del orden jurídico”.
“El tiene un mandato representativo a nivel del Senado. Ahora, resulta que no quiere asumirlo como si fuese un niño que no quiere comer, ¿no?”, mencionó.
Sobre la postulación de López Aliaga como primer regidor, Jáuregui confirmó que es una forma de ‘sacarle la vuelta’ a la ley que impide la reelección inmediata.
Pese a ello, considera que resulta innecesario añadir una restricción o crear una nueva norma, pues “las personas que buscan cuotas de poder y decidir sobre la cosa pública” siempre encontrarán la forma de burlar la norma.
Mencionó que tanto López Aliaga como Keiko Fujimori, en su momento, lanzaron acusaciones de fraude sin pruebas y, pese a ello, nunca recibieron una sanción por parte del JNE. Incluso, López Aliaga amenazó a Roberto Burneo y este no hizo nada al respecto.
“En el caso de las personas como el señor Rafael López o la señora Fujimori las previsiones legales no sirven porque esta gente se salta la ley y, lamentablemente, tienen el apoyo de de la mayor parte de los medios de comunicación. Entonces, con eso normalizan la situación. Es verdaderamente un escenario muy complicado, pero que persiste porque es funcional a que grupos de poder económico hagan sus negocios”, manifestó.
En ese sentido, Jáuregui explicó que el problema no encuentra su solución en el plano jurídico sino en el ciudadano.
“Más que previsiones legales hay que recomponer el contrato social que no implica una nueva Constitución, sino que implica repensar nuestra sociedad y determinar a dónde vamos en el largo plazo”, dijo.
Por ejemplo, una de las propuestas de cambio sería la existencia de mandatos más cortos, pues estos incrementan el control vertical de los ciudadanos. También, incentivar un espacio muy participativo, recuperar la comunidad y recuperar el diálogo intracomunitario.
Por último, alertó sobre el precedente que dejará el caso López Aliaga: “¿Qué implica que una persona desacate la ley electoral? Que establece un patrón de comportamiento que se va a saltar la Ley Orgánica de Municipalidades”.





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