Sociedad Nacional de Pesquería recibe trato privilegiado del fujimorismo en el Congreso

Los representantes de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el gremio de las principales compañías de pesca a escala industrial, han sido recibidos 136 veces en el Congreso desde marzo del 2024 hasta la fecha. Estos encuentros ocurrieron en un periodo en el que la bancada fujimorista le otorgó privilegios, como la anulación de multas por pescar en la Reserva Nacional de Paracas y su respaldo para que la pesca industrial ingrese en áreas prohibidas.

El fujimorista Raúl Huamán Coronado, quien preside la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, recomendó el archivamiento de la iniciativa legal para proteger las zonas reservadas de la depredación. Algo que conviene a los intereses de la SNP.

Por si fuera poco, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se resiste a poner a debate el proyecto para fortalecer la protección de la biodiversidad acuática. La SNP rechaza la iniciativa que ya cuenta con un dictamen favorable.

El 4 de mayo, la representante de la Sociedad Nacional de Pesquería, Rosa Perales Rivera, visitó al fujimorista Raúl Huamán cuando el proyecto estaba en curso.

A quien el Congreso no siempre recibe es al presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas. José Hernández Mundini. Hernández llegó desde Paracas para los últimos plenos con un pedido: que se apruebe la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas. El 22 de mayo no lo dejaron ingresar. Pero esperó ilusionado en los exteriores hasta el final de la sesión, pasadas las 10 de la noche. Sin ningún resultado.

“Lo que para nosotros era una sospecha, hoy nos deja la confirmación de que hay una vinculación entre integrantes de Fuerza Popular, la actividad industrial y la Sociedad Nacional de Pesquería”, afirma Hernández.

OLLAS COMUNES CONTRA LA LEY

La conexión que denuncia José Hernández no aparece solo en los registros de visitas al Congreso. También se expresa en actividades públicas.

El 27 de septiembre del 2025, la congresista fujimorista Patricia Juárez Gallegos participó y promocionó una entrega de pescado a comedores populares. En noviembre de ese mismo año, difundió un video sobre la donación de otro lote de pescado a 30 ollas comunes del distrito de Ate.

“Más de 1.600 vecinos de 30 ollas comunes del distrito de Ate se benefician con una tonelada de pescado fresco que hemos traído gracias a una alianza estratégica con la Sociedad Nacional de Pesquería”, dijo Juárez en el video.

Para ese momento, el país ya había ingresado en la etapa electoral. Juárez buscaba la reelección y la Sociedad Nacional de Pesquería sostenía actividades de donación de pescado a ollas comunes y comedores populares. Cualquiera diría que fue una coincidencia. Pero no lo fue.

En las últimas semanas del Congreso, un pronunciamiento se sumó al debate. Está firmado por dirigentes de comedores populares y ollas comunes del Perú. Fue difundido por portales cercanos al gremio pesquero industrial. Se oponen a la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas. Es el mismo discurso de la SNP.

El documento pide a los congresistas que “no se dejen engañar” y que no permitan que “le quiten la alimentación al pueblo”. Según el pronunciamiento, la iniciativa no tiene “sustento técnico, científico ni social”. También sostiene que la pesca industrial formal permite que miles de hogares accedan a pescado nutritivo, seguro y a precios accesibles. Es exactamente el argumento de la SNP.

La República se comunicó con varias dirigentes de las ollas comunes que aparecen como firmantes. Algunas señalaron que apoyaron el pronunciamiento porque les dijeron que, si se aprueba la ley, ya no habría pescado para sus comedores y ollas comunes. Las engañaron.

Fuentes consultadas señalan que, mientras el fujimorismo buscaba acercarse a ollas comunes en busca de votos, la Sociedad Nacional de Pesquería quería afianzar sus relaciones con las madres de familia mediante donaciones. En ese marco, pudo haber presión para que las dirigentes firmaran el comunicado bajo el argumento de que se acabarían las donaciones si se aprobaba la ley que rechaza la SNP.

Al conocer estos hechos, Carlos Boada, pescador de Paracas, vinculó el debate ambiental con el poder político. “¿Qué pasaría si gana Keiko Fujimori? Venden nuestro mar, venden nuestros hijos, de repente ya vendieron el Perú”, afirmó.

EL MIDIS RESPONDE

La República pidió descargos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, firmante de un convenio con la Sociedad Nacional de Pesquería en julio del 2022, cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El acuerdo se mantiene hasta el 11 de julio del 2026, antes de la asunción del próximo gobierno.

El Midis respondió que ambas instituciones “articulan acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de productos hidrobiológicos a comedores populares y ollas comunes”.

El ministerio añadió que la Sociedad Nacional de Pesquería, “en coordinación con algunos gobiernos locales e instituciones privadas, de manera autónoma”, también realizó entregas de pescado a la población, incluidos comedores y ollas comunes.

La República también consultó al Midis por el riesgo de que se acaben las donaciones si se aprueba la ley.

“El Midis promueve y articula acciones orientadas exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población en situación de vulnerabilidad. Respecto a las versiones señaladas, el Ministerio no ha tomado conocimiento”, respondió la entidad.

LA CONTRADICCIÓN DE LA SNP

La Sociedad Nacional de Pesquería sostiene públicamente que la pesca industrial no opera dentro del área prohibida de Paracas.

En septiembre del 2025, el gremio presentó un documental sobre la reserva. En el video, su presidenta, Jessica Luna, afirmó: “En Paracas, las primeras 5 millas no permiten la pesca industrial. Esa es la zona que estamos impedidos, la zona que se busca proteger. Jamás vas a encontrar un barco industrial frente al hotel Paracas o mientras estás comiendo un ceviche en el puerto. Jamás va a pasar eso. Nosotros estamos fuera de las 5 millas”.

La frase contrasta con los hechos documentados por La República: 11 empresas pesqueras industriales acumularon 99 sanciones por actividades extractivas dentro de la Reserva Nacional de Paracas. La mayoría de esas sanciones corresponde a compañías vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería.

Los pescadores cuestionan esa versión. Para ellos, el problema no se reduce a ver barcos desde el puerto, sino a la presión de la flota industrial sobre la reserva, las zonas de reproducción y los recursos que sostienen la pesca artesanal.

“Primero deberían venir al lugar de los hechos, mojarse los pies, conocer realmente la problemática, antes de juntarse y convenir con los que afectan nuestro mar”, dice Jason Díaz Barbarán, maricultor de Paracas, en referencia a los congresistas que decidirán sobre la ley.

ÚLTIMO PLENO

El martes 23 de junio se inició el último pleno de la actual legislatura. La República consultó a congresistas de distintas bancadas sobre el proyecto que busca reforzar la protección de las áreas naturales protegidas marinas. Las respuestas muestran respaldo desde sectores de derecha e izquierda. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la iniciativa no había sido sometida a votación.

Incluso Alejandro Aguinaga, una de las principales figuras de Fuerza Popular, se mostró a favor. “Yo estoy de acuerdo. La pesca industrial es de gran escala y debe ir más allá de las cinco millas. Tendría que preguntarle a Fernando [Rospigliosi] por qué no se ha puesto a debate. Hay múltiples pedidos. En todo caso, de no verse, se tendría que ver en la próxima legislatura”, señaló.

El almirante en retiro Jorge Montoya, de Honor y Democracia, también respaldó la iniciativa. “Es necesario cuidar nuestro mar y nuestra riqueza marina. Si uno deja que pesquen en cualquier sitio, destruyen la flora, la fauna marina y los peces no pueden sobrevivir. Habría que preguntarle al presidente del Congreso por qué no se ha puesto a debate”, dijo.

La congresista Gladys Echaíz sostuvo una posición similar. “Es una ley necesaria para la conservación, por el bien de los pescadores que viven de eso. Si vamos a exterminar las especies, ¿el futuro qué?”, declaró. También cuestionó que el proyecto siga pendiente: “Nos hemos cansado de insistirle al presidente que los ponga a debate, pero son criterios que nosotros no entendemos. Se prefieren los proyectos de ley declarativos, que en realidad no nos conducen a nada”.

Desde la izquierda, Susel Paredes señaló que la decisión depende de la Mesa Directiva, que no es solo fujimorista. “Hoy estuvo (Waldemar) Cerrón dirigiéndola. ¿Y por qué no la pone?”, cuestionó.

Jaime Quito también apuntó a la presión del gremio industrial. “Hay un interés tremendo de parte de la Sociedad Nacional de Pesquería, que en distintos medios de comunicación señala que no se afectaría en absoluto el tema de la pesca ni a la reserva natural”, afirmó. Además, denunció intereses del fujimorismo en la demora del debate.

En el pleno anterior, realizado el jueves 11 de junio, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, respondió: “No sabemos, vamos a ver si está en la agenda”.

César Revilla, de Fuerza Popular, quien votó a favor de la reducción de multas pesqueras en 2024, dijo que esperaría la posición de su bancada. “Hay que ver el texto que va a entrar al pleno y debatirlo. Yo no he estado en la Comisión de Pesca. Vamos a ver que llegue el asesor responsable y evaluar la decisión de la bancada”, declaró.

Todas las miradas apuntan a la Mesa Directiva del Congreso. El miércoles 24 de junio se cerrará la puerta del Congreso hasta el próximo 28 de julio, cuando ingresará el electo y ahora bicameral. Todo depende del presidente del Parlamento: Fernando Rospigliosi.

Para los pescadores de Paracas, el problema no es que la pesca industrial exista, sino dónde opera. José Hernández Mundini recuerda que el área marina de la Reserva Nacional de Paracas equivale al 0,3% del Mar de Grau. Todas las áreas naturales protegidas marinas, en conjunto, abarcan alrededor del 8%.

“Nosotros no estamos en contra de la actividad de la pesca industrial. Lo que sí criticamos férreamente es que hagan la actividad en áreas naturales protegidas”, afirma.

Piden que en ese espacio mínimo se conserven especies, se protejan zonas de reproducción y se asegure que la pesca artesanal siga existiendo.