
Ante versiones malintencionadas que cuestionan su autonomía frente a intereses políticos, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, emitió un comunicado público en el que reitera su firme convicción personal y profesional con la independencia judicial como “una condición indispensable para la vigencia de un Estado constitucional y la protección de los derechos fundamentales, he orientado de manera consecuente durante toda mi vida, mi labor, primero como jueza y, ahora , como Presidenta del Poder Judicial, por la defensa irrestricta de estos principios y valores”.
Tello Gilardi emitió este comunicado días después de que una publicación periodística pretendiera vincularla al fujimorismo por aparecer en una foto protocolar con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que tuvo como objetivo promover el debate en el Pleno para la aprobación de la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Poder Judicial. La norma era de interés para los trabajadores y, para las autoridades del PJ, buscaba evitar una paralización de labores que afectara la administración de justicia.
Janet Tello y Fernando Rospigliosi en cita protocolar por ley a favor de los trabajadores
A lo largo de mi vida profesional y personal “he sostenido de manera constante, pública y sin ambages -a través de actuaciones de gobierno y de representación del Poder Judicial- que la impartición de justicia no se somete a intereses políticos, partidarios, económicos ni de cualquier otra naturaleza que impidan cumplir esta función con objetividad, imparcialidad y absoluto respeto a la Constitución, las leyes y las obligaciones internacionales”, señala en el comunicado.
Janet Tello fue una de las magistradas que durante los años 90 del siglo XX fundó e impulsó la creación de la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia - JUSDEM para defender la independencia y autonomía judicial frente al sometimiento del sistema a los intereses del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Una posición que ha defendido en los años siguientes en la Corte Superior de Justicia de Lima, luego en la Corte Suprema y en los muchos casos en los que ha intervenido a lo largo de estos años.
“Esto no es un discurso. Es un compromiso que se ha materializado en i) posiciones y actuaciones firmes ante proyectos de ley y reformas legales cuyo contenido afectaba o amenazaba la independencia judicial; ii) requerimientos de acompañamiento a organismos internacionales especializados, como la Comisión de Venecia o la Relatoría Especial de Naciones Unidas, sobre la Independencia para Magistrados y Abogados, logrando contar con opiniones técnicas que fortalecen la autonomía y la integridad de la judicatura; iii) defensa de la competencia constitucional de la judicatura para garantizar derechos fundamentales en procesos de amparo contra decisiones que afectan los derechos de justicia de jueces y juezas”, enumera la magistrada.
Agrega que “desde la certeza de que la política institucional en este Poder del Estado tiene que fundarse en la irrestricta defensa de la judicatura, hoy, reafirmo, el respaldo institucional a las juezas y jueces que soportan amenazas, injerencia y agravios que buscan debilitar la independencia de la institución judicial”.
En este sentido y fiel a sus principios, “alerta a la ciudadanía sobre el riesgo de aprobación de proyectos de ley con tintes claramente punitivos dirigidos a doblegar la libertad de los jueces al momento de adoptar sus decisiones”. En tal sentido, dice, exhorta “al pleno del Congreso de la República a rechazar estas propuestas contenidas en el Texto Sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, entre las cuales, plantea agravar el delito de prevaricato. Sin jueces independientes e imparciales no existe verdadera justicia ni democracia sólida”.
Por último, subraya: “que nadie puede ni debe interferir con los procesos jurisdiccionales en trámite siempre orientados a salvaguardar los derechos de defensa de las partes. Ello exige la abstención de cualquier expresión que pueda interpretarse como una injerencia en casos concretos. Lo contrario resulta contraproducente con la legitimidad y eficacia de las garantías constitucionales que también asisten a cada juez y jueza en la defensa de sus propios derechos”.
“La ciudadanía debe tener la total seguridad de que mientras ejerza la Presidencia del Poder Judicial y mi función como jueza de la República, mi compromiso con una justicia independiente e imparcial y fiel únicamente a la Constitución y la ley, es y será inquebrantable”, concluye la presidenta del Poder Judicial.





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