Manuela Camacho denuncia bono de 2 UIT al personal del Congreso y lo vincula a un patrón de saqueo

La periodista Manuela Camacho denunció en 'Fuerte y Claro' que el Congreso aprobó de manera interna un bono adicional de dos UIT para todos sus trabajadores —equivalente a alrededor de S/9.000 a S/11.000, según la nota— y afirmó que la decisión forma parte de un patrón de apropiación de recursos públicos que afecta la transparencia y las prioridades del Estado.

En su análisis, Camacho señaló que el bono fue dispuesto sin explicación pública clara, que los acuerdos de mesa directiva no se publican desde mayo y que la medida se habría formalizado mediante un convenio colectivo impulsado por los sindicatos del Parlamento.

Un bono aprobado sin transparencia

La conductora comentó que, según fuentes citadas en el programa, el bono ya fue depositado y que la información no fue debidamente divulgada. Camacho criticó que no exista documentación pública accesible que justifique el desembolso y vinculó la decisión con la posibilidad de que la actual gestión parlamentaria 'se aproveche hasta la última gota' de los recursos públicos antes de dejar el cargo.

Camacho añadió que, en paralelo, se observan aprobaciones legislativas aceleradas que favorecen a partidos y actores políticos, lo que, para ella, refuerza la idea de un manejo orientado por beneficios partidarios y no por prioridades ciudadanas.

Impacto fiscal y prioridades públicas

La presentadora puso en contraste el desembolso al personal del Congreso con las restricciones presupuestales que afectan a programas sociales: mencionó becas, colegios y hospitales como áreas cuyas iniciativas de gasto han sido limitadas, mientras el Parlamento aprueba pagos extraordinarios para su plantilla. Para Camacho, esa discrepancia demuestra una asignación de recursos con criterios cuestionables.

También aludió a prácticas históricas en el Congreso —contratos trimestrales que se renuevan y bonos que coinciden con periodos electorales o de final de gestión— y afirmó que esas rutinas consolidan la percepción de que trabajar en el Parlamento representa una fuente de beneficios económicos por encima del servicio público.

Reclamo de rendición de cuentas

Manuela Camacho exigió claridad: pidió que se publiquen los acuerdos de mesa directiva y que se explique la fuente de financiamiento y la motivación para otorgar el bono. Señaló que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan sus impuestos y que los congresistas deben responder por decisiones que afectan el erario.

En su cierre, Camacho vinculó el episodio del bono con otras prácticas cuestionadas en la emisión —desde maniobras electorales hasta viajes oficiales con gasto público— y pidió vigilancia ciudadana y periodística para evitar que medidas de este tipo queden sin explicaciones.

La conductora concluyó al afirmar que la transparencia y la priorización del gasto público son indispensables para reconstruir la confianza y que la aprobación de bonos extraordinarios sin justificación pública debe ser investigada y fiscalizada.