
La presunta red criminal Operadores del Oriente, que habría sido liderada por la congresista Francis Paredes, de Podemos Perú, habría amasado una fortuna de hasta S/2 millones mediante el presunto direccionamiento ilícito de contratos en la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Cultura del Perú. Así lo sostuvo el Ministerio Público a través de sus comunicados difundidos en redes sociales.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal habría comenzado a operar durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo mediante la ocupación de cargos en entidades estatales de Ucayali. Además de ser investigados por el delito de organización criminal, los implicados también serían responsables de delitos de corrupción relacionados con sobornos y tráfico de influencias.
Según las pesquisas fiscales, Paredes habría tenido un rol determinante dentro de esta presunta red criminal. La Fiscalía sostiene que la congresista sería la lideresa de la organización y que, dentro de este entorno, era conocida con el apelativo de 'Profesora'. Asimismo, habría sido la encargada de captar y designar a personas de confianza en las instituciones involucradas.
Entre las contrataciones bajo investigación figuran servicios valorizados en aproximadamente S/6’189,600 y S/10’669,648, además de contrataciones integrales por vuelos chárter y boletos aéreos cercanas a S/20 millones, operaciones que habrían ocasionado un presunto perjuicio económico al Estado.
El organigrama de la presunta organización criminal elaborado por la Fiscalía, al que tuvo acceso La República, detalla que Paredes habría contado con cinco operadores para ejecutar estos presuntos delitos. Una de ellas sería su hermana, Rosa Paredes Castro, quien habría estado a cargo de captar personas de confianza.
Durante los operativos fiscales, la vivienda de la hermana de la legisladora, ubicada en el Cercado de Lima, fue una de las allanadas.
Asimismo, también fueron allanadas las viviendas de Sandra Marleny Anticona Lara, ubicada en Jesús María, y la de Percy Enrique Tena Aguilar, ambos representantes de empresas presuntamente favorecidas por las operaciones de la red criminal.
A través de un comunicado, la congresista de Podemos Perú negó estar involucrada en los hechos que vienen siendo investigados por el Ministerio Público.
“Rechazo categóricamente cualquier imputación o señalamiento en mi contra o en contra de mi hermana. Mi hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado. (…)”, señala el comunicado difundido por la congresista.
“Me pongo plenamente a disposición de las autoridades competentes y brindaré toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Desde el inicio de mi gestión parlamentaria he mantenido relación con diversas personas e instituciones en el marco de mi labor como congresista, sin que ello implique vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”, continúa el pronunciamiento.





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