
La Comisión Permanente del Congreso decidió archivar las denuncias contra la legisladora Katy Ugarte, quien era investigada por el presunto recorte de sueldos a los empleados de su despacho. Con una votación de 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, se aprobó el informe que recomendaba archivar el caso definitivamente, a pesar de que Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se mostrara en desacuerdo por considerar que sí había indicios para seguir investigando.
“Son las decisiones de la Comisión Permanente. Se ha aprobado su informe final por mayoría de votos. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo mismo en la Comisión Permanente he votado en abstención, que el informe de calificación fue declarar procedente la investigación porque teníamos indicios de las posibles comisiones de delitos y que eso debería conllevar al levantamiento del antejuicio”, señaló.
El argumento principal para desestimar los cargos se basó en la falta de evidencias. Al respecto, el texto del informe concluye que “ante la ausencia de evidencia concreta y verificable no puede afirmarse que las conductas atribuidas configuren vulneración a los preceptos constitucionales señalados”.
“En consecuencia, al no haberse acreditado pruebas que demuestren la comisión de los supuestos delitos de concusión ni infracción de los deberes constitucionales por parte de la congresista Ugarte, se recomienda el archivamiento definitivo de las denuncias constitucionales 362 y 464 acumuladas”, agrega el informe.
La congresista Gladys Echaíz también expresó su rechazo al cierre del caso y solicitó que se votara una cuestión previa para que las denuncias regresaran a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque existen pruebas iniciales para una investigación. Sin embargo, su pedido fue rechazado con 6 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
“Nosotros no somos jueces ni fiscales para archivar definitivamente cuando existen indicios iniciales para abrir una investigación preliminar”, señaló la legisladora.
En la misma sesión, el Congreso otorgó quince días de plazo para avanzar en otras investigaciones similares. Entre ellas destaca el caso de la congresista Magaly Ruiz, también señalada por presuntos cobros ilegales a sus trabajadores, y la denuncia contra Dina Boluarte por el nombramiento supuestamente irregular de la presidencia de EsSalud.
En abril de 2023, una investigación de ‘Cuarto Poder’ expuso que la congresista Katy Ugarte presuntamente solicitaba aportes a su equipo de trabajo en Cusco con el fin de mejorar su imagen pública. Según las denuncias, los empleados realizaban pagos de entre 200 y 400 soles a Wilber Felices Villafuerte, una persona de confianza de la legisladora. Sin embargo, Ugarte rechazó las acusaciones durante las diligencias en la Comisión de Ética.
A estas denuncias se sumó un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el cual detectó transferencias a la parlamentaria que superan los 35.000 soles provenientes de asesores del Congreso.





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