
La noche del viernes 10 de abril de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó el inicio del despliegue del material electoral en Lima y Callao para las elecciones generales del 12 de abril. Según su versión oficial, a las 22.00 horas comenzó el traslado desde su base en Lurín, con 434 unidades rumbo a 2.269 locales de votación.
La entidad señaló que cada camión contaba con resguardo policial, monitoreo satelital y material sellado, que incluía cédulas de sufragio, ánforas, equipos informáticos del Sistema de Transmisión de Actas y plantillas Braille. Incluso difundió videos en redes sociales que mostraban la salida de los vehículos.
Sin embargo, los registros obtenidos por La República muestran una situación distinta en el mismo punto de partida.
En un primer video, grabado al amanecer del sábado 11 de abril, personal en el campo señala que permanece desde las 8.00 p. m. del día anterior esperando el traslado. En el registro se escucha que trabajadores de la ONPE comunicaban que no había material suficiente. Las imágenes muestran camiones detenidos y sin carga completa.
En un segundo video, con referencia horaria clara, se escucha: “Siendo las 8 de la mañana seguimos sin ninguna disposición”, mientras se observa una gran cantidad de vehículos estacionados junto a unidades de resguardo policial. Diez horas después del inicio oficial del despliegue, los camiones continuaban en la base.
Las demoras registradas en los videos ocurrieron en un contexto en el que la Contraloría General de la República ya venía supervisando el proceso electoral mediante control simultáneo.
“El contrato de transporte estaba dentro de los componentes que habíamos evaluado”, explicó el vocero de la Contraloría, a La República, Luis Castillo Torrealva. Según indicó, la revisión incluyó tanto la etapa contractual como la ejecución en campo.
El 24 de marzo, durante la revisión del contrato, se detectó un incumplimiento en los requisitos del personal.
“Se verificó que algunos conductores no cumplían con el perfil establecido en los términos de referencia”, señaló. La observación alcanzó a 70 conductores propuestos por la empresa Servicios Generales Galaga.
Días después, la Contraloría desplegó equipos en el almacén de Lurín para acompañar la ejecución del traslado. “Desde el viernes comenzamos a acompañar el proceso y empezó a saltar el tema de las rutas”, indicó.
“Las rutas no habían sido comunicadas de manera oportuna y eso generó desorden en todo el proceso”, afirmó.
“El material tiene un peso determinado y eso limita la capacidad de los vehículos. Las rutas requerían más unidades”, agregó.
Durante el seguimiento, también se detectaron fallas en la ejecución del traslado. “Nos damos cuenta por el GPS. El personal de la ONPE ha tenido que parar vehículos en ruta porque se estaban yendo a destinos más lejanos con material que correspondía a otros locales”, indicó.
Sobre la responsabilidad en la planificación, precisó que aún no hay una conclusión. “Estamos en proceso de determinar quién definió las rutas”, sostuvo.
El informe final de la Contraloría se encuentra en elaboración y se espera su entrega en los próximos días.
Las fallas en el despliegue se reflejaron el día de la elección.
La ONPE tuvo que ampliar el proceso electoral y realizar una jornada extraordinaria el 13 de abril en 13 locales de Lima Metropolitana donde no se pudo votar el día anterior por falta de material electoral.
Siete de estos locales estaban ubicados en Lurín, el mismo distrito donde se encuentra el almacén central. Otros tres estaban en Pachacamac y tres en San Juan de Miraflores, cercanos geográficamente.
El local más lejano dentro de Lurín se encuentra a aproximadamente 11 kilómetros. La República reconstruyó el recorrido que debió seguir el personal para abastecer los siete colegios pendientes en ese distrito: el trayecto completo habría tomado cerca de una hora.
La distancia no era el problema.





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