
La jefa de la misión electoral de la Unión Europea en Perú para las Elecciones Presidenciales 2026, Annalisa Corrado, brindó declaraciones con las conclusiones preliminares de su equipo tras observar el desarrollo de los comicios. Corrado señaló que, con base en su observación, la narrativa de un fraude electoral no cuenta con argumentos contrastables.
“No han llegado a la misión suficientes elementos para sostener que la narrativa de fraude tenga fundamentos a estas alturas. Está claro que hay problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales hayan estado cerrados, por ejemplo. Claramente, seguiremos observando el proceso y, si alguien presentara denuncias ante las instituciones correspondientes, estaremos atentos en todo momento y nuestras observaciones formarán parte del informe final”, declaró.
Además, Corrado se refirió a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar un día más las elecciones en favor de las mesas que no pudieron instalarse debido a problemas logísticos.
“Hemos valorado como positiva la decisión del JNE de permitir que las personas que fueron privadas de su derecho puedan votar al día siguiente. Está claro que se trata de una medida extraordinaria y que cualquier otra decisión podría haber tenido consecuencias negativas. En nuestra evaluación, consideramos que se ha priorizado el derecho al voto. Pensamos que han actuado correctamente, porque el derecho primario es que las personas puedan expresarse a través de su voto”, señaló.
La Procuraduría del JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como contra tres funcionarios de la entidad y el representante de la empresa Galaga, a raíz del escándalo por la demora en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril de 2026.
La acción legal se sustenta en presuntas infracciones relacionadas con la vulneración del derecho al sufragio, delitos contra la administración pública —específicamente por omisión, negativa o retraso en el cumplimiento de funciones— y un delito electoral por entorpecer el desarrollo normal de la jornada electoral.
Asimismo, la denuncia presentada ante el Ministerio Público incluye al gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, quien se encuentra detenido; y al representante legal de la empresa Galaga, Juan Alvarado Pfuyo.





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