Funcionario de ONPE detenido: “El subgerente Juan Phang es culpable del caso de la empresa Galaga”

El gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, detenido en la mañana del lunes 13 de abril, declaró a los agentes policiales que el verdadero responsable del incumplimiento del contrato para la distribución del material destinado a la votación del domingo es el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.

Efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) arrestaron a José Samamé luego que el Ministerio Público iniciara las indagaciones para identificar a los autores de la frustrada elección en 211 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, atribuido a que nunca llegó la logística a los locales de votación.

La ONPE contrató a la proveedora de transportes Servicios Generales Galaga por S/36,9 millones para que distribuya el material electoral, pero los vehículos nunca llegaron, perjudicando a 52.261 electores.

El mismo domingo el organismo electoral mediante comunicado responsabilizó de la anomalía a Servicios Generales Galaga, dejando entrever que sus propios funcionarios no eran culpables de lo sucedido.

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Salen más nombres

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Cercado de Lima consiguió un mandato judicial para aprehender al gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, identificado como el funcionario que adjudicó el contrato de transporte del material a la compañía Servicios Generales Galaga.

En lo que representa un giro en el caso, al ser interrogado por las autoridades, José Samamé admitió haber intervenido en la contratación de Servicios Generales Galaga, de propiedad de Juan Alvarado Pfuyo.

Pero Samamé advirtió que correspondía al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, hacer un seguimiento a la ejecución del contrato por parte de Servicios Generales Galaga.

"Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es José Phang Sánchez, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles", explicó José Samané a la fiscalía.

De acuerdo con las fuentes consultadas, es probable que se registren más detenciones como resultado de las declaraciones de José Samamé.

“Juan Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE en el jirón Washington. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, dijo José Samamé.

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Mucho más que “negligencia”

“Pero Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, añadió.

Fuentes con conocimiento en el caso informaron a este periódico que entre la documentación incautada por la policía anticorrupción (Dircocor en la sede de la ONPE en el jirón Washington, se halló el contrato con Servicios Generales Galaga.

“Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional - Despliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para Simulacro y Sufragio - Elecciones Generales 2026”, dice el documento.

Los términos de referencia fueron suscritos por José Samamé y Juan Phang, quienes dieron la conformidad a Servicios Generales Galaga, sin tener en cuenta que dicha empresa no contaba con la experiencia en el rubro. Es más, la proveedora contaba con varias sanciones por incumplimiento de contrato con ONPE. Suficiente para no calificar en la licitación. Pero sucedió todo lo contrario.

José Samamé Blas fue arrestado en su despacho de la sede central de la ONPE, ubicado en la avenida Washington 1894, cuando esperaba su relevo.

Samamé dimitió del cargo como resultado del caos que se originó por el cierre de los locales de votación en varios distritos limeños, porque Servicios Generales incumplió con trasladar la logística necesaria para la instalación de las mesas.

Mediante una carta dirigida al jefe del la ONPE, Piero Corvetto, con fecha 12 de abril, José Samamé Blas, dijo que lamentaba lo sucedido.

“Ante los hechos acontecidos por fallas logísticas que han afectado el normal despliegue del material electoral en diversos lugares de la localidad de Lima, generando retrasos e inconvenientes en las mesas de sufragio y estando a cargo de la gerencia e cargador de dicha labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, escribió Samamé a Corvetto.

José Samamé será investigado por el delito de omisión y rehusamiento en los actos funcionales, cuando ejercía la gerencia de la gerencia de Gestión en la ONPE, según indicaron fuentes fiscales.

A propósito, José Samamé es cónyuge de la abogada Dorcas Sánchez Arce, quien, coincidentemente, labora en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El 22 de noviembre 2023, Servicios Generales  Galaga, durante el mandato del exalcalde Rafael López Aliaga,  firmó contrato con la Municipalidad de Lima por S/ 686.400. El objeto fue el transporte de materiales y equipos de la sub Gerencia de Gestión y Fiscalización.

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Un “cuello blanco” conocido

La República preguntó a la oficina de prensa de la MML en qué oficina labora la abogada Dorcas Sánchez Arce, esposa del funcionario del ONPE implicado en el caso Galaga, José Samamé, y si tuvo participación en la contratación de esta firma. La MML no respondió.

Por otro lado, es relevante el antecedente judicial Juan Phang Sánchez, señalado por José Samamé Blas como responsable del incumplimiento del contrato de Servicios Generales Galaga. Phang está implicado en el mega caso de corrupción conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que salpicó a algunos funcionarios de la ONPE durante la gestión de Adolfo Castillo Meza (2017-2020).

En noviembre de 2020, la vivienda de Juan Phang fue allanada por disposición judical, ya que la fiscalía del caso determinó que estaba implicado en una conspiración de “Los Cuellos Blancos del Puerto” para designar a Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE.

El propósito del plan era que Adolfo Castillo facilitara la inscripción del partido Podemos Perú, de José Luna Gálvez, lo que efectivamente sucedió. Como presunto responsable es señalado Juan Phang Sánchez, quien estaba a cargo de la Subgerencia de Calidad de la ONPE.

De acuerdo con el expediente del caso que obra en el Ministerio Público, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, designó en el cargo a Juan Phang para que contribuyera con el plan de inscribir el partido Podemos Perú.

Los testigos señalaron que Adolfo Castillo, por intermedio de Juan Phang, presionaba a otros funcionarios de la ONPE para alcanzar la inscripción de la organización política de José Luna.

La fiscalía le atribuye a Juan Phang los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

Sospechosos aumentos de capital

De acuerdo con Registros Públicos, Augusta Pfuyo Huamanguilla de Alvarado y Verónica Alvarado Pfuyo, madre e hija, fueron quienes fundaron la empresa Servicios Generales Galaga, el primero de diciembre de 2009.

En aquel entonces su capital fue de S/100.000: el 99% de las acciones pertenecían a Augusta Pfuyo y el 1% a Verónica Alvarado.

El 23 de marzo de 2011, Augusta Pfuyo renunció a la gerencia general y en su reemplazo fue nombrado su hijo Juan Alvarado Pfuyo. En esa misma reunión Augusta Pfuyo se convirtió en Sub Gerente.

El 11 de junio de 2012, la empresa Servicios Generales Galaga aumentó su capital a S/349.941. El primero de octubre 2019 volvió a aumentar el capital a S/1.572.091.

Más recientemente, el 04 de abril de 2025, la compañía incrementó nuevamente su capital a S/5.000.000. La fiscalía del caso no descarta disponer de un peritaje contable para determinar las fuentes de los fondos invertidos.

El empresario Juan Alvarado Pfuyo está vinculado con siete empresas, de ellas cuatro fueron fundadas por él: Sgg Mining S.A., Sonein S.A.C., Gala’Tel S.A.C y Galapharma S.A.C. En las otras tres Alvarado ejerce funciones como gerente general, como Integral Comunications S.A.C., Servicios Generales Galaga S.A.C. y Ralce S.A.C.

La ONPE adjudicó el último contrato a Servicios Generales Galaga, no obstante, con una serie de antecedentes por irregularidades.

El 20 de noviembre de 2020 y el 27 de marzo de este año, la Contraloría emitió informes observando las contrataciones de Servicios Generales Galaga porque incumplía con los términos de referencia de la ONPE. ¿Quién apadrinaba al contratista?.

Galaga ganó 80 contratos por S/50,8 millones

Desde el 21 de agosto de 2018 a la fecha, según el portal de Proveedores del Estado, la empresa Servicios Generales Galaga ha contratado con el Estado 80 veces, sumando un total de S/50,8 millones.

Las entidadades que adjudicaron contratos a Servicios Generales Galaga son el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la Dirección de Redes integradas de Salud Lima Sur y el Ejército.

También el Ministerio de Vivienda, el Programa de Educación Básica para Todos y el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, entre otros.