
A vísperas de las elecciones del 12 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, confirmó que un total de 50.000 fiscalizadores garantizarán la legalidad y transparencia del proceso electoral. Esa cifra permite, según explicó a la prensa, que se cuente con funcionarios del JNE en todos los centros de votación y estén presentes cada dos meses de sufragio.
“Será el despliegue más grande y sin precedentes”, anunció y precisó que el objetivo es “reducir cualquier narrativa o riesgo” sobre las elecciones.
Si bien no hizo referencia a ningún hecho en concreto, lo dicho por Burneo recuerda a las elecciones del 2021, cuya legalidad fue cuestionada por Fuerza Popular, partido que acogió la narrativa del fraude para rechazar la victoria de Pedro Castillo de Perú Libre.
A la fecha, el Ministerio Público archivó más de 25 denuncias por supuestos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de firmas de documentos, por parte de los miembros de mesa durante la segunda elección de las Elecciones 2021.
Con ese antecedente, Burneo Bermejo resaltó que la norma establece la conservación de las cédulas hasta la emisión final de resultados. Aproximadamente, se trata de 27 millones de cédulas las que serán conservadas en las sedes de la ONPE, que cuenta con 126 oficinas descentralizadas.
En caso se presente una denuncia de supuesto fraude, el magistrado en primera instancia puede ordenar la revisión de las más de 20 millones de cédulas. “Antes ese proceso tardaba de 6 a 8 horas, en cambio, tras la digitalización de procesos, solo tomará de una hora a hora y media”, dijo.
Tal acto es “discrecional y sobre bases causales”, anotó. “Es probable que solo a partir del acta se pueda elaborar una decisión final que no amerite el pedido de cédulas. De no ser así, se garantizará una cadena de custodia de las instancias de la ONPE al JNE para que esta última institución pueda revisarlas en audiencia pública”, detalló.
Insistió en que el JNE solo realizará ello ante una eventual observación o pedidos de nulidad.
Sobre el 12 de abril, el presidente del JNE recordó una serie de acciones que los electores están impedidos de hacer.
Estos son: “Llevar propaganda electoral, hacer disturbios o manifestaciones, influir de forma violenta a otra persona para que vote por una determinada opción, tomarse una foto de la cedula y publicarla, entre otros”.
Quienes vigilarán que actos de ese tipo no se realicen no solo serán los funcionarios del JNE ni ONPE sino también del Ministerio Público, PNP, Fuerzas Armadas y demás.
“Se desplegará a fiscales de prevención del delito, militares y policías. Si alguien se pone violento será detenido y trasladado a la comisaría más cercana”, dijo.
El día de la elección, los especialistas estarán desde las 6.00 horas en los locales de votación, con el fin de realizar la fiscalización de todo el acto electoral correspondiente a la instalación de mesa, sufragio y escrutinio.
Al cierre de la jornada, deben velar por el cumplimiento de las normas legales para el repliegue del material electoral, así como de las cédulas de sufragio, hacia los locales de las Oficinas Desconcentradas de Procesos Electorales (ODPE).





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