
Durante la gestión de César Acuña como gobernador regional, el ahora candidato presidencial dio el visto bueno a 75 proyectos de negocios de Mypes por S/116 millones, pese a que estos carecían de sustento y eran un riesgo de pérdida de fondos públicos, de acuerdo con una auditoría practicada por la Contraloría.
También se encontraron indicios de que el Comité Evaluador de Procompite, que estudió las propuestas de los medianos y pequeños empresarios, pudo haber concedido puntajes sin fundamento para favorecer a algunos de los postulantes para que accedan a los beneficios del programa.
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“Se ha evidenciado que se ha otorgando sin sustento puntajes iguales o mayores al mínimo exigido en las bases y a los planes de negocio, (...) puntajes que no superan el mínimo requerido para su aprobación en dicha etapa”, señala el informe de Contraloría.
Otra grave deficiencia detectada en la gestión de César Acuña como gobernador regional es la entrega de bienes estatales a los administradores de las Mypes que accedieron al programa, sin suscribir documentos legales que establezcan las condiciones, responsabilidades, compromisos y obligaciones que garanticen la devolución de los mismos. Esta deficiencia podría generar millonarias pérdidas al erario nacional.
El Gobierno Regional de La Libertad “no cauteló que los bienes entregados durante la fase de ejecución del Procompite 2023, se realice conforme el contenido del formato (sobre garantías de devolución)”, se indica en la auditoría.
El 15 de febrero de 2024, como gobernador regional de La Libertad, César Acuña suscribió la resolución ejecutiva aprobó el cofinanciamiento de 75 planes de negocios del programa Procompite por un monto que supera los S/116 millones.
Una investigación del programa “Cuarto Poder”, documentó varias denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la gestión de Procompite bajo la conducción de funcionarios pertenecientes al partido de Acuña, Alianza para el Progreso.
Por un lado, se acreditaron que algunos implicados solicitaron sobornos a los empresarios interesados en acogerse al programa y en otros casos los involucrados modificaron el proceso para orientar las adjudicaciones a sus allegados.
Acuña tuvo que ordenar la anulación de los concursos de los años 2023 y 2024, periodo en el que se destinó un presupuesto de S/58 millones, debido a irregularidades tan notorias que la Fiscalía Anticorrupción tuvo que intervenir y abrir investigación contra los responsables.
Los auditores de la Contraloría recomendaron iniciar acciones legales contra los siguientes exfuncionarios del Gobierno Regional de La Libertad en la gestión de César Acuña:





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