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Política

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

El organismo internacional señala que el Estado peruano actuó de manera coercitiva, sin consentimiento válido, en la aplicación de sus políticas de salud reproductiva.

Corte Internacional falló en favor de víctima de las esterelizaciones forzadas
Corte Internacional falló en favor de víctima de las esterelizaciones forzadas | Composición: LR.

La Corte IDH decidió este jueves condenar al Perú por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, una de las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado bajo coerción a cientos de miles de mujeres durante la dictadura fujimorista. Según el organismo internacional, el Estado peruano actuó de manera coercitiva y sin consentimiento válido en el caso de Ramos Durand.

“Esta Corte concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocada principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta política se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados. La Corte constató que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado”, se lee en el comunicado de la corte internacional.

Además, se señala que las denuncias realizadas por los familiares de la víctima no fueron atendidas adecuadamente. También se indicó que la familia de Ramos Durand no recibió explicaciones claras sobre su fallecimiento por parte de las autoridades médicas correspondientes.

Los magistrados dispusieron que el Estado continúe con las diligencias para esclarecer la muerte de Ramos y que se identifique y sancione a los responsables. Asimismo, ordenaron la elaboración y aprobación de una norma que regule la obtención del consentimiento informado en los servicios de salud sexual y reproductiva. Del mismo modo, establecieron que las autoridades deben formular y poner en marcha una política pública en esta materia, así como otra orientada a la reparación integral de las personas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas.

"Este es el primer caso y el único por el momento que ha llegado hasta la CIDH"

La República entrevistó a María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus, quien explicó las implicancias de esta sentencia.

“Este es el primer caso —y, por el momento, el único— que ha llegado hasta la CIDH. Además, es la primera vez que la Corte Interamericana reconoce la existencia de esterilizaciones forzadas y las identifica como una forma de violencia contra la mujer, violencia reproductiva y violencia institucional. (…) En el caso de la justicia nacional, contamos con una investigación fiscal preliminar que comprende a 3,307 denunciantes y esperamos que, en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana, se apliquen los estándares de derechos humanos para hacer justicia, tal como lo ha establecido la Corte”, declaró a La República.

También se refirió a la postulación a la reelección del congresista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud del régimen fujimorista, así como a las recientes leyes aprobadas por el Congreso que —según indicó— buscan favorecer la impunidad mediante la prescripción de estos delitos.

“Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga están comprendidos en la investigación fiscal preliminar, que incluye a 3,307 denunciantes y 50 imputados. Ellos tendrán que rendir cuentas ante la justicia, más temprano que tarde. Es importante que esta sentencia se conozca y se difunda, porque vamos a convertirla en una bandera de verdad frente al negacionismo, la mentira y la desinformación que el fujimorismo, sus candidatas y sus candidatos ejercen”, apuntó.

"En el centro de salud no había condiciones adecuadas"

Gisela de León, directora legal de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que a Celia Ramos le hicieron creer que la ligadura de trompas era un procedimiento simple y sin mayores riesgos. Asimismo, indicó que fue presionada en reiteradas ocasiones para que aceptara someterse a la intervención.

"En el centro de salud no había condiciones adecuadas y sufrió un paro respiratorio producto de la anestesia y falleció luego de unos días", relató.

Además, en concordancia con lo expuesto por la Corte IDH, recalcó que Ramos Durand no dio su consentimiento para ser intervenida de esta manera: "No hay ningún documento que lo compruebe, sino más bien varias evidencias que demuestra que ella fue presionada", manifestó.

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