
La Corte IDH decidió este jueves condenar al Perú por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, una de las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado bajo coerción a cientos de miles de mujeres durante la dictadura fujimorista. Según el organismo internacional, el Estado peruano actuó de manera coercitiva y sin consentimiento válido en el caso de Ramos Durand.
“Esta Corte concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocada principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta política se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados. La Corte constató que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado”, se lee en el comunicado de la corte internacional.
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Además, se señala que las denuncias realizadas por los familiares de la víctima no fueron atendidas adecuadamente. También se indicó que la familia de Ramos Durand no recibió explicaciones claras sobre su fallecimiento por parte de las autoridades médicas correspondientes.
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Los magistrados dispusieron que el Estado continúe con las diligencias para esclarecer la muerte de Ramos y que se identifique y sancione a los responsables. Asimismo, ordenaron la elaboración y aprobación de una norma que regule la obtención del consentimiento informado en los servicios de salud sexual y reproductiva. Del mismo modo, establecieron que las autoridades deben formular y poner en marcha una política pública en esta materia, así como otra orientada a la reparación integral de las personas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas.
Gisela de León, directora legal de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que a Celia Ramos le hicieron creer que la ligadura de trompas era un procedimiento simple y sin mayores riesgos. Asimismo, indicó que fue presionada en reiteradas ocasiones para que aceptara someterse a la intervención.
"En el centro de salud no había condiciones adecuadas y sufrió un paro respiratorio producto de la anestesia y falleció luego de unos días", relató.
Además, en concordancia con lo expuesto por la Corte IDH, recalcó que Ramos Durand no dio su consentimiento para ser intervenida de esta manera: "No hay ningún documento que lo compruebe, sino más bien varias evidencias que demuestra que ella fue presionada", manifestó.





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