
Las contrataciones de bienes y servicios, así como la adjudicación y ejecución de obras efectuadas por Alfonso López Chau como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), son sometidas a un proceso de auditoría por parte del Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con la documentación a la que accedió La República, la disposición fue ordenada por la jefa de la OCI de la UNI, Carla Remigio Palacios, después que López Chau renunció a la rectoría para postular a la presidencia por el partido Ahora Nación.
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La investigación de la OCI abarca el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2021 y el 6 de mayo de 2025, tiempo en el que ejerció como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería.
La decisión de la Contraloría se conoce pocos días después que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que a partir de la denuncia de un ciudadano, inició una investigación contra López Chau por presuntamente haber destinado fondos públicos de la UNI, a favor de miembros del partido Ahora Nación que son parte de su campaña.
La jefa de la OCI, Carla Remigio, en oficio remitido al rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, le informa que se le ha ordenado indagar la gestión de López Chau por disposición de sus superiores de la Contraloría.
“La Contraloría General de la República ha dispuesto a la OCI el inicio de un servicio (auditoría) de recopilación de información relacionado a la contratación de bienes, servicios y obras realizadas por la Universidad Nacional de Ingeniería en el periodo del 12 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2025”, en la gestión de Alfonso López Chau, comunicó la jefa de la OCI al rector de la UNI.
Más de ocho meses después de la salida de López Chau de la rectoría de la UNI, este deberá responder a la Contraloría ante los cuestionamientos que ha recibido a su gestión en contrataciones de personal y adjudicaciones de bienes y servicios.
La República no ha obtenido respuesta de la Contraloría cuando preguntó si la medida adoptada para indagar la gestión de Alfonso López Chau, se aplicará a otros exfuncionarios públicos que también postulan a la presidencia. Como el caso del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y del exgobernador de La Libertad, César Acuña.
Durante el mandato de López Aliaga se cuestionó la donación de trenes antiguos y la contratación de un estudio de abogados extranjero relacionado con un amigo del exalcalde, entre otros hechos. Respecto a Acuña, la propia Contraloría detectó irregularidades en la adjudicación de millonarias obras públicas a una empresa de papel que maneja una jovencita de 23 años, Lucero Coca Condori, sin ninguna experiencia en contrataciones.





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