Oscorima celebra ejecución presupuestal al 100% en Ayacucho en 2025, pero obreros llevan 4 meses sin sueldos

El 19 de diciembre de 2025, el Gobierno Regional de Ayacucho realizó una audiencia pública de rendición de cuentas. El gobernador Wilfredo Oscorima presentó cifras de ejecución y promesas al auditorio. “En el año 2025, hemos tenido un presupuesto inicial para obras de 824 millones de soles. Hoy, en diciembre, asciende a 912 millones de soles. Hasta este momento hemos ejecutado el 93,9%. Nuestro reto es gastar el 100% de estos recursos”, dijo.

En el mismo discurso añadió: “Ayacucho poco a poco va a ir saliendo de la situación en que nos encontramos (…) seguramente estaremos mucho más contentos al ver que paso a paso, día a día, trabajamos para derrotar a nuestro peor enemigo que es la pobreza. Los ayacuchanos nunca más volverán a estar en situación de pobreza, les doy mi palabra”.

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Mientras Oscorima recibía aplausos de su portátil por los supuestos logros, en Huanta, obreros vinculados a un emblemático proyecto de irrigación calculaban cómo cubrir lo básico para la cena de Navidad: sus remuneraciones no llegaban a sus cuentas desde hace meses. El contraste se repitió en otras provincias: obras en ejecución, trabajadores sin sueldo y deudas trasladadas al siguiente año fiscal, según documentación y testimonios recogidos por este diario.

Obras prometen agua pero dejan sin liquidez a obreros

A inicios de 2023, Oscorima presentó el proyecto de irrigación Esmeralda Alta, en la provincia de Huanta, prometiendo ampliar la frontera agrícola y potenciar el agro en comunidades de los distritos de Luricocha y Huanta. Así, se podría garantizar la irrigación de más de 7.000 hectáreas y beneficiar a casi 5.000 familias.

Sin embargo, cumplido el plazo contractual de 24 meses, la obra mantiene un avance físico reportado de 25,7%, pese a tener un presupuesto superior a S/ 125 millones.

Miguel Quispe Caballa es el presidente de los 25 comités de regantes que integran el proyecto y el encargado de recibir las quejas que se acumulan desde hace meses. En comunicación con La República, confirmó que existen trabajadores impagos desde octubre de 2025. Contó que, desde que comenzaron los retrasos, tuvo que viajar hasta en cuatro oportunidades, junto a otros dirigentes, desde Huanta a Huamanga para pedir explicaciones y exigir una solución. Hoy espera un plazo firmado: el Gobierno Regional se comprometió a completar los pagos pendientes hasta el 28 de enero, tras la última reunión.

De acuerdo con información a la que accedió La República, en Esmeralda Alta la deuda asciende a alrededor de S/ 4 millones 400 mil. Los afectados, según las fuentes consultadas, oscilan entre 900 y 1.000 trabajadores.

En este tipo de proyectos, administrados por el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER), la obra no solo promete riego futuro: también funciona como fuente de empleo temporal para comuneros contratados como obreros o técnicos locales, mayoritariamente de zonas con indicadores de pobreza. Son esos trabajadores los que, según los reportes recogidos, no recibieron pago por meses. Además, se les habría presionado para no reclamar, bajo el mensaje de que el cobro dependería de mantener silencio.

Hasta diciembre, el administrador de Esmeralda Alta fue Óscar Oré Curo. Oré oficializó su candidatura a diputado por Alianza para el Progreso (APP) en Ayacucho, encabezando la lista con el número 1. El partido de César Acuña en Ayacucho es coordinado por Yuri Oscorima, hermano del gobernador, quien además aparece como eventual postulante al Gobierno Regional en las próximas elecciones regionales.

Tras la oficialización de la candidatura de Oré, el medio regional Estación Wari advirtió que el entonces administrador continuaba en funciones dentro de una obra pública que presenta serios retrasos y cuestionamientos administrativos. Tras ello, renunció.

Fin de año de fiesta: 99,7% de ejecución

El 31 de diciembre, mientras los obreros de Esmeralda Alta ya habían pasado una mala Navidad, el gerente general del Gobierno Regional, Eduardo Huacoto, dio cuenta del alcance del 99,7% de ejecución presupuestal.

“Es un balance muy positivo, de muchos resultados y muchos proyectos concluidos, con el objetivo de terminar y entregar a la población ayacuchana. Buscamos cerrar brechas. Estamos a pocas horas de empezar el 2026 y estamos con muchas esperanzas y alegría. La población ayacuchana saluda la gestión. En estas horas vamos a llegar al 100% de ejecución presupuestal. El gobierno va a cumplir”, dijo.

Pero no cumplían. Mientras daba su mensaje, más de 1.000 obreros seguían esperando su pago. Las fiestas, para ellos, fueron temporada de ruego y esperanza.

A tres horas de Huamanga, en Torobamba, provincia de La Mar, el PRIDER ejecuta la obra “Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego en la cuenca del valle de Torobamba”.

El compromiso es beneficiar a más de 25 comunidades y cerca de 4.000 usuarios. La inversión supera los S/ 76 millones para impulsar la producción de paltas y frutales. A casi 3 años de su inicio, el avance reportado es de 37%.

De acuerdo con documentos a los que La República accedió, la deuda se arrastra desde setiembre: con más de S/ 752 mil por planilla de obreros pendiente, se replica en octubre con más de S/ 841 mil por la misma descripción; en noviembre con más de S/ 959 mil por planilla de obreros y técnicos; y en diciembre con más de S/ 673 mil.

Así, la deuda total solo en Torobamba asciende a S/ 3.227.164,22. Los grandes afectados son los trabajadores. Ahora, dicho pago se pide sea asumido como compromiso con el presupuesto del Año Fiscal 2026.

Además de Esmeralda Alta y Torobamba, este diario conoció reportes de deudas en otras obras del PRIDER: el proyecto Ustunaccocha (Vinchos) también arrastra alrededor de S/ 1 millón; el proyecto Chanquil (Cangallo), S/ 450 mil; y el proyecto Mirmaca (Paucar del Sara Sara), S/ 300 mil. En la sede central del Gobierno Regional también habría problemas: la obra vial de Huascahura tendría pendiente el pago de 70 obreros desde diciembre.

Con ese conjunto de proyectos, las obligaciones laborales están por encima de los S/ 9 millones. Ante ello, Oscorima habría ordenado aplicar una estrategia operativa: priorizar pagos en el primer tercio del mes para las obras más grandes —que al tener mayor personal amenazarían con movilizaciones o paralizaciones de mayor alcance— y postergar obras pequeñas cuyas acciones de lucha tendrían menor fuerza.

En ese marco, se cuestiona el manejo comunicacional y presupuestal de la gestión. El consejero Ernesto Váldez calificó a Oscorima de “manipulador” y sostuvo que se instalan “psicosociales” para presentar logros. “Es una forma de mentir. Son campesinos que trabajan por 2-3 meses para no recibir nada”, afirmó.

Añadió que se requiere una investigación técnica sobre presunta sobrevaloración de obras y denuncias de “trabajadores fantasma”, pero advirtió que varios consejeros estarían alineados con Oscorima, incluso quienes se presentan como opositores.

El Consejo Regional responde

El consejero Cristian Palomino Cárdenas, presidente del Consejo Regional de Ayacucho, accedió a declarar para La República. “Es un sinnúmero de trabajadores (…) seguramente no han tenido una buena Navidad ni buen Año Nuevo”, dijo.

Palomino sostuvo que el Consejo ya se había alertado de esta situación. “Se ha visto que se han terminado muchos proyectos con deudas, sobre todo en planillas; en servicios también”, señaló. Precisó que el cuadro no se limita al PRIDER, sino que también se replica en la sede central del Gobierno Regional.

Como explicación, refirió un posible desbalance en transferencias. “Fondos como el FONCOR, el canon, sobre canon, no habrían llegado en las condiciones que inicialmente había establecido el MEF”, dijo. Recordó además que no sería un hecho aislado de 2025: “En 2024 también se terminó la ejecución fiscal con bastantes deudas”.

El consejero puso el foco en un punto técnico con efecto directo: presupuesto asignado no significa caja disponible para continuar obras. “Ahora, si a un proyecto le dan 5 millones para que continúe, no significa que esos 5 millones son efectivos. Servirán para el pago de deudas”, explicó.

Luego describió un problema de gestión: “Hay un desorden porque se ha abierto un sinnúmero de proyectos sin tener en cuenta el saldo que debe tener el gobierno regional”. Palomino afirmó que habría más de 130 proyectos abiertos, muchos paralizados.

Además, proyectos de gran envergadura absorben la demanda presupuestal: obras en la Universidad San Cristóbal de Huamanga - UNSCH, en que Oscorima pudo operar gracias a un decreto de urgencia firmado por Dina Boluarte el mismo día que le entregó una pulsera Bangle, cuestan más de S/ 400 millones. Así mismo, el Complejo Deportivo Vencedores de Ayacucho, cuestionado también por las transferencias presupuestarias durante el caso Rolex, consume más de S/ 420 millones.

Bajo esa lógica, añadió, otros proyectos reciben presupuestos mínimos y avanzan “a deuda”. “En septiembre, octubre los proyectos ya no tenían plata, pero seguían trabajando (…) sabían que no iban a pagar ni planillas ni nada”, sostuvo.

El presidente del Consejo Regional señaló que insistirán en convocar al gobernador y, de no acudir, a sus funcionarios para sustentar el PIA y las modificaciones presupuestales que devendrían en el PIM. Sobre el balance general de la gestión, evitó una calificación tajante y afirmó que la ruta debería ser culminar obras iniciadas y evitar el inicio de nuevos proyectos sin respaldo presupuestal.

Palomino señaló que insistirán en convocar al gobernador, quien se rehúsa a asistir al Consejo y, de rehuir, a sus funcionarios, para sustentar el PIA y las modificaciones presupuestales que devendrían en el PIM. Admitió además el límite institucional: los procesos de interpelación terminan en una recomendación, pero la decisión final de mantener o remover a funcionarios recae en el Ejecutivo regional.

Oscorima en la mira desde el Congreso

Alex Flores, congresista por Ayacucho, sostuvo que se trata de “una situación muy grave e irregular”. Subrayó un punto que, dijo, no puede omitirse: se trata de campesinos y pobladores que toman empleo temporal en obras cercanas a sus comunidades para sostener a sus familias. “El gobierno regional no puede hacerles esto”, afirmó.

Flores insistió en la pregunta que atraviesa el caso: “¿Dónde se habría ido ese dinero si no ha sido al pago de los obreros y los trabajadores?”. Señaló que, ante la falta de resultados del Consejo Regional como ente fiscalizador, el Congreso debe intervenir.

Se comprometió a solicitar información formal al Gobierno Regional; luego, dijo, trasladará el caso a la Contraloría, y si se encuentran indicios, a la Fiscalía Anticorrupción. “Vamos a tomar cartas en el asunto”, sostuvo.

El congresista añadió que, de confirmarse además denuncias de direccionamiento en compras, el caso escalaría: no solo sería un incumplimiento administrativo por planillas, sino también un posible esquema de contratación irregular.

Procesos direccionados en el Prider

El PRIDER no solo concentra las deudas laborales reportadas por dirigentes y documentadas en planillas. La contratación de bienes es otro foco de atención. La República accedió a una carta presentada ante el PRIDER y la Dirección de Acuerdos Marco de Perú Compras que solicita la nulidad del procedimiento de la Licitación Pública N.º 03-2025-GRA-PRIDER/C.

El documento pide anular la convocatoria para adquirir tubería corrugada de HDPE de doble pared por S/ 4 millones 114 mil, destinada a la obra “Ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho–Arequipa)”. Según la carta, ese bien estaría incluido obligatoriamente en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, por lo que la compra debía realizarse vía Perú Compras y no mediante licitación pública en SEACE. El pedido plantea que el procedimiento habría vulnerado la norma aplicable y solicita reconducir la contratación por el mecanismo obligatorio.

La carta, dirigida al director general del PRIDER, Richard Alarcón Flores, también sostiene que incluir servicios de instalación no habilita a licitar el bien, por ser obra de administración directa, y advierte que mantener el proceso expondría a la entidad y a sus funcionarios a eventuales responsabilidades administrativas y penales. El presupuesto del proceso sería mayor que cotizaciones iniciales, estimadas en alrededor de S/ 1 millón.

Situaciones así ya se habían cuestionado antes. En junio de 2025 se presentó una denuncia penal por colusión y negociación incompatible por presuntas irregularidades en la misma obra, alertando sobre modificaciones técnicas para eludir Perú Compras y favorecer a una empresa en una contratación millonaria.

Ese proceso, según la referencia, fue conducido por un comité de selección integrado por Robert Vladimir Mallcco Velarde (director de Abastecimiento del PRIDER), Joel David Gómez Ccorahua (administrador) y Nilton Vásquez De La Cruz (director de Infraestructura). La denuncia también cuestionó la emisión de constancia de previsión presupuestal sin compromiso válido, lo que podría afectar todo el procedimiento.

Presupuesto millonario para Ayacucho

Pese a este escenario, la gestión regional —según lo manifestado por la propia administración— logró que Ayacucho reciba un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) cercano a S/ 900 millones otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas ya en el gobierno de José Jerí, pese a que el 2025 dejó planillas impagas, deudas y cuestionamientos.

En diciembre, Oscorima habló de “derrotar a la pobreza”. En las obras, obreros, técnicos y administrativos esperan pagos acumulados desde setiembre. La cifra de ejecución, por sí sola, no retrata el recorrido completo del dinero: proyectos avanzando a deuda y trabajadores con los bolsillos vacíos.