Fiscalía archiva 7 investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo que protestaron contra Tía María

La Fiscalía provincial penal Corporativa de Islay, Arequipa, cerró 7 de las más de 40 investigaciones penales abiertas contra cerca de 20 pobladores del Valle del Tambo, que participaron en medidas de protesta contra el proyecto minero Tía María en febrero del año pasado.

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El director de la Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco Rondón, que representa a parte de los investigados, denunció que tal cantidad de indagaciones respondieron a la implementación de una práctica sistemática gubernamental de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, acusándolos de supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios.

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Indicó que los investigados eran agricultores, transportistas, maestros y pobladores en general que se oponen al proyecto minero Tía María que participaron en la paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025, en el Valle del Tambo con diferentes manifestaciones pacíficas como marchas, plantones, etc.

“Sin embargo, la Procuraduría Pública de Orden interno del Ministerio del Interior denunció la falsa comisión de delitos por los manifestantes y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay en atención a dichas denuncias y, también, de oficio decidió abrir investigaciones contra diferentes pobladores, a pesar que no existían sindicaciones directas contra ellos, al punto de que la Fiscalía señaló en todas las investigaciones que las dirigían contra los que resulten responsables. Es decir, no existían imputaciones directas, pero siempre citaban a los mismos pobladores a declarar”, refirió.

Velazco remarcó que la Fiscalía archivó 7 investigaciones sobre supuestos 9 hechos delictivos que se habrían suscitado entre el 24 de febrero de 2025 y el 21 de marzo de 2025, haya señalado en sus argumentos que no siendo posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables”, además de no existir testigos de los hechos “debe ordenarse el archivo” de dichas investigaciones.

“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente, vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, destacó el abogado.

Agregó que “la decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones fiscales, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, demuestra la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos e incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”.

Cuestionó que el gobierno peruano “a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, soliciten e inician procesos, dentro de lo que consideramos se trata de una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo para que no protesten ni se oponga al proyecto minero antes citado; accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos”.