
La Junta de Fiscales Supremos acordó que la designación del próximo fiscal de la Nación será evaluada a inicios del 2026, lo que supone un adelanto respecto al periodo regular de la gestión de Delia Espinoza, cuyo mandato estaba proyectado hasta el 2027. La sesión realizada este miércoles no incluyó una elección, sino un análisis exclusivo sobre las implicancias de la inhabilitación impuesta a la magistrada por el Congreso.
En declaraciones para La República, el fiscal interino Tomás Gálvez aclaró que nunca estuvo previsto elegir a un nuevo titular en esta reunión y negó que hubiera un proceso inmediato en marcha. Sin embargo, confirmó que la Junta retomará la discusión en enero o febrero del 2026, lo que adelanta un debate sucesorio que, en condiciones normales, recién habría empezado cuando Espinoza se acercara al final de su mandato.
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Gálvez explicó que la inhabilitación de Espinoza es temporal y no cancela su título, lo que genera un escenario jurídico complejo para designar a un reemplazo definitivo. Precisó que el colegiado debe revisar jurisprudencia y precedentes antes de decidir si corresponde cubrir la titularidad pese a que la plaza de fiscal suprema de Espinoza continúa formalmente vigente.
El magistrado enfatizó que no adoptarán decisiones apresuradas. Remarcó que la Junta tomará una determinación basándose en jurisprudencia y precedentes internos, con el fin de garantizar que el Ministerio Público mantenga decisiones ajustadas a ley.
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Tomás Gálvez confirmó que continuará como fiscal de la Nación interino tras la inhabilitación temporal de Delia Espinoza. En el diálogo, señaló que su permanencia se mantiene mientras la Junta de Fiscales Supremos retoma la evaluación del caso en los primeros meses del 2026.
El magistrado indicó que será la propia Junta la que analice la jurisprudencia y los precedentes antes de decidir si corresponde avanzar con una designación. Reiteró que no adoptarán decisiones apresuradas y que el debate continuará el próximo año.
El puesto de fiscal de la Nación puede ser ocupado por cualquiera de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales que la conforman actualmente son: Tomás Gálvez, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides. Estos tres últimos ya han ocupado anteriormente el máximo cargo del Ministerio Público.
Quien también llega a ser un posible candidato es Luis Arce, fiscal restituido por la Junta Nacional de Justicia el pasado 5 de diciembre. La restitución se produjo el mismo día en que el Congreso aprobó la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Arce mantiene cuestionamientos vigentes pese a su restitución. Fue destituido por la JNJ en 2021 tras abandonar su cargo en el JNE durante la segunda vuelta, y su nombre apareció en pesquisas del caso Cuellos Blancos. Además, afronta una denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque el Congreso archivó una acusación constitucional y el Poder Judicial rechazó suspenderlo.
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El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo los efectos de varias resoluciones del Poder Judicial que buscaban el regreso de Delia Espinoza a su cargo. La decisión frena temporalmente la restitución de la suspendida e inhabilitada fiscal mientras el TC emite su sentencia definitiva, reforzando la postura de la JNJ frente al caso.
Entre las resoluciones suspendidas se incluyen expedientes de amparo emitidos que buscaban revertir la suspensión de Espinoza tras sanciones de la JNJ. Esta medida bloquea de manera efectiva cualquier intento del Poder Judicial por reinstalarla antes de que se resuelva el fondo del proceso.
La decisión del TC mantiene a Tomás Gálvez al frente de la institución, en tanto la Junta de Fiscales Supremos adelante la discusión sobre la designación del próximo fiscal de la Nación, que podría asumir en 2026, un año antes de lo previsto por el mandato de Espinoza.
El Congreso de la República publicó en El Peruano la Resolución Legislativa 008‑2025‑2026‑CR, que inhabilita por 10 años a Delia Espinoza Valenzuela. La medida ha sido tomada como un acto de venganza por parte del Parlamento, ya que varios de los congresistas que votaron a favor de la medida presentan investigaciones abiertas en el Ministerio Público.
Esto se reflejó en la Denuncia Constitucional 528, presentada en octubre de 2024 por un grupo de legisladores que acusaba a Espinoza de presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó su informe final y el Pleno del Congreso respaldó la sanción.

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