
El expresidente Martín Vizcarra afrontará un nuevo juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de colusión (concertar con otra persona para defraudar al Estado). Por estos mismos hechos, el exmandatario fue sentenciado a 14 años de cárcel, pero por el delito de cohecho (soborno). Con la finalidad de probar la culpabilidad de Vizcarra, la Fiscalía citará a 16 testigo y 3 peritos. Además, presentará 4 testimonios de presuntos involucrados en la trama.
Entre las personas que comparecerán ante el juzgado se encuentra el exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda; su hermano y exgerente de Obras de Ingeniería S.A., Manuel Tejeda; la exasistenta de la gerencia de Obrainsa, Carmen Ríos Quintero; el extrabajador de Obrainsa, Donato Reyes Antezana; el exgerente general del Gore Moquegua, Edmer Trujillo Mori; la exasistenta de Vizcarra, Karem Roca Luque; el exconsejero del Gore Moquegua, Pablo Ramírez Delgado.
De igual manera, se convocará a los extrabajadores de Pasto Grande, Juan Valdivia, José Barrientos, Leonardo Peralta y Freddy Zeballos; el amigo y mano derecha de ICCGSA, José Hernández Calderón; el exdirector del Gore Moquegua, José Carrasco Castro; la exdirectora de Supervisión, Mercedes Cabello; y la periodista Graciela Villasis.
Por el caso Hospital de Moquegua, se tomará las declaraciones testimoniales de José Jordán Morales, gerente de finanzas de ICCGSA; Jorge Iturrizaga, gerente general de Incot; José Castillo Dibós, gerente general de ICCGSA; Rafael Granados Cueto; gerente comercial de ICCGSA.
En su calidad de testigo técnico, acudirá el experto en contrataciones del Estado, Aldo Flores Alfaro
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Los peritos que también darán sus declaraciones son Daniel Hinojosa Delgado, Luis Loyola Mantilla y Bernarda San Bartolomé.
Los hechos imputados a Vizcarra datan entre 2011 y 2014, cuando fue elegido como gobernador regional de Moquegua. Por esto, el Poder Judicial decidió condenarlo tras hallarlo culpable de haber recibido coimas por S/2.3 millones a cambio de la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Además, por estos dos casos, la Fiscalía solicitó imponer a Vizcarra una pena privativa de la libertad de 10 años, así como 303 días de multa, equivalente a S/39.990. Asimismo, la Procuraduría Ad Hoc pidió una reparación civil de S/37.9 millones.
"El acusado con su accionar colusorio buscó ocasionar un perjuicio, ya sea real o potencial, al patrimonio del Gobierno Regional de Moquegua. El dolo se plantea de la siguiente manera: El acusado, en su calidad de Presidente Regional de Moquegua, voluntariamente actuó y concertó con la finalidad de defraudar la confianza que el Estado depositó en él, esto es, actuó sabiendo de la ilicitud de sus acciones", se lee en la resolución de autoenjuiciamiento emitido por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del magistrado Víctor Alcocer.
El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha presentará como medios probatorios los testimonios de Fernando Cotrim, gerente de UNOPS. Según indica, esto ayudará a esclarecer cómo se desarrolló la licitación de Lomas de Ilo.
Además, citó a Yuddy Coaguila, jefa de asesoría jurídica de PERPG. "Su testimonio es útil porque va a declarar respecto a procedimiento, normativa y la modalidad por la cual se encargó a UNOPS la licitación pública internacional sobre el Proyecto Lomas de Ilo".
También declararán el exgerente de PERPG, José Núez Herrera; el exministro de Agricultura y Riego, Milton Von Hesse; el exdirector de la IE Miguel Grau, Nicolás Rojas; y su alcalde de secundaria, Jesús Villacorta; el representante de APAFA, Nicolás Florez; la exsecretaría de Vizcarra en el Gore, Sonia Gamarra; las consejeras del Gore, Yolanda Ccallata, Gina Valdivia, Justo Quispe, y Dianira Meza.
Además, se citará a la jefa de asesoría jurídica en el PERPG, Rossmary Silva; en gerente de San Invercon, Fernando Salinas; su representante, José Luis Paredes; el expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora; la exministra de planificación de Bolivia, Elba Caro Hinojosa; exviceministro de Tesoro Público de Bolivia, Roger Rojas Ulo.
En octubre del 2013, a pesar de no cumplir con los requerimientos técnicos, Obrainsa participó para obtener la buena pro de la construcción de la Línea n.º 1 Jaguay – Lomas de Ilo, pero lo hizo junto con la empresa italiana Astaldi, conformando el Consorcio Obrainsa Astaldi. Su oferta inicial fue de S/86.8 millones, mientras que la del Consorcio San Ivercom de S/249.1 millones.
En ese contexto, Vizcarra concertó con el exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda, para brindarle información privilegiada para obtener la buena pro del contrato a cambio del 2% del monto total de la obra (S/1.016.212,75).
Según la tesis fiscal, Vizcarra le habría indicado a Tejeda que, para poder adjudicarse el proyecto, el monto máximo a ofertar no debía exceder a S/81 millones, por ello debería bajar su oferta inicial. Luego de eso, Vizcarra tendría la evaluación de la UNOPS, quien era la encargada de recomendar si se debía aceptar la oferta o no, y luego el exgobernador de Moquegua tomaría la decisión.
La oferta final, presentada en noviembre del 2013, fue de S/80.9 millones.
Vizcarra, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, solicitó el 2% de los S/50.8 millones, correspondiente al costo directo de la obra "por el apoyo que le había otorgado, esto es, al haberle manifestado el monto máximo a ofertar, y así le puedan adjudicar la obra".
El 2 de diciembre, Tejeda recibió la llamada de Vizcarra solicitándole que le alquile una avioneta porque tenía urgencia para reunirse con personas que se encontraban en Lima y necesitaba que los trasladen a Ilo. Los costos del traslado fueron "a cuenta de lo pactado" de la coima recibida, por un total de S/35.985.
Ese dato se pudo corroborar tras el levantamiento de comunicaciones a uno de los números telefónicos que usaba Tejeda en ese entonces. Además, de la extracción de facturas almacenadas en los archivos de Obrainsa.
El 6 de diciembre del mismo año, se firmó el contrato por la construcción de la Línea n.º 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo - Moquegua.
De acuerdo con la Fiscalía, estas entregas se realizaron en dos momentos. La primera armada de S/400.000 se hizo entre el 27 de enero del 2014 y estuvo dirigido a Tobías Puertas, quien habría sido el conserje de Obrainsa en ese entonces, con la finalidad de que retire el dinero en el banco BBVA. Ese monto se lo entregó a Tejeda, personaje que se encargó de realizar el pago ilícito a Vizcarra.
Dicho dinero fue entregado en un sobre manila de tamaño A3. Se pudo corroborar dicha información con un informe pericial de examen fisicoquímico, del 12 de enero del 2022, en el que se confirmó que sí es posible introducir dicha cantidad en billetes de 200.
El mismo proceso se siguió con el segundo monto de S/600.000 entre el 4 y 7 de abril del mismo año.
En detalle, en el pago de 400.000 soles el peso del sobre manila A3 fue de 1.758 kg, mientras que en el segundo fue de 2.668 kg.
Una de las testigos, Carmen Ríos Quintero, quien se desempeñaba como asistenta de gerencia de Obrainsa, declaró que vio a Martín Vizcarra en las oficinas de la empresa cuando era gobernador de Moquegua. En su declaración del 9 de octubre del 2020, indicó a la Fiscalía que entre 2023 y 2015, Vizcarra acudió a las instalaciones para concretar una reunión con Elard Tejada. Cuando lo recibió, le preguntó quién era y se identificó con su nombre y apellido. Además, detalló la testigo, lo vio al exgobernador de Moquegua a través de las cámaras de seguridad de la empresa.
Por su parte, la secretaria de gerencia de Obrainsa, Ana Ellen, en su declaración de octubre del 2020, indicó que tuvo comunicación con Vizcarra Cornejo vía correo electrónico "en razón de la cotización para el alquiler de una avioneta de traslado de pasajeros de Lima a Ilo.
De acuerdo con la tesis fiscal, entre el 28 y 29 de noviembre del 2013, Martín Vizcarra buscó contactase con el entonces gerente de ICCGSA, Rafael Granados Cueto, a través de su mano derecha y amigo José Hernández Calderon. Esto fue con la finalidad de concertar un acuerdo ilegal o ponerse ilicitamente de acuerdo para la adjudicación de la buena pro de la contrucción del Hospital de Moquegua.
Según la Fiscalía, Vizcarra solicitó S/1.3 millones a cambio de entregar la buena pro de la construcción; caso contrario, no otorgaría su conformidad para la firma del contrato correspondiente.
Granados, tras consultarlo con el representante de ICCGSA, Javier Jordán Morales, quien a su vez lo hizo con la empresa Incot S.AC, a través de Jorge Iturrizaga, le dijo que sí a Hernández y este le comunicó la respuesta final a Vizcarra.
Pocos días después, el 18 de diciembre, se firmó el contrato con la adjudicación del proyecto.
Los pagos a Vizcarra se hicieron, de acuerdo con la tesis fiscal, en marzo entre marzo y julio del 2014 a través de Carlos Aranda Huamán, chofer de Hernández Calderon, y por este mismo entre julio del 2014 y junio del 2015.
Asimismo, entre julio y agostó del 2015, Granados Cueto entregó 30 mil dólares a Vizcarra en las oficinas de ICCGSA. En agosto del 2016 un funcionario del consorcio, Fernando Dibos le dio 60 mil dólares.

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