
Desde el 22 de octubre, el estado de emergencia fue impuesto por el presidente del Perú, José Jerí. Casi mes y medio después, los resultados son palpables: Sergio Bolaños, exintegrante de la banda criminal ‘Los Pulpos’, fue asesinado a escasas cuadras del domicilio del mandatario. El hecho ocurrió en la cuadra 9 de la avenida Brasil. El domicilio de Jerí, registrado en Reniec, se ubica en la cuadra 7 de la mencionada vía.
Según reportes preliminares, Bolaños fue asesinado tras recibir quince disparos. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, señaló que el occiso era seguido de cerca por la PNP: “La persona asesinada es nada menos que Sergio Bolaños Sarmiento, con antecedentes policiales y con operaciones en Trujillo ligadas a la minería ilegal, al secuestro y a la tenencia ilegal de armas”, indicó ante la prensa.
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De hecho, Bolaños y sus enfrentamientos con otras organizaciones delictivas ya habían sido noticia en agosto de este año. En aquel entonces, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Perú, ubicada en la ciudad de Trujillo, una banda criminal detonó un cartucho de dinamita en la vivienda del exmiembro de ‘Los Pulpos’. La explosión se sintió en varias cuadras y causó daños en más de 20 viviendas.
Hasta el momento, Jerí no se ha pronunciado sobre el suceso ocurrido a pocos metros de su domicilio. En materia de seguridad ciudadana, el presidente sostuvo que tiene controlado el aumento criminal: “El siguiente paso es disminuirlo. Pocas veces se entiende, pero es parte del trabajo responsable. Los esfuerzos de los alcaldes, del Congreso y del Ejecutivo pocas veces se han visto. Actuar en sintonía no es nada sencillo”, declaró a mediados de noviembre.
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Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, uno de cada cuatro ciudadanos afirma que la inseguridad se ha agravado desde la llegada de José Jerí al poder. Sin embargo, más de la mitad de la población —un 54%— sostiene que nada ha cambiado en materia de seguridad. Esta percepción es particularmente fuerte en Lima, ciudad que, como se mencionó previamente, permanece bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre.
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El primer decreto de emergencia introdujo diversas restricciones, entre ellas la prohibición de que dos adultos viajen juntos en motocicletas lineales. Además, se implementaron medidas para reforzar el control penitenciario: cortes de energía en celdas, eliminación de antenas clandestinas, decomiso de celulares y chips usados en extorsiones, así como la articulación de cámaras municipales con el sistema C4 de la Policía Nacional y el empleo de imágenes satelitales para vigilar las zonas más vulnerables.
Tras cumplirse los primeros 30 días, la medida fue ampliada por un periodo igual y estuvo acompañada de una solicitud del Poder Ejecutivo al Congreso para obtener facultades legislativas en materia de seguridad y lucha contra el crimen por 60 días. Pese a ello, la percepción ciudadana sobre el impacto de la ola criminal en la capital peruana no ha variado.

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