Pueblo achuar: "derrame de petróleo nos dejó sin agua ni alimentos"

En octubre del 2024, el río Pastaza, afluente del río Amazonas, se tiñó de negro tras el derrame de 40 barriles de petróleo a la altura del kilómetro 12 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano de Petroperú, en la región Loreto, cerca de la frontera con Ecuador. El hecho afectó a 11 comunidades de los pueblos achuar y kichwa del distrito de Andoas.

El crudo cubrió más de 18 mil metros cuadrados aguas abajo desde el punto donde se inició el derrame, según reportó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), una cifra superior a lo que había reportado Petroperú: 3.000 metros cuadrados.

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Los líderes indígenas del pueblo achuar señalan que su única fuente de agua son las cochas (lagunas) y el río Pastaza, pero debido al estado del afluente presentan problemas gastrointestinales; algunos niños han fallecido y otros han enfermado, y sus cultivos se han afectado porque el plátano y la yuca ya no crecen. Con la lluvia y la creciente del río Pastaza, las lagunas y chacras se contaminaron.

Elmer Kunchim Sumpinanch, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), denuncia que, según OEFA no hay contaminación en el río Pastaza, pero asegura que sí la hay en las cochas. Y además se ha producido la muerte de algunos niños. “Tras el derrame han tenido esos síntomas. Anteriormente no vivía así la comunidad”. “El Estado dice que es por la tos ferina, pero con tos ferina no sale ronchas en el cuerpo”, señala.

Según cuenta Kunchim, se ha hecho limpieza de cochas, pero “solo en algunas partes, todavía hay crudo flotando, todavía hay algunos puntos que no han hecho limpieza”.

Ante ello, a nombre de su comunidad, demanda que se haga un diagnóstico integral de la contaminación petrolera en su territorio, con participación del pueblo achuar, y se ejecute la correspondiente remediación integral, incluyendo cochas y chacras.

En Petroperú les ha respondido que no hay contaminación. “Pero nosotros vemos que sí hay contaminación porque afecta nuestras plantas, se secan nuestros sembrios de plátanos y yuca que van al mercado de las comunidades”, refiere el apu.

En tanto, un informe reciente de la Red de Salud del Datem del Marañón sobre la vigilancia sanitaria y monitoreo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en jurisdicciones en el distrito de Andoas, indica que en la mayoría de comunidades intervenidas (seis de ocho) el agua de los puntos de abastecimiento no cumple con las exigencias de calidad. Es decir, no es apta para el consumo humano.

El apu Jacob Espinar, de la Federecion Indígena Achuar del Alto Pastaza, también asegura que su tierra ha sido contaminada y que las madres sufren porque no pueden alimentar a sus hijos. Por eso pide la instalación de piscigranjas, agua potable y puestos de salud.

“Pedimos al Estado que brinde atención y alimentación, reparta víveres, haga piscigranjas para apoyar a las comunidades afectadas, pero eso no se cumple. Necesitamos que haga ese trabajo en las comunidades y también queremos que instalen agua potable en las zonas afectadas, y por otro lado queremos que los puestos de salud sean implementados y equipados y lleguen más técnicos y médicos”.

Las comunidades insisten en su pedido de atención del Gobierno, pero ante la indiferencia encontrada, han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que el Estado haga un estudio de las causas de la muerte de niños y otras afectaciones por el derrame de petróleo.

La versión de Petroperú

Según Petroperú, se realizó la atención de la población y las áreas afectadas fueron intervenidas y limpiadas, “tal como ha sido verificado por el OEFA en múltiples oportunidades”.

Asimismo, señalan que el Ministerio del Ambiente emitió la declaratoria de emergencia ambiental correspondiente, la cual dispuso un conjunto de acciones a cargo de diversas entidades del Estado. Petroperú asegura que cumplió al 100 % con las actividades asignadas, entre ellas la ejecución total de los trabajos de limpieza en el área impactada.

Al término de los 90 días de vigencia de la declaratoria de emergencia, el Gobierno Regional de Loreto, a través de un informe oficial, confirmó el cumplimiento del plan de acción inmediato y de corto plazo, incluyendo la limpieza total del área afectada.

“En ese sentido, resulta técnicamente incorrecto atribuir las excedencias de calidad del agua reportadas por la Red de Salud del Datem del Marañón a la emergencia del 3 de octubre de 2024, pues se trató de un evento puntual, de duración limitada y cuyos efectos fueron remediados, con verificación expresa de las autoridades competentes”, dijeron a La República.

Y con respecto a la calidad del agua del río Pastaza, señaló que de acuerdo con la información histórica generada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desde el 2018 se evidencia la presencia recurrente de concentraciones elevadas de parámetros microbiológicos (p. ej., coliformes), químicos (p. ej., zinc, plomo) y fisicoquímicos (p. ej., pH, oxígeno disuelto), que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ríos de la selva.

“Estas excedencias pueden responder tanto a fuentes naturales (procesos de movilización geológica, erosión y transporte de sedimentos) como a fuentes antrópicas asociadas a múltiples actividades económicas que convergen en la cuenca del Pastaza (formales, informales e ilícitas), así como al uso de fertilizantes, herbicidas y otros insumos agrícolas”.

La posición legal

Al respecto, Raquel Yrigoyen, asesora legal del Fenap y miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), señala que el problema no solo es de salud, sino de seguridad alimentaria y no hay un diagnóstico de por qué incrementó el número de muertes.

Al ser consultada si se realizó la necropsia de los fallecidos y si en alguna se encontró la presencia de metales pesados, Yrigoyen señaló que esto no se sabe y ello es parte de lo que se están solicitando. “Porque si se dan medidas cautelares, justamente el Estado queda obligado a investigar, determinar de qué se trata y dar solución inmediata”.

“El Estado se supone que se beneficia de los oleoductos, pero los pueblos nunca han visto un beneficio, no les pagan ningún tipo de subsidio. Y cuando hay estos derrames, ellos tienen que estar pidiendo como si fuera una limosna”.

Yrigoyen detalla que se ha hecho la limpieza del derrame en determinados puntos. “El reclamo que se hace a OEFA es que no se hizo una investigación de fondo, ni tampoco se hizo una investigación prolongada en el tiempo, por eso la actual denuncia es que ahora el daño se ha pasado a las plantas”.

No hay estudio de dosaje de plomo

Por su parte, el epidemiólogo Juan Carlos Celis, del hospital Regional de Loreto, refiere que estos derrames de petróleo han ocurrido reiteradamente en la Amazonía, siendo reportados desde hace muchos años, y cuando se hacen estudios del agua y el suelo, se encuentra efectivamente que hay exposición a metales pesados y que la gente termina con niveles elevados de plomo, de mercurio y de cadmio.

Señaló además que el OEFA hace estudios muy puntuales, que no se prioriza a las regiones donde está el problema de la contaminación, y que hace falta equipos y especialistas toxicólogos que traten el tema. “Ese tema lo vamos siguiendo hace muchos años y nunca veo estudios de dosaje de plomo; que sea una estrategia local, que sea una estrategia permanente, que no sea otra vez una estrategia de un mes, de dos meses, porque al final esas poblaciones siempre van a estar expuestas porque es una zona de explotación petrolera”.

Asimismo, refiere que no se puede demostrar que un niño ha muerto por plomo porque no hay un plan para dosar plomo, ni un proyecto que quede permanente. Lo que la salud pública necesita es esa información para darle a los niños de zonas contaminadas un tratamiento. Y esa es una estrategia de salud que debería hacer el Ministerio de Salud (Minsa).

La República solicitó la versión del OEFA. Se le consultó si ha hecho un estudio reciente en el río Pastaza, las lagunas y chacras para conocer el estado actual; sin embargo no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

Reportan 832 derrames de petróleo en 27 años

Al menos 832 derrames de petróleo se registraron en la selva entre 1997 y 2024, según autoridades locales, colectivos y federaciones nativas.
Y este año, en febrero, se reportaron otros dos incidentes. Uno se produjo en el distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, en el Km. 376 del Tramo II del Oleoducto Norperuano, dentro de la comunidad Shawit.
Fueron 800 barriles los esparcidos en el río Nieva, confirmó el OEFA a Mongabay.

El segundo derrame ocurrió en el Km. 385, donde 36.5 barriles de crudo llegaron hasta la quebrada Putuchip, en el mismo distrito de Nieva, a 58 kilómetros de la capital de la provincia de Condorcanqui.

Petroperú, administradora de la tubería que transporta el crudo desde la Amazonía, informó que ambas emergencias ambientales se dieron a consecuencia de atentados de terceros al oleoducto.

LA CLAVE

La congresista Ruth Luque solicitó a Petroperú atender las demandas del pueblo achuar y que se adopten medidas técnicas y operativas que garanticen la descontaminación del territorio.

Asimismo, pidió al Ministerio del Ambiente que, en su calidad de ente rector del diálogo y articulador, coordine con sectores competentes del Estado para brindar una respuesta integral e inmediata a la población afectada.