
El número es frío y parece alarmante: 41. Pero encierra drama, dolor e incertidumbre. Es la cantidad de personas asesinadas en Lima y Callao desde el 22 de octubre al 11 de noviembre. Es decir, es esos 21 días de estado de emergencia poco a nada cambió pese a las medidas decretadas por el gobierno para combatir la inseguridad.
Los asesinatos no han logrado detenerse (aún faltan registros por actualizar), de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).
La noche del lunes 27 de octubre, José Johnny Esqueche Ningles, conocido como ‘Brujito’, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en un vehículo de la empresa de transporte Liventur. El ataque ocurrió en plena avenida Néstor Gambetta, Callao.
Tres días antes, la noche del viernes otro transportista identificado como Walter Leoncio Sandoval Castro, murió atacado a tiros, también en el Callao.
De los 41 homicidios 33 fueron causados por armas de fuego, esto es el 80.5%, afirma el analista de datos, Juan Carbajal.
Una simple comparación expone lo escalofriante de las cifras de la capital: El experto señala que 21 días antes del estado de emergencia se registraron 43 casos de homicidios, 35 de los cuales fueron por armas de fuego (81.4%).
Carbajal manifestó en su cuenta de X que, en los distritos de San Martín de Porres, Ate, Puente Piedra, Villa el Salvador y Carabayllo se han registrado más homicidios durante el estado de emergencia: 25 casos (superior a los 16 sin el estado de emergencia), la gran mayoría causados con proyectil de arma de fuego esto es 23 (92%).
“Hay que precisar que en los registros del Sinadef, durante los primeros 21 días el estado de emergencia, existen 8 muertes violentas que de acuerdo al certificado de necropsia fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego pero que aparecen registradas como ‘ignoradas’, de las cuales 6 son de Lima y 2 del Callao, apunta Carbajal.
Desde hace tiempo aparece el clisé de comparar a Lima y Callao con Medellín, por su historia centrada en la década del 90, cuando esa ciudad colombiana era escenario de la guerra de los carteles en pleno auge de Pablo Escobar. Una vieja postal que nada tiene que ver con la ciudad limeña y la provincia constitucional de hoy.
Hace una semana el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo a la prensa: “En lo que va del año, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao".
Si la lupa se amplía un poco más allá se ve claramente el salto y el cambio que proporcionan las estadísticas. La violencia empezó a crecer cuando comenzaron a producirse fenómenos nuevos, que advertían que, con la violencia extrema como la extorsión, el sicariato y la trata de personas se pretendía dominar un mercado de drogas ya consolidado.
CIFRAS NEGRAS DE DENUNCIAS
Pero también hay otras cifras preocupantes. De acuerdo al último reporte del INEI (setiembre 2025), se estima que sólo el 19.1% de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia.
Es decir, afirma el ingeniero Juan Carbajal, el 80.1% no denunció siendo esto el subregistro o cifras negras de denuncias.
Explica que a nivel de Lima Metropolitana y del Callao sólo el 20.6% de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia. El 79.4% no denunció.
“El principal motivo por la cual la población que fue víctima de algún hecho delictivo y que no presentó la denuncia es porque considera que es una pérdida de tiempo: a nivel nacional el 44.7% y en Lima/Callao el 49.2%” analiza Carbajal.
Según el reporte del INEI, hay un incremento en la proporción de denuncias registradas pasando de 16.8% a 19.1% a nivel nacional y de 17.8% a 20.6% en Lima/Callao.
“Sin embargo, la brecha aún es altísima en cuanto a la población que no denuncia por diferentes razones. La existencia de una cifra negra de denuncias elevada es un obstáculo importante para el diseño de políticas públicas efectivas en materia de seguridad, ya que las decisiones se basarían en ‘datos oficiales’ incompletos”.

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