Congreso: APP retrocede y retira proyecto de ley que buscaba deducir impuestos por extorsión

Hace unos días, desde el Congreso de la República se dio a conocer una de las decisiones más impopulares del año: el proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso), que buscaba permitir la deducción de impuestos a las empresas que hayan sido víctimas del delito de extorsión. Tras recibir múltiples observaciones y críticas por parte de la ciudadanía, la iniciativa fue finalmente retirada.

Mediante un oficio enviado por el expresidente del Congreso y actual vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se oficializó el retiro de la propuesta ante el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno.

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Antes de ser retirada, la medida se viralizó y generó un amplio rechazo entre ciudadanos y especialistas, quienes consideraban que el proyecto buscaba “legalizar” un delito. Uno de los expertos que criticó la iniciativa fue el abogado tributarista y docente de la Universidad de Lima, Luis Picón. El letrado explicó que la propuesta era inviable, ya que, para que un gasto sea deducible, debe sustentarse con un comprobante de pago y un registro bancarizado, lo cual resulta absurdo en casos de extorsión.

“(La propuesta) parte de la premisa de que las empresas formales, que pagan el Impuesto a la Renta, son las que sufren extorsiones. Sin embargo, esto desconoce la realidad, pues la mayoría de las víctimas son negocios informales. Incluso si se tratara de una empresa formal, sería imposible verificar el gasto al que se hace referencia”, declaró a este medio.

El proyecto de ley en detalle

La iniciativa de Jon Tay proponía que las personas afectadas por extorsiones pudieran deducir los pagos realizados a delincuentes del Impuesto a la Renta. Para acceder a este beneficio, las víctimas debían presentar una declaración jurada acompañada de pruebas documentales que acrediten el delito. No obstante, la norma no especificaba los mecanismos para verificar la autenticidad de dichas pruebas y solo señalaba que la SUNAT sería el ente encargado de determinar su veracidad. Además, se establecía que la presentación de información falsa sería sancionada penalmente.

El documento precisaba que la medida buscaba permitir a los contribuyentes acreditar las pérdidas extraordinarias ocasionadas por la extorsión mediante una declaración jurada con firma legalizada. Según Jon Tay y los congresistas firmantes, el objetivo principal era brindar una herramienta que proteja la seguridad, la vida y la integridad de las víctimas y sus familias.

En su programa 'Sin Guion', la periodista y abogada Rosa María Palacios explicó que los mecanismos propuestos por el congresista ya existen en la legislación vigente. “Si revisan la ley del Impuesto a la Renta, esto ya está contemplado. Si una empresa sufre una pérdida extraordinaria producto de un delito no cubierto por indemnizaciones, puede imputarlo como pérdida. Pero esta debe estar declarada judicialmente. Lo que busca el congresista es que, con una sola declaración, se exonere el pago del impuesto a la renta”, señaló.

Congresistas y exministros rechazan la norma

Fuera de la bancada de APP, varios legisladores expresaron su rechazo a la propuesta de Jon Tay. En declaraciones a La República, Juan Burgos (Podemos Perú) afirmó que esta iniciativa sentaría un precedente negativo en la lucha contra la criminalidad y afectaría la imagen del país ante la comunidad internacional.

“Es un pésimo proyecto. No soluciona el problema de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se comprobarían las extorsiones? La SUNAT otorgaría exoneraciones que no podrían regularse adecuadamente. Además, estaríamos legitimando las extorsiones y enviando al mundo el mensaje de que el Perú es incapaz de enfrentar al crimen organizado, convirtiéndose, en la práctica, en su recaudador”, señaló a este medio.

La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) también opinó sobre el proyecto: "Cómo vamos a saber la cantidad y realmente es absurdo porque promovería la evasión de impuestos. Es casi imposible probar lo que se pagó, los delincuentes no dan factura", señaló.

Por su parte, exintegrantes del Consejo de Ministros también se pronunciaron sobre la propuesta del exlegislador fujimorista. El exministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, advirtió que aprobar una medida de este tipo permitiría que la criminalidad gane espacio institucional. “Convertir las extorsiones en gastos deducibles sería un grave retroceso. El Estado no puede normalizar el delito ni asumirlo como parte del sistema tributario. Hacerlo equivaldría a reconocer que la criminalidad ha ganado terreno y que, ante su avance, la respuesta del Estado es rendirse y financiar al crimen organizado con dinero público”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Una posición similar expresó la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, quien consideró que esta propuesta generaría un gasto innecesario al Congreso de la República debido a su inviabilidad. “¿A quién se le ocurre proponer una ley para descontar del Impuesto a la Renta lo que se paga por extorsión? ¿Quieren legalizar el delito? Pido a los firmantes de este proyecto que lo retiren para evitar gastos innecesarios al Congreso”, manifestó también a través de X.