
El ministro de Transportes, César Sandoval, minimizó las acusaciones contra Dina Boluarte calificándolas de "anécdotas", luego de que el Tribunal Constitucional ordenara que no sea investigada hasta que termine su mandato.
"Felicito que esta interpretación ponga de manifiesto a quienes tienen algunos tipos de interés de distraer al gobierno de su objetivo que es la consolidación democrática del país y garantizar un proceso electoral limpio y transparente", dijo a la prensa.
"El caso 'Rolex' ha sido archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y no es un delito, no lo iba a ser. El resto como el 'cofre' y la 'cirugía', son anécdotas", agregó.
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Entre los casos que involucran a la jefa de Estado desde que ocupó el sillón presidencial se encuentran: el caso Rolexgate, Cofre, cirugías y muertes en protestas por un conjunto de presuntos delitos.
En el primer caso, de acuerdo con la tesis fiscal, la jefa de Estado habría recibido tres relojes Rolex, una pulsera Bangle y aretes de oro por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con la finalidad de obtener supuestos favores políticos. El Ministerio Público investiga a la presidenta por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, en mayo de este año, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia presentada por la fiscal de la Nación.
Por otro lado, en el caso Cofre, la Fiscalía investiga a la mandataria por el presunto delito de encubrimiento al prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el sur del país en febrero del 2024 con el uso indebido del vehículo presidencial. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final que recomienda la vacancia contra Boluarte.
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Mientras tanto, el Ministerio Público también lleva las indagaciones de las cirugías a las que se habría sometido la presidenta en junio del 2023 en la clínica Cabani. De acuerdo con la tesis fiscal, Dina Boluarte habría abandonado su cargo durante la intervención quirúrgica sin comunicar al Congreso. Por este caso, la Fiscalía investiga a la presidenta por el supuesto delito de omisión de funciones y abandono del cargo.
En tanto, la mandataria también es investigada por los presuntos delitos de lesiones graves y leves por las muertes en protestas contra su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, en las que más de 50 peruanos perdieron la vida. Según la Fiscalía, estos hechos ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

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