
En pleno discurso presidencial por 28 de julio, Dina Boluarte se refirió a las muertes ocurridas en su Gobierno producto de la represión estatal contra los manifestantes entre 2022 y 2023. Lejos de hacer autocrítica, la presidenta optó por señalar que estos eventos fueron parte de una disrupción por parte de grupos minoritarios y que obedecían a un discurso en su contra.
"Mi gobierno no tuvo paz ni tregua. Desde el inicio, enfrentamos una ofensiva violenta. La primera etapa de nuestra gestión estuvo marcada por una convulsión política que provocó significativas pérdidas económicas para el país. Se construyó una narrativa, un relato, en el cual los golpistas eran presentados como víctimas, y quienes luchamos por recuperar el orden constitucional democrático, para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos, fuimos retratados como victimarios. Los golpistas, en su afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron afectar la imagen internacional de nuestro país", indicó.
Boluarte aseguró que estos sucesos no le generan culpa y que en su momento "la historia la pondrá en su lugar". Obviando así que, durante estas protestas, hubo casi 50 fallecidos, según indicaron los registros de la Defensoría del Pueblo.
"Sin embargo, el tiempo, la historia y la justicia ponen a cada quien en su lugar, revelando su verdadero rostro y sus verdaderas intenciones. A la crisis y la violencia política —promovida y organizada por grupos minoritarios durante los primeros meses de 2023— se sumaron fenómenos naturales, como el ciclón Yaku, que afectó a miles de compatriotas y dejó una secuela de destrucción, en un panorama de emergencia que se agravó con las intensas lluvias", señaló.
En un acto de memoria y protesta simbólica, familiares de víctimas de la violencia estatal en el Perú se congregaron en el Cerro San Cristóbal. Esta movilización incluyó a parientes de personas fallecidas en distintos momentos de la historia reciente: durante el conflicto armado interno, las manifestaciones contra Manuel Merino y las protestas en rechazo al régimen de Dina Boluarte entre 2022 y 2023. La acción se llevó a cabo coincidiendo con las celebraciones por Fiestas Patrias, como una forma de recordar que, mientras se festeja, también persisten demandas de justicia.
Acompañados por retratos de sus seres queridos y portando banderas del Perú, los manifestantes buscaron visibilizar una lucha que aún no ha terminado. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respaldó la jornada, remarcando que existe una deuda histórica con las familias afectadas por la represión estatal. Esta expresión pública de dolor y resistencia intentó resonar más allá del espacio simbólico del cerro, proyectando sus mensajes hacia una sociedad que muchas veces mira hacia otro lado.
El contexto de esta protesta le otorgó un carácter aún más significativo: tuvo lugar apenas unas horas antes del discurso por 28 de julio de la actual presidenta. Entre quienes se manifestaron estaban los familiares de las 49 víctimas civiles que, según la Defensoría del Pueblo, murieron durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. “En estas Fiestas Patrias, recordamos que el Perú también enfrenta heridas abiertas y memorias vivas que exigen respuestas”, publicó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en su cuenta de X (antes Twitter).

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