
La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Según el Ministerio Público el exmandatario habría encabezado una red criminal con participación de legisladores y altos funcionarios, con el objetivo de captar votos parlamentarios a cambio de beneficios desde el Ejecutivo.
Asimismo, se encuentran involucrados congresistas del partido Acción Popular conocidos como 'Los Niños', entre ellos Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos. A varios de ellos se les imputa haber cometido delitos como organización criminal, tráfico de influencias o cohecho pasivo impropio. También figuran Karol Paredes y Carlos Alva, por presunta participación en organización criminal.
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Además, el Ministerio Público ha incluido en su acusación a congresistas del Bloque Magisterial, como Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza, quienes han sido señalados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
De igual modo, la denuncia alcanza además a los exministros Juan Francisco Silva (Transportes y Comunicaciones), Jorge Luis Prado (Producción) y Betssy Chávez (Trabajo), por delitos como colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
De acuerdo con la Fiscalía, esta presunta red criminal habría operado desde el Gobierno de Castillo para manipular procesos de contratación pública en sectores clave como Transportes, Vivienda, Producción, y Saneamiento y el esquema también habría alcanzado organismos descentralizados como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos, los cuales habrían sido instrumentalizados para pagar favores políticos a congresistas a cambio de respaldo en el Parlamento.
El caso 'Los Niños' involucra a una supuesta red criminal integrada por congresistas que habrían negociado sus votos en el Parlamento para blindar al entonces presidente Pedro Castillo y a su gabinete frente a mociones de vacancia y censura. A cambio de ese respaldo político, estos legisladores habrían accedido al control de ministerios y entidades públicas, lo que les habría permitido influir en decisiones estatales y obtener beneficios personales.
Las investigaciones apuntan a que esta organización operaba de forma estructurada, otorgando poder y privilegios a sus integrantes a cambio de lealtad. Esta dinámica habría facilitado que Castillo y su entorno consolidaran el control de diversas instituciones públicas, para asegurar así su permanencia en el poder y favoreciendo intereses particulares.

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