
La Sexta Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial confirmó la vigencia de la prisión preventiva impuesta contra Andrés Hurtado Grados, conocido mediáticamente como ‘Chibolín’, quien es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. La Sala, conformada por los jueces superiores, María del Carmen Rojjasi Pella, Mercedes Chamorro García y Janet Morales Deza, rechazó la apelación presentada por su defensa técnica y ratificó la medida por un plazo de nueve meses.
Según la tesis fiscal, Hurtado habría ofrecido interceder ante la Superintendencia Nacional de Migraciones para agilizar un trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del ciudadano Roberto Siucho Neira, a cambio de beneficios personales. Entre los señalamientos, se le atribuye la recepción de US$10,000 y un vehículo de alta gama, presuntamente entregados como retribución por dicha gestión.
PJ rechaza apelación y ratifica prisión preventiva.
En tanto, la defensa de Chibolín argumentó que no existen pruebas suficientes que justifiquen la medida, que los bienes recibidos fueron donaciones para obras sociales, y que su patrocinado cuenta con arraigo familiar y laboral. Además, cuestionó la proporcionalidad de la prisión preventiva, y dijo que otros implicados enfrentan medidas 'menos gravosas'. No obstante, el tribunal determinó que no se han presentado nuevos elementos que desvirtúen los fundamentos iniciales.
Por lo tanto, en la resolución, el colegiado se ratificó en que la prisión preventiva sigue siendo idónea, necesaria y proporcional, debido a la gravedad del delito imputado, el riesgo procesal y la insuficiencia del arraigo acreditado. Asimismo, resaltó que el proceso continúa activo y que se han realizado nuevas diligencias que refuerzan la imputación, como pericias de audios y declaraciones testimoniales.
Con esta decisión, Hurtado Grados continuará en prisión hasta el 18 de septiembre de 2025, fecha en que vence el plazo de la medida. El caso sigue en etapa de investigación preparatoria a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Desde el penal de Mujeres de Chorrillos, Elizabeth Peralta participó en una audiencia virtual este 7 de julio, en la que volvió a defender su inocencia en el marco del caso ‘Chibolín’. Visiblemente afectada, afirmó que el acta usada como prueba fue manipulada con agregados visibles y pidió que sea excluida del expediente. Además, cuestionó el rol del Ministerio Público, al que acusó de no actuar con objetividad y de vulnerar su derecho a una defensa justa.
La fiscal, suspendida de sus funciones y procesada por cohecho y tráfico de influencias, solicitó al juez César San Martín que tome en cuenta su testimonio. Su caso ganó relevancia tras las acusaciones de haber recibido un millón de dólares a cambio de facilitar la devolución de oro a una empresa vinculada a Javier Miu Lei. El Poder Judicial aún revisa los alegatos y podría pronunciarse pronto sobre su situación legal.

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