
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que rechaza de forma rotunda el proyecto de ley que propone conceder amnistía a policías, militares, comités de autodefensa y funcionarios del Estado involucrados en casos del conflicto armado interno (1980‑2000), ya sea por falta de sentencia firme o por tener más de 70 años.
"Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción o que excluyen de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales", señala el comunicado de la CIDH, y subrayó que ninguna norma puede obstaculizar la justicia en crímenes graves
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El proyecto fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Según sus impulsores, liderados por congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, la norma busca poner fin a procesos judiciales prolongados y reconocer la labor de quienes, según ellos, defendieron al país en la lucha contra el terrorismo
Sin embargo, la CIDH advierte que esta iniciativa choca con estándares internacionales ratificados por el país. En particular, hace eco de sentencias en casos como Barrios Altos, en el que la Corte Interamericana declaró que las leyes de amnistía que impiden investigar, juzgar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos son inadmisibles. Solicitan al Estado peruano que "derogue los artículos de la reforma aprobada que sean contrarios a estándares interamericanos sobre derechos humanos".
Organismos nacionales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y congresistas de oposición, como Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) han advertido que la amnistía podría impedir justicia para las víctimas. Además, señalan que la falta de precisión en la definición de hechos vinculados al terrorismo crea un marco de impunidad latente .
Cerca de la medianoche del último jueves, el Pleno del Congreso dio luz verde, en primera votación, a la controvertida ley de amnistía destinada a beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Nacional investigados o condenados por delitos cometidos durante el periodo del conflicto armado interno.
La norma fue incluida en la agenda del Pleno de forma acelerada, gracias a un acuerdo en la Junta de Portavoces, y pasó de ser un proyecto a un dictamen aprobado en menos de tres días.
El principal promotor de esta medida fue el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, quien justificó la norma afirmando que los procesos judiciales son demasiado extensos y que con esta ley se busca acabar con lo que calificó como una persecución injusta contra los efectivos.
Por su parte, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) advirtió a través de sus redes sociales que esta ley podría abrir la puerta a la impunidad en casos emblemáticos como Cashahui, Manta y Vilca, El Frontón, Putis, Accomarca, Cayara, entre otros, en los que efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Nacional fueron responsables de crímenes graves.

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