Empresa de limpieza pública cometió fraude en compra de terreno

En segunda instancia judicial fue ratificada la sentencia contra Karen Pasco Flores, gerente general de la empresa Industrias Argüelles Servicios Generales, contratista de limpieza pública de varios distritos limeños.

La comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima), acusó a Karen Pasco de haber confabulado con el exdirigente Abel Mosquera Ortíz, la compra-venta fraudulenta de un predio de 10.000 hectáreas a un valor subvaluado de S/600.000, terreno que Industrias Argüelles ha destinado a un relleno sanitario.

Al descubrirse el hecho, el líder comunal Santiago Guardamino Gonzáles, a nombre de los campesinos de Quipán, inició acciones legales contra Industrias Argüelles, Karen Pasco y Abel Mosquera. Lamentablemente, el 24 de marzo de 2024, Guardamino fue asesinado por un sicario en Carabayllo, donde residía. Era un intento por quebrar, zozobrar, hundir el proceso.

Pero el homicidio de Guardamino no impidió que el 6 de noviembre de ese mismo año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta, a cargo de la magistrada Gloria Casas Quispilay, condenara a la gerente general de Industrias Argüelles. Por facilitar la adquisición fraudulenta del terreno, recibió una condena de 4 años de prisión suspendida como coautora del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica.

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Sentencia condenatoria ratificada

El fallo señala que Karen Pasco Flores, actuando como gerente general de Industrias Argüelles, y en beneficio de esta empresa, contribuyó con el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, facilitándole la consumación de la venta del predio con documentos fabricados.

Desde que La República inició la investigación del caso, la defensa tanto de Industrias Argüelles, como de su propietario, Aniceto Argüelles Loayza, siempre alegaron haber comprado “de buena fe” las 10.000 hectáreas de la comunidad de Quipán. Es decir, que desconocían que las actas suscritas por los comuneros autorizando a Abel Mosquera la venta del predio, eran un burdo montaje.

Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, confirmó la sentencia condenatoria de la jueza Gloria Casas Quispilay, en el sentido de que la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, tuvo una activa participación en la compra fraudulenta del terreno de la comunidad de Quipán. Los campesinos jamás autorizaron a Abel Mosquera a hacer el negocio.

Los jueces Rubén Durán Huaringa, Luis La Rosa Paredes y Elizabeth Huaricancha Natividad, de la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria, rechazaron la apelación interpuesta por Karen Pasco Flores y ratificaron el fallo condenatorio por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica.

Miguel Meza Morán, abogado de la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que presentó un recurso ante la última instancia.

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La defensa no está de acuerdo

“La compra se hizo de buena fe, puesto que en aquel entonces la comunidad campesina (de Quipán) cumplía con los requisitos para celebrar la adquisición. Es nuestro derecho agotar la última instancia, e incluso ya hemos presentado el recurso pertinente ante la instancia que corresponde, en aras de que se administre justicia, puesto que la gerente de la empresa no tiene responsabilidad penal en cuanto a los hechos materia del proceso. Nos encontramos en la espera de la decisión final”, explicó el letrado Meza.

El abogado Miguel Meza Morán reiteró en que su cliente es inocente respecto a las imputaciones de la fiscalía.

De acuerdo con las resoluciones judiciales, el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortiz (cuya condena ha sido ratificada en este caso por la Corte Suprema), indujo a los campesinos a firmar una autorización para tramitar un cobro, documento que luego manipuló como una delegación de facultades para vender las 10.000 hectáreas. Seguidamente, elaboró una falsa acta de una asamblea comunal en la que se declaraba una inexistente voluntad de vender el predio a Industrias Argüelles.

Según la sentencia judicial de primera instancia ratificada por la Sala de Apelaciones, Mosquera recibió ayuda de la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, para fraguar los documentos para ejecutar la compra-venta del terreno.

“La acusada Karen Pasco Flores, en su calidad de gerente general de la empresa Industrias Argüelles, valiéndose de (trabajadores de su empresa), proporcionó al acusado Abel Cruz Mosquera Ortíz la información que se hizo constar en el documento falso”, se precisa en la sentencia.

“La información está referida a las características físicas y de ubicación del área de terreno de la Comunidad Campesina de Quipán, que iba a ser materia de transferencia, así como la información del precio y la forma de pago. (…) Cabe indicar que esta información técnica fue utilizada por el acusado Abel Mosquera Ortíz para la elaboración del aludido documento falso”, resalta la resolución judicial.

La sentencia dejó constancia que Karen Pasco actuó deliberadamente en connivencia con Abel Mosquera. Sabía que este había fabricado todos los documentos: “La concertación dolosa entre Karen Pasco Flores y Abel Mosquera Ortiz se pone de manifiesto en virtud de lo siguiente: el personal contratado por la Empresa Industrias Argüelles, sin contar con autorización alguna, ingresó a los terrenos de la Comunidad Campesina de Quipán y levantó información catastral y topográfica de un terreno de 10,000 hectáreas, de lo cual tuvo pleno conocimiento el imputado Abel Mosquera, quien según su propia afirmación, no informó de ello a la Asamblea Comunal de la Comunidad Campesina de Quipán”.

El asesinato de Santiago Guardamino no ha impedido que se conozca la verdad de lo que sucedió.

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Procuraduría de la Sunarp intervino

• La Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se acreditó como agraviada en el juicio contra Karen Pasco Flores.
• El procurador señaló que “la conducta de la imputada (Pasco) consiste esencialmente en haber insertado declaraciones falsas en un instrumento público, lo que ha causado perjuicio a la Sunarp”.
• “(Para esta Procuraduría) procuraduría se ha demostrado el carácter doloso, se ha demostrado la conducta desplegada por ambos coimputados (Pasco y Mosquera”, se resalta en la sentencia.