"Están buscando la impunidad": Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos sobre ley anti ONG

Francisco Choccña Palomino siente que la historia vuelve a repetirse. Su pueblo, Cayara, una comunidad marcada por la masacre de 1988, estaba en camino a la reconciliación, pero la reciente aprobación de la ley que limita el financiamiento y la labor de las ONG ha reabierto la herida. "Es como si el Congreso nos echara un galón de gasolina para quemarnos a todos con esta nefasta ley", lamenta.

Para él, la lucha por justicia ha sido larga y dolorosa. Sin el apoyo de organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), las familias de las víctimas seguirían buscando respuestas en la oscuridad. "Si no fuera por ellos, nunca encontraríamos paz, ni siquiera esos huesitos que hemos logrado recuperar", dice con voz firme a La República.

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La nueva ley otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) el poder de fiscalizar y sancionar a las ONG, además de impedir que estas financien procesos judiciales contra el Estado. Para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, esto significa un retroceso peligroso.

Una incertidumbre que asfixia

Rigoberto Apari también teme por el futuro de su búsqueda de justicia. Su madre fue torturada y asesinada hace más de 35 años en la localidad de Caraya, y aún no ha logrado obtener una reparación. "Hasta hoy seguimos luchando, pero con esta ley nos dejan desamparados", dice.

Su preocupación va más allá del acompañamiento legal. Hace poco, algunos responsables de la masacre de Cayara recibieron sentencias de 8 y 15 años de prisión, pero ahora teme que el fallo pueda ser revertido. "¿En qué queda nuestro caso?", se pregunta. "Si hasta ahora el Estado no ha podido llegar a Cayara para cerrar esta herida, peor será con esta ley".

El acceso a la justicia ha sido históricamente desigual, y la posibilidad de pagar abogados privados es un lujo que muchas de estas familias no pueden permitirse. "Nosotros no estamos en capacidad de asumir esos costos", reconoce Apari.

Un llamado a los congresistas

Desde Ayacucho, Cipriana Huamaní Ananpa sigue esperando noticias de su esposo, Rigoberto Tenorio Roca, un suboficial del Ejército desaparecido en 1984 tras ser detenido por la Marina de Guerra. Durante cuatro décadas ha criado sola a sus ocho hijos y ha tocado puertas en busca de la verdad.

"Mi esposo lo único que quería era servir a su patria", recuerda. La aprobación de la ley la llena de rabia e impotencia. "Nos están quitando la única defensa que teníamos. Hago un llamado a los congresistas: ¿si pasaran por lo mismo que nosotros también levantarían la mano? Pónganse en nuestro pellejo".

La memoria en riesgo

Marly Anzualdo Castro no tiene dudas: esta ley solo favorece a quienes buscan la impunidad. Su hermano, Kenneth Ney Anzualdo Castro, desapareció en 1993 tras ser secuestrado por agentes del Servicio de Inteligencia y llevado al "Pentagonito". Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarlo.

"Esta ley nos muestra que quieren borrarnos la memoria", señala con indignación. Para ella, no se trata solo de perder apoyo legal, sino también el acompañamiento emocional que brindan las ONG. "Nos ayudan a sostenernos, a compartir nuestra historia con otras familias que han pasado por lo mismo".

Las voces de los familiares resuenan con un mensaje claro: sin la labor de las organizaciones que los han acompañado durante décadas, el acceso a la justicia se vuelve una quimera. La impunidad, en cambio, se afianza.