Mesa Directiva contrata ad honorem a Humberto Abanto y Aníbal Quiroga para defender ley de impunidad ante el TC

Mediante un acuerdo de la Mesa Directiva se autorizó la participación ad honorem de los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Humberto Abanto, con el fin de reforzar la defensa del Congreso en procesos de inconstitucionalidad contra las leyes 32107 y 32130. La primera relacionada a la prescripción de delitos de lesa humanidad; la segunda, permite que la Policia Nacional del Perú inicie investigaciones preliminares en desmedro del ejercicio del Ministerio Público. Ambas legislaciones han llevado a que el Ministerio Público las demande por inconstitucionalidad.

El acuerdo se ampara en la normativa interna del Congreso. Según el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Parlamentario, corresponde al Área de Defensa de las Leyes garantizar la constitucionalidad de las normas impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el artículo 33 del Reglamento del Congreso otorga a la Mesa Directiva la autoridad para dirigir administrativamente al órgano legislativo.

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¿Cuál es el contenido de las leyes demandadas por el Ministerio Público?

La ley 32107, presentada por Renovación Popular y Fuerza Popular, pretende que se declare prescrita la acción penal en casos de crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

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En su versión original, el proyecto de ley argumentaba haciendo referencia a la “Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad” y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, asegurando que ambos fueron aprobados en 2001 y entraron en vigencia en 2002. Con base en ello, se busca que todas las sentencias dictadas por estos delitos antes de dichas fechas se extingan o se declaren nulas, ya que el Código Penal no contempla los términos “lesa humanidad” ni “crímenes de guerra” y establece que todos los delitos prescriben a los 20 años de haberse cometido.

Por su parte, la ley 32130 permite que sean los efectivos policiales quienes inicien la investigación preliminar contra los detenidos, en lugar de que lo haga el Ministerio Público. Para ello, se plantea un cambio en el Código Penal. “La Policía será quien emita un informe técnico que se enviará al fiscal para que éste decida formalizar o archivar el proceso. Esta medida permitirá agilizar los procesos al posibilitar que la Policía actúe de manera independiente”, defendía entonces Waldemar Cerrón el proyecto.

¿Quiénes son Humberto Abanto y Aníbal Quiroga?

Los abogados constitucionalistas Humberto Abanto y Aníbal Quiroga han sido designados por el Congreso del Perú para esta tarea. Ambos letrados han sido reconocidos por su labor en el ámbito del derecho y la política en los últimos años.

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Abanto ejerció la defensa de algunos implicados en la cúpula fujimorista en el caso Cocteles, como Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Herz. De manera más reciente, ha defendido a Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, implicado en el caso Rolex y en investigaciones por presuntos enriquecimientos ilícitos. Su estrategia de favorecer interpretaciones flexibles de la ley, en ocasiones para desestimar procesos penales, ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que reclaman mayor rigor y transparencia en la actuación legal.

Por otro lado, Quiroga ha sido criticado por su papel en la defensa de figuras controvertidas, como la fiscal Patricia Benavides. Anteriormente, cuestionó la exoneración de Salvador del Solar en el cierre del Congreso de 2019, argumentando que el exprimer ministro sí asumía responsabilidad en aquella ocasión. Asimismo, ha sido abogado defensor de Juan Rivero Lazo, general en retiro del Ejército Peruano, quien fue denunciado por delitos de lesa humanidad.