
El vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, se victimizó ante las acusaciones en su contra por supuestos sobornos recibidos durante su gestión como director ejecutivo del programa alimentario Qali Warma, hoy Wasi Mikuna, entre los años 2019 y 2022. Cabe recordar que Carlos Guillén, personaje cercano a la mandataria, habría sido grabado en un audio por una colaboradora eficaz del Ministerio Público en el que se le escucha decir que Hinojosa habría recibido más de 250 mil soles a modo de sobornos por parte de Carlos Castro Yangali y así obtener los contratos.
"Soy un objetivo político de quienes pretender atacar a la presidenta (Dina Boluarte) (...) el programa Qali Warma adquiere los alimentos a través de un proveedor y ese proveedor es libre de contratar con cualquier productor, el programa no interfiere en ese proceso", dijo Hinojosa a Cuarto Poder.
El vocero presidencial es señalado por la Fiscalía de la Nación como supuesto responsable de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio en agravio del Estado y organización criminal, junto a otros 20 investigados del caso.
De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría operado bajo un mecanismo de coimas a funcionarios y trabajadores públicos del programa Qali Warma adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
El Poder Judicial dispuso la eliminación del secreto bancario de Fredy Hinojosa, del ya fallecido empresario Nilo Burga y de sus familiares, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso Qali Warma. Se les acusa de presuntos delitos como colusión agravada, tráfico de influencias, cohecho, entre otros.
Según la fiscalía, Hinojosa habría sido una figura central en una presunta organización criminal que buscaba beneficiar a la empresa Frigoinca con contratos del programa de alimentación escolar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Como parte de las investigaciones, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima afirma que la presunta organización criminal estaba compuesta por 14 personas, cada una con roles específicos, con el objetivo de generar ganancias ilícitas para la empresa Frigoinca.
Esto se habría realizado a costa de la salud y el bienestar de los niños más vulnerables del Perú. Además, se señala que esta red operaba a nivel nacional bajo un mismo patrón de actuación, causando daño a la administración pública.

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