Dina Boluarte tiene en su manos la ley que delega investigación de delitos a la Policía
Esta ley tiene como objetivo otorgarle a la Policía Nacional del Perú las facultades de investigación preliminar sin ser necesaria la presencia de la Fiscalía.
La ley inconstitucional que propone el Congreso de la República ya se encuentra en manos de la presidenta Dina Boluarte, según informó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. Esta ley propone restarle facultades al Ministerio Público y otorgárselas a la Policía Nacional para la investigación de delitos de manera preliminar.
Ante el panorama tormentoso que vivimos en el país, donde las extorsiones están cada vez más presentes y los escándalos de corrupción que vemos diariamente en las noticias, se suma el paro de transportistas debido a esta ola de inseguridad ciudadana. Ante ello, la congresista Juárez declaró que esperaba que la ley no sea observada.
“Hoy día acabo de firmar la autógrafa en donde se le devuelve a la Policía la facultad en materia de investigación, está yendo al Ejecutivo. Esperemos que la presidenta no la observe y pueda ser publicada rápidamente”, informó en una entrevista a RPP.
Ahora la aprobación de la ley se encuentra en manos de la presidenta. Foto: difusión
Ley es considerada inconstitucional
Esta ley que modifica el Código Procesal Penal, otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la responsabilidad de liderar las investigaciones preliminares de delitos. Esta modificación establece que la PNP podrá realizar diligencias de investigación bajo la supervisión jurídica del Ministerio Público, lo que ha generado tanto apoyo como oposición entre los legisladores y diversas entidades, incluido el propio Ministerio Público, que ha manifestado preocupaciones sobre la constitucionalidad de esta reforma.
Los defensores de la ley, como algunos congresistas de la bancada de Fuerza Popular, argumentan que esta medida es necesaria para combatir el aumento del crimen en el país, y consideran que devolver a la PNP esta función es un paso hacia la mejora del sistema de justicia. En contraste, opositores como la congresista Glady Echaíz sugieren que cualquier modificación a las competencias del Ministerio Público debería contemplar un cambio constitucional previo, destacando la importancia de la separación de poderes.
Ministerio Público se ha mostrado en desacuerdo
El Ministerio Público ha expresado su inquietud, afirmando que esta nueva legislación podría socavar su autonomía al permitir que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tenga acceso a todas las investigaciones. Este hecho podría generar conflictos de interés, especialmente si se trata de investigaciones que involucren a funcionarios del gobierno. Además, la Junta de Fiscales Supremos ha señalado que la ley contradice principios fundamentales de la separación de poderes, y anticipa que, si es promulgada, se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La implementación de esta ley plantea también retos operativos. La posibilidad de que la PNP conduzca investigaciones sin la supervisión del Ministerio Público podría llevar a decisiones arbitrarias sobre a quién investigar y a quién no, afectando así la imparcialidad de las investigaciones. Las repercusiones de esta modificación podrían poner en riesgo no solo la independencia de la PNP, sino también la confianza pública en el sistema de justicia, lo que se traduce en un escenario complicado para el mantenimiento del estado de derecho en el país.
