Declaratoria de emergencia es una respuesta política que no tendrá ningún efecto, afirman expertos

Ante el paro de transportistas por la ola de extorsiones que vienen recibiendo, el Gobierno de Dina Boluarte decidió declarar en estado de emergencia por 60 días 11 distritos de Lima y a Ventanilla; no obstante, esta medida sería ineficaz, insuficiente y respondería a puro interés político, de acuerdo a las declaraciones que dieron para La República la congresista Susel Paredes, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza y la congresista no agrupada Ruth Luque.

Los tres expertos coinciden que la salida de las Fuerzas Armadas en las calles, medida que ha sido adoptada en respuesta a la creciente extorsión en diversas ciudades, no representan una solución óptima ni efectiva para este tipo de delincuencia. Los delitos de extorsión, que suelen ejecutarse de manera clandestina a través de llamadas y mensajes, requieren de respuestas más enfocadas en la inteligencia y tecnología, no de una demostración de fuerza visible.

Salida de las FF. AA. son una respuesta política y simbólica al fenómeno de la inseguridad, afirma exministro Wilfredo Pedraza

Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, esta medida es insuficiente para combatir la creciente inseguridad y la extorsión que afectan no solo a los distritos señalados sino a las principales ciudades del país.

"La situación vinculada a las extorsiones no es un asunto de 11 distritos, sino de las principales ciudades del país", explicó Pedraza. Según él, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ya implementada en otras ocasiones en Trujillo y Callao, no tiene impacto en la prevención de los delitos, que se cometen mayoritariamente de manera clandestina. "Es una manera de responder simbólicamente al fenómeno de la inseguridad", añadió.

Este tipo de delincuencia, que incluye extorsiones ejecutadas a través de llamadas y mensajes, parece sobrepasar los métodos tradicionales de patrullaje. La medida también es vista como una maniobra que compromete la imagen de las Fuerzas Armadas al emplearlas en contextos inadecuados para su función.

Pedraza también señala las recientes protestas de ciudadanos, empresarios formales e informales, como un indicativo claro de la gravedad del problema. "Es un tema bastante sensible que el gobierno debería enfrentar de manera real", afirmó. Asimismo, sostuvo que la situación pone en entredicho la permanencia del ministro Santiváñez, en la cartera del Interior, cuestionado no solo por su gestión de la seguridad, sino también por asuntos personales, como los audios con 'Culebra', la desactivación de la Diviac, entre otros, que afectan su legitimidad.

Susel Paredes: "Pueden declarar estado de emergencia todos los distritos del Perú, pero no va a funcionar"

Por su parte, la congresista y experta en seguridad ciudadana, Susel Paredes, criticó también la declaratoria de estado de emergencia en el Perú, calificándola de inefectiva y mal orientada. Según la parlamentaria, incluso si se aplicara a todos los distritos del país, la medida no tendría el efecto deseado debido a la falta de recursos y personal adecuado.

Declarar estado de emergencia sin aumentar el presupuesto ni el personal necesario es insuficiente, y hasta ahora no ha funcionado en ningún lugar", afirmó Paredes. "Pueden declarar estado de emergencia todos los distritos del Perú y no va a cambiar nada. ¿Qué evidencias tenemos de que las Fuerzas Armadas hayan servido para la lucha contra la criminalidad? En la pandemia tuvimos piquetes; las FF.AA. no pueden pedir DNI, no pueden detener; su función es apoyar a la PNP y no pueden disparar. La última vez que dispararon, mataron a peruanos, lo que produjo ejecuciones extrajudiciales por las cuales, seguramente, Dina Boluarte irá presa. Entonces, cada uno debe enfocarse en su especialidad", añadió.

Además, Paredes se refirió a los incidentes en los que miembros de las FF.AA. han estado involucrados en ejecuciones extrajudiciales, un tema que ha generado controversia y cuestionamientos hacia la presidenta Dina Boluarte. "Las FF.AA. deben enfocarse en la seguridad de las fronteras, que es algo realmente dentro de su campo de acción", explicó, mencionando que ha propuesto un proyecto de ley (PL) al respecto.

La congresista también cuestionó la creación de un nuevo grupo especial de policías para combatir la extorsión, señalando que ya existe una unidad dedicada a ello y que simplemente se estarían redistribuyendo recursos de un área a otra, despojando a algunas para vestir a otras.

“El ministro Santiváñez ha presentado un grupo especial de policías para combatir la extorsión cuando ya existe una unidad para extorsión y secuestros. Va a designar a una cantidad de policías, pero para ponerlos en este nuevo grupo tendrán que sacarlos de otro lado. Entonces, ¿a qué santo han desvestido para asignar estos efectivos a esta supuesta nueva unidad?", agregó.

Finalmente, Paredes criticó la aparente contradicción en las políticas de seguridad del gobierno, vinculándolas con acuerdos políticos entre partidos con líderes acusados de crimen organizado, como Perú Libre y Fuerza Popular. Asimismo, subrayó la necesidad de derogar leyes que, a su juicio, favorecen a los delincuentes, mencionando que su bancada, junto con Ruth Luque, ya ha presentado un proyecto con ese fin.

Ruth Luque: "Se tienen que derogar todas las leyes a favor de la delincuencia"

Por otro lado, la congresista Ruth Luque ha destacado la urgencia de abordar la inseguridad en Perú con medidas más contundentes y bien orientadas. Luque criticó duramente las recientes acciones del gobierno debido a que son tardías e insuficientes, y demandó la derogación de todas las leyes que actualmente favorecen la delincuencia.

"Las medidas anunciadas no solucionan el problema de fondo que viene afectando y costando vidas en todo el país", afirmó Luque, refiriéndose a incidentes violentos recientes, incluido el asesinato de un líder de construcción civil. La situación, según ella, es extremadamente grave y requiere de una intervención gubernamental más efectiva.

Luque propuso tres acciones clave para mejorar la seguridad: la primera es la derogación de leyes que impiden una actuación eficaz y rápida de las autoridades contra la delincuencia. La segunda medida es una reforma interna de la Policía Nacional del Perú, organismo que, en su opinión, ha demostrado ser ineficaz en combatir la criminalidad persistente, especialmente en el sector transporte, donde los delitos han sido una constante durante años sin una respuesta adecuada.

Finalmente, la tercera, subrayó la necesidad de una mayor inteligencia policial y un diálogo directo entre el gobierno y los sectores más afectados por la violencia, incluyendo las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables fuera de Lima. "Necesitamos una estrategia de seguridad integral que realmente proteja a nuestros ciudadanos", concluyó.