Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Rosselli Amuruz por presuntas contrataciones irregulares

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz por ser presunta instigadora del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

"Los hechos imputados están referidos a que la investigada habría intervenido en la contratación de Alejandra García Oviedo, Erick Alexander Enrique Tirado y Angie De Glady Gómez Acosta, en el Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República", señala el comunicado del Ministerio Público.

La investigación inició en noviembre del 2023 cuando, a raíz de una investigación periodística, se alertó que la parlamentaria había gestionado la contratación de personas allegadas a su pareja el exparlamentario Paúl García.

Respecto a los puestos, se identificó que la hermana de García estaba trabajando en el Área de Calidad Legislativa del Congreso. En tanto, Erick Alexander Enrique Tirado y Angie Gómez Acosta, laboraban en los cargos de auxiliar y técnico respectivamente en la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

A las indagaciones preliminares le siguió un proceso que se extendió hasta julio de este año, fecha en la que se presentó la denuncia constitucional, luego de que Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo para que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.

Esto provocó la reacción de la defensa de Amuruz, la abogada Giulliana Loza, quien indicó: “Aquí estamos hablando de un proceso simple, vale decir, aquel en el cual legislativa y jurisprudencialmente el tiempo máximo por el cual una persona puede estar sometida a diligencias preliminares, no es otro, sino el de 120 días”.

Además, agregó: “No obstante, pese a ello lo que ha venido en el transcurso hasta este momento desde el 23 de octubre del año pasado 2024, a la fecha de esta audiencia, estarían cursando ocho meses y nueve días de investigación preliminar. Vale decir, estamos hablando de 4 meses más 9 días en exceso que demanda fuera del plazo que tenía o tiene habilitado legal y jurisprudencialmente el Ministerio Público”.