Comisión Permanente busca aprobar "Ley de Amnistía" que prescribe delitos de lesa humanidad

La Comisión Permanente del Congreso puso en agenda para mañana, jueves 4 de julio, votar el dictamen que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma.

La iniciativa; impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, quien en ese entonces estaba en Renovación Popular; se aprobó con 60 votos a favor en una primera votación y quedó pendiente su ratificación.

La legislatura terminó y la segunda votación para la norma quedó pendiente, por lo que ahora será la Comisión Permanente quien decida si ratificar o no esta medida.

Cabe señalar, que la propuesta fue cuestionada por el Ministerio Público y por organismos internacionales de derechos humanos, que exhortaron al Congreso a no aprobarla debido a que atenta contra el derecho de justicia y reparación que tienen las víctimas que dejó el periodo de violencia política que vivió el Perú entre los años 1980 - 2000.

En un comunicado conjunto, los Fiscales Especializados en Derechos Humanos rechazaron la iniciativa legislativa y alertaron que si se aprueba alrededor de 600 casos donde se investigan delitos de lesa humanidad serían archivados.

Entre los procesos que aún están en investigación se encuentran Madre Mía, Lurigancho, Barrios Altos, Cabitos 1983, Chuschi, Leonor la Rosa, Putis, Soras, Sobres bomba, Accomarca, entre otros.

Esta iniciativa era parte del paquete de reformas antidemocráticas que el Congreso intentó ratificar antes del cierre de la legislatura, sin embargo, por falta de tiempo no se agendó el tema.

Según el reglamento del Congreso, durante el receso parlamentario, las leyes las aprueba la Comisión Permanente, con el voto favorable de por lo menos los tres quintos del número legal de sus miembros.

Corte IDH requiere dejar sin efecto "Ley de Amnistía"

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano dejar sin efecto al proyecto de ley que propone la prescripción de los procesos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002.

Esta disposición viene como parte de las medidas provisionales otorgadas a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta solicitadas a raíz de la "Ley de Amnistía" que el Congreso buscaba aprobar.

El tribunal supranacional requirió al Perú “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

Este requerimiento implica que en caso la Comisión Permanente ratifique la "Ley de Amnistía" el Ejecutivo observe la norma para que esta no entre en vigencia, y el Poder Judicial no llegue a ejecutarla.