¿Las organizaciones criminales tendrían candidatos el 2026?
Peligro. Esta semana, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió que las organizaciones criminales tendrán candidatos en las elecciones generales del 2026, y que lo harán financiando sus campañas electorales. Distintas voces coinciden en señalar que el Congreso ha consolidado el camino para que esto suceda.
“Más que un riesgo, esto es una amenaza real”
Daniel Abugattás, expresidente del Congreso
Más que riesgo, debemos hablar de una amenaza real, de entender que el país está siendo gobernado y manejado por bandas criminales. Tanto es así que los principales partidos: Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación, Avanza Perú, Podemos, Acción Popular, Alianza para el Progreso, se han convertido en bandas criminales y han tenido el desparpajo de hacer una norma por la cual han convertido en organismos intocables sus bandas criminales. Eso no lo ha logrado ni la mafia siciliana ni la mafia neoyorquina.
Lo que estamos viviendo es una situación muy grave de destrucción de las instituciones, a tal punto que estamos oyendo al presidente del Poder Judicial que tambalea ante la amenaza que está frente a él.
Creo que la única forma de revertirlo es con un golpe ciudadano; es decir, un golpe de moralidad, un golpe ético. Lamentablemente, la mayoría de los partidos son bandas criminales o clubes familiares o de amigos, no hay un espacio de participación ciudadana, salvo que aparezca un liderazgo a último momento que ejecute los cambios que necesariamente deben ser disruptivos.
“Debilitan el panorama que ya de por sí era permeable”
Ana María Vidal, abogada
Hablado en términos legales, lo que se ha dado ahora es una disminución aún más grande de la capacidad de competencia del JNE, están cambiando las reglas electorales. Es notorio lo que está haciendo este Congreso para permitir que representantes de economías ilegales entren a los puestos de elección popular.
Lo que se viene haciendo con todas estas reformas legislativas expresa que el hecho de tener un membrete de partido político y una inscripción como tal genera un blindaje para todas las economías ilegales que quieran entrar al Congreso o a otros puestos de elección popular.
Se está debilitando bastante el panorama que ya de por sí era permeable, dejaba entrar intereses de economías ilegales con estas leyes que favorecen la deforestación en la Amazonía, que favorecen al transporte informal de colectivos, así como a la minería ilegal.
Las modificaciones legislativas facilitan el ingreso de este tipo de candidatos, se hace muy peligroso y pudiera pasar que ya no haya marcha atrás. Todavía estamos ad portas de salvar un sistema democrático y entren verdaderos representantes de la ciudadanía y no representantes de mafias y economías ilegales.
“En un país descompuesto hay muchas puertas de entrada”
Eduardo Ballón, antropólogo
Hay que precisar qué son organizaciones criminales. Si hay representantes de este Gobierno, que tiene 49 muertos y gran cantidad de heridos, podríamos hablar de una forma de organización criminal. Si se presentan gentes vinculadas a la minería ilegal o a la trata de personas, estaríamos hablando de otra organización criminal. Y si hay gentes vinculadas en algún momento a Sendero Luminoso, también.
En un país tan descompuesto como el nuestro, las puertas de entrada son muchas. En ese sentido, el riesgo va a existir, y frente a ese riesgo el desplome del Estado que tenemos y la presencia de gentes con vinculaciones y comportamientos que, en genérico, podemos denominar organizaciones criminales.
PUEDES VER: Dina Boluarte: “¿Qué tema personal tiene el coronel Harvey Colchado conmigo o mi familia?”
Tenemos una sociedad fragmentada, un sistema político roto y en ese contexto, en el plazo mediato, ni desde el sistema político ni desde la sociedad vamos a encontrar respuestas satisfactorias. Sin embargo, el camino pasa por la construcción de una coalición plural alrededor de puntos fijos que responda a este avasallamiento del parlamentarismo autoritario de las economías delictivas a las que estamos asistiendo.
“Hoy mismo en el Congreso opera una representación”
Mirtha Vásquez, expresidenta de la PCM
En este momento tenemos evidencias de que las organizaciones criminales se pueden introducir estratégicamente en la política, porque hemos visto la flexibilización no solo de requisitos para formar partidos, sino esta eliminación de la posibilidad de que se les pueda investigar por organización criminal. Eso incentiva a que se pueda introducir, de manera muy solapada, gente que quiere estar en el poder para asegurar impunidad mediante la manipulación de normas.
Entonces, el riesgo ha crecido por todas las modificaciones que este Congreso ha generado y hoy más que nunca tenemos la posibilidad de que los partidos al margen de la ley sean vehículos que estas organizaciones usen para ocupar cargos públicos y aseguren sus actividades ilícitas.
PUEDES VER: Fiscal suprema Delia Espinoza pide la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación por 36 meses
Hoy mismo en el Congreso opera la representación de organizaciones que pueden estar al margen de la ley como los mineros informales.
El panorama es muy grave, difícil de revertir. Creo que en las próximas elecciones va a ser complicado tener representantes de mejor calidad, pero la sociedad civil tiene que lograr progresivamente una reforma.
“Esto debe preocupar a la ciudadanía”
Samuel Rotta, director de Proética
Es muy preocupante el riesgo de que participen representantes de organizaciones criminales en las elecciones del 2026. Sin embargo, no parece un fenómeno nuevo. Recordemos casos de congresistas vinculados a minería ilegal o tala ilegal, o de alcaldes detenidos en megaoperativos investigados por tráfico de tierras, entre otros delitos.
PUEDES VER: Dina Boluarte: así votaron las 8 bancadas que blindaron a la presidenta en vacancia presidencial
Esto debiera despertar la preocupación de la ciudadanía por buscar y respaldar candidaturas libres de cuestionamientos, así como diligentes y transparentes en el manejo de sus finanzas de campaña.
Asimismo, debiera ser una exigencia a las autoridades judiciales para atender con prioridad los casos emblemáticos de gran corrupción. No se entiende, por ejemplo, por qué no hay una decisión del propio Poder Judicial para disponer salas dedicadas a estos, como el caso Lava Jato.
