Nelson Shack: entre mayo y junio deberían terminar investigaciones contra Boluarte por caso Rolex
La jefa de Estado se encuentra involucrada en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en relación con los relojes que recibió de Wilfredo Oscorima.
El contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que entre el mes de mayo y junio se conocerán los resultados de las investigaciones que realizó la Contraloría sobre el caso Rolex que involucra a la presidenta Dina Boluarte. Además, señaló que se viene siguiendo la ruta del dinero desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta el Gobierno Regional de Ayacucho a cargo de la autoridad edil Wilfredo Oscorima.
“La Contraloría debería en este mes de mayo terminar sus investigaciones respecto al caso de las declaraciones juradas de bienes y rentas e intereses de la señora presidenta, así como el tema de los Rolex y las otras joyas. Hay que dejar que los auditores que gozan de total autonomía e independencia terminen su trabajo. Por lo general, tardan un promedio de dos meses”, declaró desde el Congreso.
Dina Boluarte declaró a Fiscalía por caso Rolex
A inicios de abril, la presidenta Dina Boluarte acudió a la sede principal de la Fiscalía de la Nación, en el Cercado de Lima, para rendir su declaración testimonial por más de cinco horas sobre el origen de los relojes de la marca Rolex y otras joyas que ha lucido durante eventos oficiales.
La diligencia que formó parte de la investigación preliminar que afronta la mandataria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito inició a las 08.30 a. m. y fue presidida por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Tras ello, se retiró resguardada por un fuerte cordón policial.
Contralor Nelson Shack reportó reglaje
El último domingo 5 de mayo, La República informó que miembros del equipo de seguridad del contralor general de la República, Nelson Shack, detectaron la presencia de personas extrañas. Desde dos vehículos estacionados cerca de su residencia, en el distrito de La Molina, vigilaban los movimientos de la autoridad. También divisaron un dron, aparentemente operado por los mismos sujetos, que tomaba vistas de la vivienda ubicada en la calle Lido. Cuando los agentes verificaron las placas de los automóviles sospechosos, detectaron que estaban a nombre de una empresa vinculada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de la Contraloría emitió un informe en el que detalla el incidente, registrado el 24 de octubre de 2023, desconocido hasta la publicación del reportaje. Se indica que las placas de los vehículos sorprendidos cerca del inmueble de Shack, CBY-270 y CBX-473, pertenecen a la compañía Negocios y Servicios de Alquiler S. A. C. Esta firma está bajo control de Walter de La Torre Cueto, funcionario de Contrainteligencia de la DINI.
Según las fuentes con conocimiento directo del caso, el contralor Nelson Shack informó del grave caso al ex primer ministro Alberto Otárola, ya que, como se ha indicado, la DINI es un organismo subordinado a la PCM. Sin embargo, Otárola se fue del Gobierno sin haber esclarecido el caso. Este diario solicitó a Otárola, por intermedio de su abogada Grace Fernández Ortega, si es que solicitó a la DINI una explicación de por qué supuestos agentes de inteligencia vigilaban al contralor Shack, mas no se obtuvo respuesta.
Al conocer el caso de espionaje, La República hizo un seguimiento investigativo para determinar el origen de la operación contra Nelson Shack. Consultó con fuentes de la DINI durante la gestión del exdirector, general PNP (r) Roger Arista Perea —en cuyo mandato se produjo el incidente—, y del actual director, Luis García Barrionuevo, quien asumió el 21 de enero de este año. Las fuentes coincidieron en señalar que, efectivamente, los vehículos mencionados son de la DINI.
No obstante, precisaron que, en el momento en que las unidades fueron sorprendidas en los alrededores de la residencia de Nelson Shack, se encontraban asignadas a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin), dependiente del comandante general de la PNP.
En tanto, desde la Procuraduría General del Estado emitieron un comunicado —el último domingo 5 de mayo—, en el que anunció acciones inmediatas a raíz de un reportaje periodístico: “La Procuraduría se encuentra recabando información, a fin de determinar los presuntos delitos en los que estarían involucrados diversos funcionarios públicos, quienes habrían utilizado, de forma irregular, bienes y recursos del Estado”.
