La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes 6 de mayo la declaración de procedencia de la denuncia contra el congresista de Acción Popular Darwin Espinoza. Al legislador se le acusa de obligar al personal de su despacho en el Congreso a recolectar firmas para la creación de su propio parido, Movimiento Regional Adelante Áncash. De esta manera, Espinoza estaría usando los recursos del Estado peruano para intereses personales. El hecho fue revelado por el programa periodístico 'Punto final'.
En el informe de calificación n.º 172-2023-2024/CEP-CR se mencionan las imputaciones contra Espinoza, como la vulneración de los artículos primero, segundo y tercero del Código de Ética del Parlamento. Es así que, este lunes 6 de mayo, dicha comisión debatirá la propuesta de procedencia de denuncia en su contra.
El mencionado documento dice: "Un informe periodístico emitido en el programa 'Punto final', emitido el día 14 de abril de 2024, que señala que el congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas realiza actividades ajenas a su labor parlamentaria, con la finalidad de recabar firmas para el Movimiento Regional Adelante Áncash, cuyo kit fue adquirido por el hermano del citado parlamentario. Para dicho fin, se estaría usando a los trabajadores de su despacho, así como los bienes del Estado destinados al trabajo parlamentario; ello representaría el uso indebido de los recursos humanos, económicos y bienes del Congreso de la República.
El informe de calificación refiere el reportaje periodístico de Latina; sin embargo, evalúa también los antecedentes, imputaciones, la investigación preliminar y demás criterios en torno a los cuestionamientos contra el parlamentario acciopopulista. Dentro de la indagación preliminar se precisa lo siguiente:
La Fiscalía llevó a cabo diligencias en la oficina del congresista Darwin Espinoza el 16 de abril de 2024, como parte de una investigación preliminar sobre el presunto uso indebido de recursos públicos para actividades partidarias. La intervención tuvo lugar en su oficina, ubicada en el edificio Fernando Belaunde Terry del Congreso de la República.
Estas diligencias se relacionan con denuncias sobre la utilización de recursos humanos y logísticos, específicamente para actividades que no forman parte de las funciones parlamentarias. La Procuraduría General solicitó al Ministerio Público iniciar estas investigaciones preliminares contra Espinoza con el argumento de la posible comisión de delitos contra la administración pública en forma de concusión y peculado de uso.
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Además del caso relacionado con el uso de recursos del Congreso para fines partidarios, Darwin Espinoza está implicado en otro escándalo conocido como el caso Los Niños. Este involucra a un grupo de congresistas que presuntamente intercambiaron apoyo político al entonces presidente Pedro Castillo por contratos públicos y la colocación de funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Espinoza ha sido señalado como uno de los integrantes de este grupo, que, según la Fiscalía, habría recibido beneficios ilícitos a través del direccionamiento de licitaciones y el tráfico de influencias.
En respuesta a las acusaciones, Espinoza ha negado ser parte de una organización criminal y ha calificado las imputaciones como una persecución política. Sin embargo, tiene una orden de impedimento de salida del país mientras se investigan las acusaciones de tráfico de influencias y otros posibles delitos relacionados con el caso.