El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley dictará impedimento de salida del país a la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides Vargas, en las investigaciones en por presuntos actos ilícitos en su gestión al frente del Ministerio Público, según fuentes judiciales.
Checkley evaluó este lunes, 29 de abril, el pedido de la fiscalía para ordenar un impedimento para viajar al exterior a Benavides por 36 meses. La audiencia pública contó con la participación del fiscal supremo adjunto Marcial Páucar, el abogado defensor Christian Salas Beteta y el procurador Fredy Betaglio Vizcarra.
Luego de escucharlos, el juez informó que notificará su decisión a las casillas de los abogados.
Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria
Juan Carlos Checkley está casi obligado a acceder al pedido de la fiscalía. De no hacerlo, se podría convertir en sospechoso y, ya tiene una investigación disciplinaria en la Junta Nacional de Justicia, en torno al caso de la fiscal de la Nación suspendida.
Un testigo protegido y un aspirante a colaborador eficaz declararon que Benavides buscó ayuda en el Juzgado de Investigación Preparatoria y la Corte Suprema para exculpar a su hermana, la jueza Enma Benavides.
Si eso no fuera suficiente. Los alegatos del fiscal Marcial Páucar fueron contundentes para fundamentar la necesidad de imponer a Benavides la restricción a su libertad de movimiento, a fin de garantizar que se someta a la investigación y no busque ocultarse en el extranjero.
Marcial Páucar, fiscal supremo adjunto
Benavides enfrenta seis cargos penales por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, entre otros, que se habrían cometido en el tiempo en que se desempeñó como fiscal de la Nación, de julio de 2022 hasta el 07 de diciembre de 2023.
Las declaraciones de los testigos directos, testigos protegidos y un aspirante a colaborador eficaz son claras y coherentes sobre las acciones desarrolladas por Patricia Benavides para lograr el control del Ministerio Público, con el objetivo de salvar a su hermana, la jueza Enma Benavides.
Christian Salas, abogado de Patricia Benavides
Patricia Benavides, dijo el fiscal, buscó el apoyo del Congreso para afianzar su control sobre el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, para lo cual canjeó favores con congresistas, políticos y abogados en acuerdos ilegales, en donde ella propiciaba el archivo de investigaciones en curso contra los complotados o sus allegados, a cambio de respaldo político.
Con ese canje de favores, logró la inhabilitación de la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos y su retiró de la Junta de Fiscales Supremos. Luego, el cese y reemplazo de la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana Enma, por un fiscal supremo provisional, Uriel Terán.
El nuevo fiscal a cargo de dicha investigación concluyó el proceso y solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que lo archive, pues, dijo, que no había encontrado evidencias de delito alguno.
Páucar subrayó que Benavides no colabora con las investigaciones y las obstruye con medidas cautelares. Precisó que desde el 25 de enero de 2024, la fiscal de la Nación suspendida y sus abogados ponen diferentes excusas para no entregar el o los equipos celulares que utilizó como fiscal.
Además, que días después que la Junta Nacional de Justicia la suspendió como fiscal de la Nación, el 20 de diciembre del 2023, Benavides constituyó patrimonio familiar sobre un bien inmueble a favor de sus hijas menores, con el objetivo de protegerse ante un posible embargo.
Patricia Benavides clama inocencia
A su turno, el abogado defensor Christian Salas señaló que la fiscalía no tiene evidencias concretas de que Benavides sea la cabecilla de una organización criminal que operaba al interior del Ministerio Público y que algunos testigos son de opinión, no de hechos concretos.
Anotó que es poco probable que el Congreso de la República apruebe la acusación constitucional que la fiscalía presente contra Benavides y que, al contrario, existe una alta probabilidad de que, en 36 días, ella retorne al Ministerio Público.
Enfatizó que es por la falta de elementos de prueba contundentes es que hasta hoy la Junta Nacional de Justicia no puede decidir la destitución de Patricia Benavides. La audiencia pública para decidir la destitución se realizó el jueves, 18 de abril.
Por su parte, Patricia Benavides insistió en su inocencia y señaló que no se corre de las investigaciones pero que reclama un proceso imparcial y objetivo que respete el debido proceso.
La investigación preliminar a Patricia Benavides continuará de manera independiente de lo que decida el juez supremo de investigación preparatoria y/o la Junta Nacional de Justicia y, a la larga, de la eventual protección del Congreso.