Informes de Amnistía Internacional y EE. UU. exponen retroceso del Perú en DDHH
Preocupación. Reportes de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos indican que no ha habido avances en las investigaciones sobre muertes por la crisis social que empezó en diciembre de 2022 y prosiguió en 2023. Se refieren a la impunidad. Hay otros derechos no respetados.
Informes de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el 2023 evidencian que el país ha retrocedido en el respeto a estos principios.
Amnistía Internacional señala que, en el contexto de la crisis social y política que empezó en 2022 y prosiguió en 2023, las autoridades debilitaron instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, lo cual ponía en peligro los derechos humanos. Menciona que las protestas sociales fueron respondidas por las autoridades con fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal, que ocasionó la muerte de 50 personas y centenares de heridos.
“Los cuerpos de seguridad emplearon fuerza ilegítima, con un sesgo racista, especialmente contra los pueblos indígenas, y efectuaron al menos 20 posibles ejecuciones extrajudiciales”, precisa el documento.
PUEDES VER: Consigna del Alto Mando PNP fue: “Ya tenemos a Colchado, ahora le toca a todo el equipo”
También refiere que estos hechos continúan impunes, así como los asesinatos de defensores ambientales. Señala que hay una indefensión en que se encuentran las personas que defienden el medio ambiente y que se manifiesta en la muerte de cuatro de ellos el 2023: Cristino Melchor Flores, Santiago Contoricón, Quinto Inuma y Benjamín Flores.
En cuanto a la violación del derecho a justicia, Amnistía Internacional indica que en diciembre el Tribunal Constitucional ordenó la libertad de Alberto Fujimori haciendo caso omiso a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohibía su excarcelación.
En EE. UU.
En tanto, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos en Perú en 2023 indica que, a pesar de las investigaciones abiertas por la Fiscalía General sobre la violencia con que fueron reprimidas las protestas sociales, hasta el 12 de octubre, las autoridades no habían publicado ningún hallazgo, tampoco identificaron a ningún sujeto más allá de la presidenta de la República y el primer ministro de entonces.
“La impunidad era un problema importante en las fuerzas de seguridad. La falta de repercusiones por los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas políticas en noviembre de 2020 y entre diciembre de 2022 y febrero aumentó la preocupación pública sobre la rendición de cuentas. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que las autoridades ralentizaron deliberadamente las investigaciones para disminuir el interés público en el resultado”, se anota en el documento.
Este informe también se refiere a la corrupción en el Gobierno. Alude que la ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios; sin embargo, el Gobierno no siempre implementó la ley de manera efectiva, aun cuando durante el año hubo numerosos informes de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, incluso en los niveles más altos.
Y respecto a los derechos laborales, el documento dice que el Gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley sobre libertad de asociación, negociación colectiva u otras leyes laborales.
PUEDES VER: En operación Valkiria, detienen al abogado José Luis Castillo Alva y dos ex asesores de Patricia Benavides
En consecuencia, los trabajadores tuvieron que enfrentarse a procesos administrativos y judiciales prolongados y a la inaplicación de la ley tras ser despedidos por hacer actividad sindical.
Acoso contra autoridades electorales
El Departamento de Estado de EE. UU. dijo que las autoridades electorales fueron objeto de amenazas de muerte e intimidación por partidarios de las acusaciones de fraude electoral.
Mencionó que, hasta el 18 de setiembre, el JNE había presentado 16 denuncias policiales basadas en llamados a violencia y amenazas de muerte contra su presidente, Jorge Luis Salas Arenas.
De ahí que, en julio, la CIDH ordenara al Estado proteger la vida de Salas Arenas y su familia.