Acción Popular: los polémicos proyectos de la bancada dirigida por Darwin Espinoza
La elección de Darwin Espinoza como vocero de AP generó la protesta y posterior renuncia de 8 congresistas de Acción Popular.
La bancada de Acción Popular inició el periodo 2021-2026 con divergencias entre dos facciones, una de ellas liderada por María del Carmen Alva y otra por el grupo denominado ‘Los Niños’, el cual habría servido como soporte al Gobierno de Pedro Castillo frente a las mociones de vacancia que se presentaban. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, estos votaban en contra a cambio de ser favorecidos con obras para sus regiones. Esto se mantuvo hasta agosto del 2023, cuando la vocería dejada por José Arriola Tueros pasó a ser ocupada por Darwin Espinoza, decisión que abrió las puertas a la diáspora acciopopulista.
El anuncio de que Darwin Espinoza asumiría la vocería de Acción Popular llegó acompañada de la renuncia de María del Carmen Alva, la expresidenta del Congreso, fue la primera en dar un paso al costado. Sus diferencias con Espinoza eran públicas, en más de una oportunidad discreparon púbica y en la interna de la bancada. Le siguieron sus pasos Ilich López, Silvia Monteza Facho, Edwin Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Morí, José Arriola Tueros y Carlos Enrique Alva.
Silvia Monteza consideró que elegir como vocero a un implicado en el caso ‘Los Niños’ fue la “gota que rebalsó el vaso”, además de demostrar incoherencia con la dirección y los objetivos planteados. Con ello, la bancada perdió las presidencias de las comisiones ordinarias de Ciencia y Producción al reducirse considerablemente su número de integrantes.
Proyectos de Acción Popular que generan preocupación
El parlamentario Wilson Soto impulsa un proyecto de ley que propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para restablecer la inmunidad parlamentaria. A través de su iniciativa n.º 5652/2023-CR se busca establecer nuevamente esta prerrogativa eliminada en el 2021 a través de una reforma constitucional, producto de un intenso debate sobre la mala utilización de esta herramienta —amparada en la Carta Magna— con fines de impunidad.
Actualmente, el tema aún se encuentra a nivel de la Comisión de Constitución y Reglamento, a la espera de que culmine la discusión y pueda votarse el predictamen. Al respecto, la no agrupada María del Carmen Alva sugirió que “no es el momento” para impulsar una iniciativa de este tipo y cuestionó que la propuesta venga de legisladores de Acción Popular investigados por el caso ‘Los Niños’.
En marzo del 2024, el congresista Luis Cordero Jon Tay —incorporado a Acción Popular, tras su salida de la disuelta bancada Unidad y Diálogo— presentó un proyecto de ley que establece sancionar a los fiscales a cargo de una investigación por las filtraciones de las declaraciones de los colaboradores eficaces.
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Con la iniciativa legislativa n.º 748/2023-CR, se plantea la modificación de los artículos 472,473, 475 y 476 del Nuevo Código Procesal Penal. Se establece que, de producirse alguna filtración se iniciará de oficio un proceso disciplinario correspondiente a los fiscales o servidores públicos a cargo, con la finalidad de “garantizar la vigencia del principio de reserva del proceso especial de colaboración eficaz y optimizar su aplicabilidad”. Esto fue calificada como una nueva ‘ley mordaza’ impulsada por este Congreso.
En enero, Darwin Espinoza planteó la iniciativa 6918/2023-CR para permitir que los congresistas puedan postular en las elecciones regionales y municipales. “Se plantea “adecuar la normativa electoral en aplicación del derecho constitucional de elegir y ser elegido”. Esto permitirá que los legisladores puedan postilar como alcaldes o gobernadores regionales, siempre y cuando sus mandatos concluyan el mismo año que se desarrollan los comicios ediles.
Proyectos vinculados a las contrataciones con el Estado
A mediados de abril, Darwin Espinoza presentó una iniciativa —a través del proyecto de ley n.° 07575— que tiene como finalidad flexibilizar el impedimento que tienen los familiares de los funcionarios públicos para contratar con el Estado. Actualmente, esto se encuentra regulado en el artículo 11 de la ley n.° 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual sería modificada.
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Actualmente, se prohíbe expresamente que las entidades públicas contraten —bajo la modalidad de locación de servicios— a personal destinado a cubrir puestos o realizar funciones permanentes o no permanentes a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad con el objetivo de evitar la desnaturalización de la relación laboral y garantizar el derecho de los trabajadores en todas las entidades del sector público.
A inicios del mismo mes, varios congresistas acciopopulistas promovieron un proyecto de ley que busca impedir a los periodistas y a sus familiares de hasta segundo grado de consanguinidad contratar con el Estado peruano. Dichos parlamentarios señalan que buscan "transparentar el ejercicio del periodismo en el Perú".
Asimismo, precisan que tratan de "evitar beneficios indebidos a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita, estableciendo también prohibiciones a los cónyuges convivientes o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, como a las empresas jurídicas en las cuales estos pueden formar parte como socios, accionistas, representantes legales y gerentes".
