Beatriz Ramírez Huaroto: “Tenemos un Parlamento superfuerte con un régimen presidencial de adorno”

—¿La sentencia del TC en qué situación deja al Ejecutivo frente al Legislativo?

—Lo que ha pasado es que a propósito de denegar el habeas corpus de la defensa de Pedro Castillo, lo que ha hecho –indebidamente– el TC es convalidar la actuación de este y anteriores Congresos sobre la aplicación de la vacancia por incapacidad moral. Esto se remonta a la salida de Alberto Fujimori, que presentó una renuncia y el Congreso decidió que no se le aceptaría. En lugar de declarar su vacancia por hechos objetivos, como haberse ido del país y renunciar, se optó por un tema político, interpretar la vacancia por incapacidad moral como incapacidad ética. Y nos metimos en un problema. En ese momento todos aplaudieron.

—Nadie previó lo que vendría.

—Exactamente. Y el problema nos ha estado persiguiendo. En otros gobiernos se había intentado plasmar esa vacancia por incapacidad moral entendida como incapacidad ética, pero no había mayoría. ¿Cuándo sí la hubo? El 2016. Esa vez sí hubo votos. Este fallo del TC lo que hace es respaldar la interpretación de que el Congreso puede interpretar y valorar políticamente qué es incapacidad moral en un momento determinado. El único límite que tenemos es bien obvio: que tiene que haber razonabilidad y debido proceso.

—¿Bastaría que un presidente vaya con su abogado al Pleno?

—Todos sabemos que los votos ya están previamente decididos. Y lo de la estricta razonabilidad se la pasan por alto.

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—El TC establece en su sentencia: “Su interpretación en el caso concreto (de la vacancia) está conexionada con la ideología política y cultural que prevalece en un contexto histórico específico”. ¿El Congreso podría vacar a un presidente si contraviene su ideología política? ¿Eso está diciendo?

—Así es. Tal cual. No importa nada el candado del debido procedimiento ni de la razonabilidad. En el fondo es si tienes los votos y chau. Esto deja muy desprotegidas a las figuras presidenciales. Tengo un colega, Juan Carlos Díaz Colchado, que dice que la presidencia está más desprotegida que un trabajador del régimen público. Yo añado: o del régimen privado. Un trabajador para ser sancionado y botado del trabajo tiene más garantías que alguien que ejerce la presidencia. Te puede caer bien o mal quien gane las elecciones, pero algo está institucionalmente mal si es más fácil botar a alguien a quien has elegido que cualquier otro trabajador.

—¿Es verdad que el TC no tenía por qué haber dado esta valoración?

—Correcto. Castillo pidió la anulación de todo: la detención, la vacancia, la inhabilitación, el paquete completo. Pero con un habeas corpus, que fue lo que la defensa presentó, solo puedes impugnar derechos vinculados a la libertad personal. El TC, con corrección en ese punto, empieza su sentencia diciendo que ni la inhabilitación ni la vacancia estaban relacionadas con la libertad de Castillo. Y, sin embargo, termina dando consideraciones jurídicas por asumir que se trata de un asunto de alta trascendencia. El TC anterior sí tuvo directamente un pedido para darle contenido a la vacancia…

—Lo recuerdo. Y no lo hicieron.

—Ya no lo vamos a discutir. Pero sí tenían la legitimidad. En cambio, este párrafo del que hablamos, en estricto, no tenía por qué haber aparecido.

—Claramente, el TC vuelve a jugar a favor del Parlamento.

—No es gratuito. Y eso es lo que hay que señalar. Por eso la sentencia me causa mucha preocupación, en un contexto en el que el Congreso cada vez se hace más y más grande, esto es como decirle que todo lo que ha hecho está superbién y que tienes la máxima discrecionalidad.

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—Cuando el TC hace referencia a cultura, es una puerta abierta para que entre cualquier cosa.

—El fondo es: puedes hacer lo que quieras. La noticia no es solamente que se declaró infundado el habeas corpus, sino también esta consideración que, si bien no era técnicamente necesaria, está ahí, no inocentemente. El único magistrado que se distancia un poco es Monteagudo, que advierte que las cosas ya están lo suficientemente convulsas como para hablar de manera tan abstracta sobre un tema tan importante para el país.

—¿Ya somos un parlamentarismo?

—Hay que mirar el contexto. El 2021 se eliminó en la práctica la cuestión de confianza facultativa. Y el mes pasado se aprobó eliminar la confianza obligatoria, es decir, el voto de investidura. Es decir, esto que vimos recientemente con lo de Adrianzén ya no va a existir. Sin embargo, formalmente la cuestión de confianza sigue en la Constitución. Claro, una cosa es la letra…

—Y otra la práctica real.

—Entonces, ya no hay oportunidad para que el Ejecutivo le haga contrapeso al Congreso. Eso es uno. Y ahora se refuerza el poder de facto que ya tenía el Congreso para comerse al Ejecutivo. ¿Cuál es el sistema de pesos y contrapesos? No importa ya lo que dice la Constitución. En este proceso gradual tenemos una descompensación, para ser bien generosa. El diseño constitucional, si uno lo lee, es presidencial, pero en la práctica se han alterado las reglas de juego. Es un engaño: tenemos un régimen en teoría presidencial que es una fachada mentirosa, que si se mira con atención es en verdad un Congreso hiperinflado y fortalecido y un Ejecutivo que es una pantalla que depende de un sostén.

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—De los vaivenes del Congreso.

—Como una fachada, que depende de que algo la sostenga. Eso es lo que tenemos ahora. Así de precario. En cualquier curso de institucionalidad, en derecho, te venden otra cosa. Pero si empiezas a explicar el funcionamiento real a partir de las reformas legislativas y las sentencias del TC, te das cuenta de que, en verdad, es una fachada. Lo que tenemos es un Parlamento superfuerte con un régimen presidencial de adorno. Lo que más cólera da es que no hemos mirado de verdad lo que está pasando.

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