En una revisión histórica de las gracias presidenciales en Perú realizada por LR Data, se reveló una realidad impactante: Alberto Fujimori lidera la lista de mandatarios con el mayor número de indultos concedidos en el periodo comprendido entre 1994 y 2018.
La política de clemencia ejecutiva, que incluye indultos comunes, conmutaciones, entre otros, se muestra como un reflejo de la discrecionalidad y la dinámica política de cada administración.
Según el estudio 'Perú: Gracias presidenciales concedidas desde el año 2000 al 2018', Fujimori concedió 4.975 gracias presidenciales, de las cuales 4.428 fueron indultos comunes y 547 correspondieron a otras categorías como derecho de gracia. Estos números no solo hablan de la gestión de Fujimori, sino que también plantean preguntas sobre las condiciones y los criterios bajo los cuales se otorgaron estas gracias.
En comparación, los presidentes que le siguieron mantuvieron cifras considerablemente menores. Alan García, durante su mandato de 2006 a 2011, otorgó un total de 5.268 gracias presidenciales, lo que sobrepasa en número total a Fujimori, pero con una menor cantidad de indultos comunes. Por su parte, Ollanta Humala (2011-2016) concedió 3.498, por lo que mantiene la tendencia de una cantidad significativa, pero inferior a la de sus predecesores.
La práctica del indulto, ejercida por el presidente de la República, es un derecho constitucional que tiene una profunda resonancia social y política. El indulto, que busca ser una medida de gracia para casos excepcionales, muchas veces es percibido como un instrumento de justicia flexible, sujeto a las corrientes políticas y sociales de la época.
El caso de Alberto Fujimori es particularmente significativo, dada la complejidad de su gobierno y las circunstancias de su propia condena y posterior indulto, el cual fue anulado, y ello se suma al debate sobre la justicia y el perdón presidencial. Los números resaltan la magnitud del uso de este mecanismo durante su administración, lo que lleva a un análisis crítico sobre las motivaciones y consecuencias de tales decisiones.
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La administración de justicia y la concesión de indultos deben caminar de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas. La lección que dejan estas cifras va más allá de la comparación numérica; es un llamado a la reflexión sobre el poder ejecutivo y su rol en la construcción de un sistema de justicia equitativo y justo para todos los peruanos.
El indulto presidencial, como manifestación del poder de gracia, es una herramienta que debe usarse con prudencia y justicia, siempre buscando el bienestar común y la consolidación del Estado de derecho. A la luz de estos datos, la sociedad peruana y sus líderes deben asegurarse de que cada acto de clemencia se alinee con estos principios fundamentales.