La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el último martes 27 de febrero archivar la denuncia contra Dina Boluarte, el ex primer ministro, Aníbal Torres, y los demás ministros del Gobierno de Pedro Castillo. Esta denuncia constitucional acusaba al gabinete ministerial de buscar incluir el tema de la asamblea constituyente en un proyecto de ley propuesto en 2022.
El documento que declara la inadmisibilidad de la denuncia constitucional número 265 recibió la aprobación de la Subcomisión y concierne igualmente a varios exministros de Castillo, incluyendo a Nicolás Bustamante, Alfonso Chávarry, y otros, vinculados al proyecto legislativo de 2022 que sugería la formación de una asamblea constituyente.
Esta denuncia, presentada por un ciudadano, acusaba a los exministros de haber infringido diversos artículos de la Constitución Política de 1993, incluyendo los artículos 31, 43, 44, 45, 51, 55, 103 y 139, los que —se alegaba— contravenían varios principios constitucionales. Asimismo, se argumentó que esta propuesta de ley violaba principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la no discriminación y los derechos humanos.
PUEDES VER: Samuel Abad: “Lo de la JNJ se trata de un atentado a los principios básicos de una democracia”
No obstante, se concluyó que la presentación de esta propuesta legislativa al Congreso, por sí misma, no constituye en una infracción a los derechos fundamentales; además, la Subcomisión señaló que la acusación no cumplía con el criterio específico de agravio directo estipulado por la ley.
El informe de calificación que declara la improcedencia de la denuncia constitucional 265, aprobado por la Subcomisión, involucraba a otros ministros de Pedro Castillo. Esta era la lista:
Con una baja asistencia de los miembros del Congreso, la Comisión Permanente decidió, mediante 17 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, archivar el informe final relacionado con las denuncias constitucionales 268 y 269. Este informe estaba vinculado a las acusaciones (específicamente en el asunto conocido como caso del Club Apurímac) en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ejercía sus funciones como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante la administración del expresidente Pedro Castillo
“No se evidencia que la denunciada Dina Boluarte, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, haya infringido el artículo 126 de la Constitución Política del Perú, en cuanto a los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento no implicaron en absoluto actos de direccionamiento de la Asociación del Club Departamental Apurímac, sino de formalización de las decisiones adoptadas por esta persona jurídica”, dijo el congresista Edgar Raymundo, encargado de dar lectura a esta decisión en la Comisión Permanente.