Congreso da nuevo paso para destituir e inhabilitar a la Junta Nacional de Justicia

Ayer el Congreso dio un nuevo paso para concretar su golpe contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final del congresista de Unidad y Diálogo Esdras Medina que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a los magistrados de dicha institución.

El informe fue respaldado por los 14 votos a favor de los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Bloque Magisterial y Unidad y Diálogo (ver cuadro).

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El caso parte de una denuncia constitucional formulada en mayo del 2023 por el legislador de Renovación Popular Jorge Montoya, quien afirmó que los magistrados de la JNJ cometieron infracciones a la Constitución al permitir que Inés Tello siga en el cargo pese a haber superado los 75 años de edad.

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El punto de controversia es que la JNJ mantuvo en su función a Tello bajo el argumento de que su ley orgánica contempla ese límite de edad solo cuando se trata de postular a ser magistrado de esta institución y no para evaluar su continuidad.

En cambio, para Renovación Popular, Tello tuvo que ser cesada del cargo de magistrada luego de cumplir los 75 años.

La Subcomisión acogió la denuncia de Montoya y encomendó a Medina la elaboración del informe final. El 15 de diciembre, Medina le envió un pliego de preguntas a Aldo Vásquez, quien fue presidente de la JNJ cuando decidió que su homóloga siga en el cargo, y a la propia Inés Tello.

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El 5 de febrero, el actual presidente de la Junta, Antonio de la Haza, presentó una recusación contra Medina y le pidió a la presidenta de la SAC, Lady Camones, de APP, que lo separe de este caso porque adelantó opinión en las preguntas formuladas en el pliego, con lo cual dejó en evidencia que tenía una postura definida sobre esta controversia antes de presentar su informe.

Medina rechazó la recusación y Camones resolvió en la misma línea defendiendo las afirmaciones del ponente. “No resulta inconstitucional que los miembros de la Subcomisión deslicen hipótesis”, alegó.

Con el informe final aprobado, la acusación será discutida en la Comisión Permanente.

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De recibir luz verde en dicha instancia, pasará al Pleno. En el hemiciclo, basta con que 66 congresistas —restando a los miembros de la Permanente— aprueben la acusación y el Congreso habrá consumado el golpe contra la JNJ.

Varios intentos

Este no ha sido el único intento por defenestrar a los miembros de la JNJ. Hubo otros tres.

En agosto del año pasado, la congresista de Avanza País Patricia Chirinos presentó una moción para investigación sumaria por 14 días para remover a los consejeros por presuntamente haber presionado a la Corte Suprema para que se exprese contra la inhabilitación de Zoraida Ávalos, y también por el caso de la consejera Inés Tello. El Poder Judicial, vía medida cautelar, detuvo ese procedimiento.

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En diciembre, el legislador Esdras Medina presentó una moción para exigir un proceso sumario porque tres congresistas investigados por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no se inhibieron de ver el proceso disciplinario en su contra. No alcanzó los votos en el pleno, pero presentaron un pedido de reconsideración.

Y la tercera moción contra la JNJ se presentó también en diciembre, un día después de la suspensión temporal de la fiscal Patricia Benavides. Fue suscrita por los congresistas Montoya y Alejandro Muñante con el argumento de que no se respetaron las garantías en su caso. Se incluyó en el pleno, pero se postergó la sesión porque dieron pocos días para que la JNJ ejerza su defensa.

JNJ: proceso viciado

Los miembros de la JNJ, a través de un comunicado, denunciaron que el informe votado a propuesta del congresista Medina “está viciado, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre del 2023 votó en la Comisión de Justicia proponiendo la remoción inmediata de los siete miembros, por la misma causa en la que ha intervenido como delegado”.

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Además, recuerda que Medina presentó una moción para remover a sus magistrados tras la suspensión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Es decir, sus acusaciones datan de hace meses y, pese a ello, la SAC lo eligió como delegado para el caso.

“De esta forma se viola el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”, advirtió la JNJ.

La permanencia de los integrantes de esta institución ahora pende de un hilo.

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Blindan a legisladores ‘mochasueldos’

Antes del debate del informe final contra la JNJ, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó enviar al archivo la denuncia constitucional contra la congresista de APP María Acuña por recorte de sueldo.

El delegado que elaboró el informe recomendando no acusarla fue el fujimorista Arturo Alegría, quien minutos después respaldó la destitución de los miembros de la JNJ.

Votaron a favor del informe