Dina Boluarte tenía información confidencial de las investigaciones en su contra

Entre el engaño y la verdad. Una guerra mediática y política sacude al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, el Congreso y el periodismo de investigación. El detonante de este conflicto son las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, como testigo y aspirante a colaborador eficaz, en la investigación a la suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

Las declaraciones de Villanueva ante la fiscal suprema Delia Espinoza se están conociendo de a pocos, lo que mantiene nerviosos a todos. Hasta ahora habría declarado siete veces. Han trascendido a los medios de comunicación sus declaraciones del 24 y 30 de enero. Hasta, ahora no es claro, quien está filtrando estas declaraciones y cual es su motivaciones. La transcripción de las declaraciones de Villanueva las tiene la fiscalía, pero al cabo de cada diligencia la defensa de Patricia Benavides y la procuraduria piden y reciben copias.

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Nada de lo que ha dicho está aun corroborado. Legalmente, tiene que haber dicho solo la verdad y lo que le consta personalmente, pero los interrogatorios suelen ser amplios y los fiscales y los abogados participantes le han dado libertad para que hable de todo lo que vio, supone, cree o que otros personajes le contaron. A partir de allí se verá que es útil y que aspectos pueden ser materia de investigación, de acuerdo con fuentes de la fiscalía.

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Los abogados de Patricia Benavides y los representantes de la procuraduria que participaron en las diligencias no cuestionaron las preguntas de la fiscalía, ni hicieron repreguntas ni pedidos de aclaración. Se limitaron a escuchar y pedir copias al fiscal. Su testimonio será el punto de partida de varias investigaciones.

En tanto, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, pidió copias de esas declaraciones para iniciar investigación en su despacho a los altos funcionarios públicos mencionados por Villanueva en posibles actos ilegales: los congresistas Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Ruth Luque Ibarra, Alejandro Soto, presidente del Congreso; los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; el juez supremo Juan Carlos Checkley y el fiscal superior Rafael Vela Barba.

La fiscal suprema Delia Espinoza deberá definir si inicia otras investigaciones a fiscales y terceros que no gozan de fuero especial, a partir de lo dicho por Villanueva, si estos actos constituyen delito o en la medida que se trate de hechos verificables. Ella está investigando a la suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación Patricia Benavides en relación con la Operación Valkiria V, que realizó la fiscal Marita Barreto con el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

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Operador político

En las dos declaraciones conocidas, Villanueva se ha mostrado selectivo. Ha enfilado sus revelaciones contra Pablo Sánchez, quien el 2018 lo despidió del Ministerio Público, y el fiscal superior Rafael Vela, a quien consideraba su gran amigo y cómplice entrañable y hoy responsabiliza de su detención preventiva en diciembre en el proceso denominado Patricia Benavides y su Cúpula del Poder. Sobre otros personajes, como, por ejemplo, Pedro Chávarry, habla muy poco y de manera positiva.

Es evidente un cálculo político en lo que dice. Es consciente de que su declaración saltará a los medios de comunicación y el público en general, incluso antes de ser corroborada. Hay mucho de cierto en lo que dice, pero también hechos que no se podrán probar o que simplemente son fruto de su especulación, y solo alimentaran el escándalo.

Así, por ejemplo, en su declaración del 24 de enero, Jaime Villanueva declaró que la presidente de la República, Dina Boluarte, recibía información privilegiada de las investigaciones que realizaba el despacho de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a través de su abogado Óscar Nieves Vela.

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Nieves Vela, investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto por su participación en la inscripción irregular del partido político Podemos, se habría acercado a Benavides por medio del fiscal adjunto Marco Huamán.

A través de su relación con Huamán, el vínculo Villanueva con el fiscal superior Rafael Vela, Nieves habría logrado que Boluarte no sea incluida en el caso Los Dinámicos del Centro por lavado de activos, pese a que en la campaña electoral se desempeñó como una especie de contadora del partido.

"En octubre del 2022, Marco Huaman me presenta a Óscar Nieves, almorzamos en un restaurant de parrillas argentinas en la avenida República de Panamá, allí estuvimos Marco Huamán, Óscar Nieves, Miguel Girao y yo. Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella si estaba incluida en la investigación que me referí antes", dice Villanueva.

"Rafael Vela, prosigue el testigo, ya me había comentado que eso estaba por formalizarse y que iban a hacer incluso pedidos de prisión preventiva, entonces ahí lo que me piden en esa reunión, Óscar Nieves es que no la incluyan en ese pedido, en esa formalización y yo hablo con Rafael Vela" y le dice que según Nieves ella sería la próxima presidenta.

"Rafael Vela me indica que le va a decir al fiscal Rojas que era el que llevaba la investigación que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra unos y la deja a ella en investigación premilinar, incluso me dijo mira a llegado información de UIF fuerte contra Dina Boluarte por el tema del Club Apurímac" y que la desacumularían y la tendrían reservada y si en algún momento la hoy presidenta no cumple con algún requerimiento, ya le formalizan investigación.

Villanueva anota que a cambio de esos favores, el fiscal Vela habría pedido que si Boluarte llegaba a la presidencia habilite un código estatal para que se cree un puesto de fiscal supremo, al que el fiscal superior pensaba ser ascendido. De esa reunión, dice Villanueva, le informe a la doctora Benavides. "Ella estaba enterada de todo esto", subraya.

Posteriormente, de nuevo a través de Nieves habría recibido información de la investigación por las muertes durante las protestas luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo. El testigo no precisa qué información reservada habría tenido el abogado.

Fiscal adjunto

El mismo Villanueva es ambivalente sobre la participación del fiscal Marco Huaman en los eventos narrados. Por momentos señala que Huamán no esta al tanto de los negociados con políticos que, dice, planificaban Patricia Benavides, Miguel Girao y el mismo.

"Huaman venía a despachar las carpetas con Benavides y le entregaba la información que ella pedia", mientas que otra oportunidad señaló que cuando él le pedía información directamente a Huamán, este le reclamaba que lo llame Benavides, antes de entregarle nada.

En otros pasajes, Huamán aparece como actor activo de las tratativas irregulares, como en el caso de Nieves. En todo caso, Marco Huamán actuaba como fiscal supremo adjunto, dependiente de Benavides.

La fiscal de la Nación es la que toma las decisiones. "Quisiera precisar, cuando digo que se tomó la decisión de incidir en el Congreso para la inhabilitación de la doctora Zoraida Ávalos, me estoy refiriendo a la doctora Patricia Benavides, a Miguel Girao y a mi persona", dice Villanueva.

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Los hechos narrados por Villanueva requieren otras pruebas y evidencias que demuestren que efectivamente hubo un acto específico de favorecimiento, más allá de la relación amical con un fiscal adjunto. De eso, de la forma de probar lo que cuenta, el testigo no ha hablado.

En otro momento, Jaime Villanueva relata una reunión en la casa de la congresista Ruth Luque con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el asesor de Benavides, Miguel Girao, y a través de una llamada telefónica, el fiscal superior Rafael Vela Barba, con el objetivo de que el fiscal de Lavado de Activos Richard  Rojas Gómez no involucre a Pedro Castillo en la investigación por lavado de activos en el caso de Los Dinámicos del Centro, esto antes de que asuma el gobierno.

El excolaborador de Patricia Benavides señala que en Julio del 2021, cuando Pedro Castillo es proclamado presidente, pero todavía no juramenta, surge la investigación a los aportes de campaña de Perú Libre.

"En ese contexto la congresista Ruth Luque y Miguel Ángel Girado (...) me contactan y me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación" y proponen una reunión en el departamento de la referida parlamentaria, en Pueblo Libre.

Villanueva dice que comunicó ese pedido a Vela, este se excuso de asistir a la reunión en el departamento, pero respondió: "Él me dice que ya, literalmente me dijo ya vamos a dejar que se asiente en el cargo y se comprometió a no incluirlo en la investigación".

Como no podía asistir a la reunión con Cerron, Villanueva le propone que cuando este en el departamento de Ruth Luque, un sábado por la noche, lo llamaría a Vela por teléfono y que le responda.

"Efectivamente llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, habló con él, le referí que ya estamos aquí con Cerrón (él no habla, solo escuchó) y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación", relata Villanueva.

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Lavado de activos

El primero de julio, el fiscal Rojas formalizó investigación por lavado de activos contra dirigentes y militantes de Perú Libre, sin incluir a Pedro Castillo.  El expresidente recién fue incorporado al proceso el 2023, ya vacado.

De acuerdo con Villanueva, en la llamada telefónica, Vela habría estado de acuerdo en que la Fiscalía de Lavado de Activos no incluya en la investigación a ‘Los Dinámicos del Centro’ a Castillo para no entorpecer la asunción a la presidencia, el 28 de julio del 2021.

Según Villanueva, a cambio de ese apoyo, Vela pidió una ley en el Congreso que permitiera a los aspirantes a jueces supremos sumar como tiempo de servicios las labores de fiscal superior y docente universitario, lo que ahora está prohibido.

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La congresista Ruth Luque ha confirmado que esa reunión sí se produjo, aproximadamente en setiembre, pero niega la participación de Vela y algún acuerdo ilícito, pues para esa fecha el caso Los Dinámicos del Centro ya estaba definido.

En tanto, desde la clandestinidad, el prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, confirma todo lo dicho por Villenueva, que habría ocurrido entre junio y julio. “Ha quedado demostrado que el Ministerio Público abrió carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real”, afirmó Cerrón a través de la cuenta social X.

Indica que Ruth Luque lo citó a una reunión con Villanueva y Vela. En esta, Vela habría expresado que quería ayuda para ser fiscal supremo y fiscal de la Nación, a cambio de archivar el caso Los Dinámicos del Centro y Luque pidió cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza.

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“No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al Gobierno a través de estas investigaciones”, afirma Vladimir Cerrón.

Villanueva también ha dicho que llevó a Rafael Vela a una reunión en el Ministerio de Defensa, con el entonces titular de ese portafolio, Juan Carrasco Millones. "Desayunamos en el despacho del ministro Carrasco y allí también se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones", declaró.

El fiscal superior Rafael Vela Barba guarda silencio sobre todos estos temas. Esta citado a declarar ante el despacho de la fiscal Delia Espinoza, el 21 de febrero próximo, en calidad de testigo agraviado. Actualmente, se encontraría fuera del país de vacaciones con su familia.

Elecciones 2021

Jaime Villanueva, sin mostrar evidencias, asegura que Rafael Vela estaba al tanto de todas las discusiones e incidencias al interior del Jurado Nacional de Elecciones durante el complejo proceso electoral del 2021 y que incluso habló de cambiar al representante del Ministerio Público en esa época, Luis Arce Córdova, para garantizar el triunfo de Pedro Castillo.

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Según el testigo, Vela sabía todo eso por intermedio de la jefa de Imagen del Jurado Nacional de Elecciones, Janett Talavera, y que por eso se preocupó cuando intervinieron el teléfono de ella en la investigación del caso Chisac.

Antes de trabajar en el JNE, Talavera trabajó en el Ministerio Público y parece lógico que hable con fiscales y en esas conversaciones pueda haber intercambio de información pública. Las decisiones las toman los miembros del JNE, no la Oficina de Imagen Institucional.

Además, en el denominado caso Chisac, en el teléfono de Talavera no se encontró nada comprometedor, solo información de interés público. Los fiscales saben eso. El caso Chisac está pendiente de definición, al haber terminado la investigación preparatoria. El testigo parece no tener esos detalles.

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Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, afirmó que no ha sostenido “conversación con el señor Vela Barba ni ningún fiscal de ningún nivel o escala sobre la señora Keiko Fujimori o Fuerza Popular u otro partido político o candidata”.

“Jamás intervine en planificar estrategias electorales defraudatorias, ni para favorecer ni para perjudicar a nadie”, subrayó Salas Arenas.

El testigo Jaime Villanueva deberá volver a ser interrogado en las investigaciones que se deriven de sus primeros interrogatorios por parte de la Fiscalía Suprema, momento en el que deberá ampliar conceptos y empezar a mostrar o indicar dónde se pueden encontrar pruebas que ratifiquen lo que ha dicho.

Otros eventos y personajes

Jaime Villanueva también ha dicho que Patricia Benavides y el fiscal supremo Pablo Sánchez intercambiaron favores, en investigaciones a su cargo. La entonces fiscal de la Nación habría archivado una investigación a Sánchez por el caso Chisac y el fiscal supremo archivó una investigación a la hermana de Benavides, Ruth Benavides Vargas.

"Yo recuerdo esto último, porque la doctora Benavides me enseño los proyectos impresos y ella bajo con los proyectos donde el doctor Pablo y me comentó que cada uno iba a firmar los archivos y luego la vi subir con los documentos firmados, ella me enseño los documentos firmados, no recuerdo la fecha, pero fue el año 2023", indica.

El testigo también refiere que Patricia Villanueva le pidió al fiscal Marco Huamán archivar una investigación al hijo de Pablo Sánchez por haber trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones, "a cambio del apoyo de Pablo Sánchez en la Junta de Fiscales Supremos".

Sobre el fiscal superior Elmer Constantino Ríos Luque, coordinador del equipo especial del caso "Cuellos Blancos del Puerto" señala que programó una diligencia en Chiclayo como pretexto para viajar a esa ciudad para convencer a la fiscal superior de Lambayeque, Carmen Miranda que archive una investigación al congresista José Balcazar, por apropiación ilícita. La fiscal Miranda se negó.

Jaime Villanueva insiste que Gustavo Gorriti tenia una activa participación en el equipo especial Lava Jato. "Gustavo era el que básicamente el que diseñaba la estrategia de la investigación, él era el que les decía (a los fiscales) a quienes tenían que interrogar, que tenían que preguntar, donde conseguir la información" y "Gustavo Gorriti fue quien exigió la contratación de este fiscal Lenz, un fiscal suizo por el Ministerio Público, porque se suponía que él iba a decodificar los codinomes"

Igualmente, narra los eventos que precipitaron la abrupta salida del fiscal Hamiltón Castro de dicho grupo de trabajo, en julio de 2018, para ser reemplazado por el fiscal superior Rafael Vela, como coordinador, y el fiscal provincial José Domigo Pérez.

Deja entrever que a cambio de la salida de Hamilton Castro, Rafael Vela apoya al fiscal supremo y fiscal de la Nación, Pedro Chávarry en el Congreso.

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Proceso de colaboración eficaz

Las declaraciones de Jaime Villanueva que han trascendido a la prensa son las que viene realizando en calidad de testigo. Son independientes de las declaraciones que ha dado en su proceso de colaboración eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que dirige la fiscal superior Marita Barreto.

Su declaración en corroboración fiscal, como la testimonial, requiere verificarse con otras evidencias, testimonios, pruebas documentales, videos y fotos para establecer una realidad que pueda sostenerse en un proceso judicial.

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